El Comité de Prevención de la Tortura (CPT) lleva más de 20 años realizando inspecciones en prisiones, comisarías u otros centros de privación de libertad para constatar la existencia de malos tratos y torturas. Su presidente, Mauro Palma, alerta del riesgo que entraña el uso de nuevos conceptos, como la 'tortura útil'.

¿Por qué sostiene que 'cuanto más se habla de Derechos Humanos, másse vulneran'?

Hay una tendencia a hablar de grandes principios, de valores éticos y de Derechos Humanos, pero, en paralelo, vivimos tiempos de detenciones secretas, interrogatorios con prácticas coercitivas Parece que ambas cosas van en paralelo.

¿Qué países le preocupan de un modo particular?

De los 47 países a los que hacemos inspecciones, los que más nos preocupan son aquellos en los que ha habido conflictos recientes o aún latentes, en especial los de los Balcanes, y también países del Cáucaso, como Chechenia. Sin embargo, en muchos países democráticos occidentales, no siempre se dan las tres garantías fundamentales del detenido que nosotros establecemos: derecho inmediato a un abogado y a una inspección médica independiente, y que se sepa dónde está detenido. El sistema de incomunicación debe ser superado porque las fuerzas del orden sólo pueden ganar con la transparencia.

¿Cómo está España según el informe anual sobre la tortura de 2008?

Este no es un problema específico o único de España. La tortura está presente en muchos países y se da sobre todo con un tipo determinado de detenidos, objetivos especiales a los que se aplica unas reglas especiales. Es un problema de la cultura de los cuerpos de seguridad, que creen que un trato duro es útil para su investigación. Hay que hacer crecer otra cultura en la que los casos de maltrato se perciban como una vergüenza y no como una prueba de eficiencia.

En Catalunya, la instalación de cámaras de videovigilancia en las comisarías ha hecho disminuir el número de denuncias por maltrato.

Aplaudo las medidas de transparencia, como las cámaras, pero esto es sólo uno de los dos extremos de la solución. El otro, insisto, es una formación de los cuerpos policiales dirigida al buen trato de las personas, incluso a los peores criminales.

¿Y cómo se puede avanzar hacia esta cultura de respeto al detenido?

Hay un problema de recursos para la formación. Nuestra tarea con las autoridades es intentar crear espacios para esta reflexión y que no todos los recursos de los cuerpos de seguridad tengan fines materiales.

Frente a los datos que ustedes proporcionan, existe la percepción de que la tortura pertenece al pasado o que sólo se da en países en conflicto. ¿Por qué ocurre esto?

Partamos del hecho de que no es cierto que la tortura pertenece al pasado. Ni en los países occidentales. La tortura es actual, especialmente cuando se combate a un enemigo absoluto del Estado. La tortura no siempre se basa en obtener información; a veces, se trata sólo de proferir un castigo extra legal. Existe también la idea de una tortura útil, utilizada por algunos responsables policiales para crear una opinión pública favorable a la obtención de información a cualquier precio. Este es un riesgo que hay que vigilar muy de cerca.

España ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, por lo que ya debería haber aplicado mecanismos nacionales de prevención. ¿A qué atribuye el retraso?

El problema es que España ratificó el acuerdo sin haber iniciado ningún preparativo para aplicarlo, pensando que sería más sencillo. Francia planificó el mecanismo nacional y, cuando la discusión parlamentaria estaba avanzada, ratificó elprotocolo.

Tras 20 años de trabajo del CPT, ¿qué avances se han hecho por la prevenciónde la tortura?

Ha habido una mejora progresiva de las condiciones materiales de la detención y un mayor conocimiento global del problema. Todos estamos más alerta, también funcionarios y magistratura.

Uno de los retos que afronta la prevención de la tortura es, según Palma, corregir el trato dispensado a los inmigrantes, especialmente a aquellos que son devueltos a sus países de origen por situación irregular, previo paso por los controvertidos centros de internamiento (CIE). El presidente del CPT alerta sobre la 'poca consideración' hacia este colectivo. No distinguir entre tipos de detenidos y revisar las cadenas perpetuas son otros elementos que el CPT asume como desafíos futuros.