Francisco Álvarez-Cascos ha acabado con la paciencia de los policías que le protegen. En los últimos meses, los integrantes de la escolta del que fuera vicepresidente y ministro en los Gobiernos de José María Aznar han remitido numerosas 'notas informativas' a sus superiores en la Brigada Central de Escoltas para protestar por el maltrato que les da y, en muchos casos, solicitar ser relevados. El caso ha llegado al Consejo de la Policía, órgano de negociación paritario entre el Ministerio del Interior y los representantes sindicales de los agentes, que en su reunión de personal del pasado 10 de marzo abordó el tema. En ella, la Confederación Española de Policía (CEP) instó a los representantes del departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba 'la retirada absoluta de la protección oficial que se brinda a este personaje'. Una exigencia que, aseguran, han hecho llegar también al protegido y a su partido.

Las quejas sobre el comportamiento del ex vicepresidente con su escolta no son nuevas. Sin embargo, ha sido en los últimos meses cuando éstas se han plasmado en papel de manera masiva. 'Quejas existen desde que ocupaba un puesto en el Ejecutivo, pero entonces los compañeros se limitaban a hacerlas llegar a sus sindicatos, nunca a los mandos, y siempre de modo verbal para evitar ser identificados y sufrir represalias. Ahora, se ha colmado el vaso y las quejas llegan a menudo y por escrito', asegura Ignacio López, secretario general de la CEP.

Público ha tenido acceso a varias de estas notas informativas elaboradas en los últimos meses en las que los agentes relatan algunos de los incidentes protagonizados por Álvarez-Cascos. En una de ellas, los escoltas relatan cómo el pasado 24 de enero, el ex vicepresidente salió de su domicilio a bordo de su vehículo particular y les fue imposible seguirle con el coche oficial tras cometer el político conservador varias infracciones de tráfico. Según la nota, los policías pudieron mantenerse cerca de Álvarez-Cascos 'a duras penas' después de que éste se saltase cinco semáforos en rojo. Al sexto, ocurrido a la altura del número 64 de la calle Santa Engracia, los policías se vieron obligados a detener su automóvil ante el temor de atropellar a los peatones.

Ese mismo día, poco antes de las cuatro de la tarde, Álvarez-Cascos volvió a utilizar su vehículo particular para desplazarse desde su domicilio al Club de Campo de Madrid. De nuevo las notas reflejan cómo el político del PP vuelve a dar esquinazo a su escolta al saltarse otro semáforo en rojo, éste situado en la calle Eloy Gonzalo de la capital. Los policías pusieron en conocimiento de la sala desde la que se controla el trabajo de los escoltas, conocida por el nombre de Titán, la incidencia y que, a la vista de la forma de conducir del político del PP, suponían que éste 'prescindía' de la protección.

No es la única ocasión en que los agentes denuncian que Álvarez-Cascos no respeta el código de circulación. En otro de los escritos se destaca que el ex vicepresidente viaja a menudo en el vehículo oficial con sus dos hijos pequeños, a los que no obliga a utilizar 'ni el cinturón ni la silla' de seguridad reglamentarios. De hecho, el agente asegura que el político conservador 'nunca se coloca el cinturón' y que, por ejemplo, el último día de Reyes llegó a llevar hasta cinco personas, entre ellas sus hijos, en el asiento trasero del coche de escolta. 'Uno de los niños, encima de él dando patadas al asiento del funcionario', se lee en una de dichas notas.

En otro parte, los agentes se quejan de tener que hacer de 'niñeros' y denuncian el comportamiento de los hijos pequeños . En una de ellas, un policía asegura que uno de los críos le llamó 'pasmao'. 'Esta situación se hace insostenible', recoge la nota, en la que además se da cuenta de que uno de los hijos del político desconectó el inhibidor un mecanismo que lleva el coche y que impide que se active por control remoto artefactos explosivos al paso del mismo al jugar con los cables. Los agentes no se dieron cuenta del incidente hasta el final de la jornada.

El modo de dirigirse a los policías también es motivo de queja. En uno de los escritos de enero, uno de los escoltas recoge cómo 'chillando y faltando el respeto' Álvarez-Cascos mostró su desagrado por el itinerario que los agentes habían tomado para ir desde la Avenida de los Toreros a su domicilio, en el centro de Madrid. 'Siga recto, hostias', 'joder, coño, por la ruta habitual' , recogen los partes que les espetó Álvarez-Cascos. 'En ningún momento se disculpa por las palabras y la forma de dirigirse', añaden los agentes.

La tensión que viven los policías ha obligado a los responsables de la Brigada de Escoltas a aumentar de cuatro a cinco el número de agentes destinados a la protección del ex vicepresidente para permitir que éstos tengan más tiempo libre entre servicio y servicio, señalan fuentes sindicales. De hecho, el CEP denuncia que es la personalidad que, 'con diferencia', más ha cambiado de escoltas. 'Siempre a petición de los propios policías, que no soportan trabajar con él', añade Ignacio López.

Uno de los agentes ha llegado a remitir recientemente a sus superiores una nota en la que muestra su 'profunda tristeza y amagura' por estar destinado a la protección de Álvarez-Cascos. El agente se queja de tener que realizar 'labores impropias' a sus funciones de escolta.

Hace un año, el Gobierno acometió un plan para reducir el número de personas que disfrutaban de protección policial a cargo del Ministerio del Interior que afectó a más de medio centenar de personas. La medida supuso recuperar a cerca de 170 agentes para otras funciones policiales.

Entre los afectados se encontraba el parlamentario del PP Gustavo de Arístegui, quien había ocupado un puesto en Interior durante la etapa de Jaime Mayor Oreja, así como José Luis Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque, ex directores generales de la Policía en la etapa de los Gobiernos de González.

Sólo uno de los afectados hizo público su malestar: el ex presidente de la AVT Francisco José Alcaraz. Y ello pese a que el Ministerio del Interior le había concedido poco antes la licencia de armas tipo B, un permiso que le permite portar una pistola o revólver 'para defensa personal'. Un privilegio del que disfrutan en España 11.000 personas.