Una videocámara pesa cerca de 350 gramos y cuesta unos 250 euros. Su instalación se puede realizar en menos de una hora. Y, a pesar de su sencillez, estos ingenios centran el debate sobre el espinoso asunto de las torturas y los malos tratos en las comisarías.

Desde que la Ertzaintza, en 2005, y los Mossos d'Esquadra, en 2007, comenzaran a instalar videocámaras en los calabozos de sus comisarías, los sindicatos policiales y las entidades que defienden los derechos humanos han intensificado sus reclamaciones al Ministerio del Interior para que adopte la misma política en las comisarías de Guardia Civil y Policía Nacional.

'Nuestros sistemas de control interno son deficitarios, por eso hemos reiterado que queremos cámaras', indica José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Fornet cree que con estos dispositivos, 'la actuación policial sería propia de un estado europeo del siglo XXI. Algo de lo que estamos a años luz.

Según dice, sólo una dependencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la de Canillas, en Madrid, tiene cámaras en sus calabozos, aunque haya cerca de 250 instalaciones que reciben detenidos.

Lo mismo reclama el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Antonio Delgado Ramos. 'Queremos cámaras por transparencia y porque protegen no sólo a los detenidos, sino también a los policías', dice en alusión tanto a las agresiones que pueden sufrir los agentes como a las falsas denuncias.

El Comité para la Prevención de la Tortura tiene documentadas 520 denuncias por malos tratos en 2008. El cuerpo que acumuló más denuncias fue el CNP (187), seguido de los funcionarios de prisiones (74), las policías locales (68), la Guardia Civil (59), los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza (con 45 denuncias cada uno), otras policías autonómicas (30) y otros cuerpos (12). Es significativo que en Catalunya, tras la implantación de cámaras en la mayoría de dependencias de los Mo-ssos dEsquadra, las denuncias cayeron un 42%.

'Las cámaras fueron una demanda sindical, siempre y cuando se informara de su presencia y respetaran la intimidad de detenidos y policías', expone Valentí Anadon, portavoz de SAP-UGT, el sindicato mayoritario de los Mossos. En este cuerpo, hubo una agria polémica por la instalación de cámaras ocultas, unos dispositivos que los agentes rechazan y que no tienen nada que ver con las medidas que exigen los sindicatos y las distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos. Para monitorizar totalmente las 88 comisarías de la Policía autonómica, la Generalitat invertirá dos millones de euros.

La negativa del Ministerio del Interior a implantar cámaras en todos los calabozos de sus dependencias policiales sorprende aún más si se tiene en cuenta que España se ha manifestado de forma oficial contra la tortura en ámbitos internacionales.

En abril de 2005, España se adhirió al protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este documento obliga a los firmantes 'a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura (...) en todo territorio bajo su jurisdicción' y remarca lo siguiente: 'Los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención'. El protocolo entró en vigor en junio de 2006.

Más reciente es el Plan de Derechos Humanos que presentó el Gobierno en diciembre de 2008. El documento recuerda que 'en un país, los derechos humanos valen lo que valen sus garantías' y dedica un apartado a las condiciones legales de los detenidos, con referencia explícita a las videocámaras: 'Se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación'.

Para la aplicación de este plan, el Gobierno se comprometía a crear una comisión de seguimiento que, tres meses después, aún no existe.

Fuentes de Interior destacaron que tanto en las comisarías centrales de la Guardia Civil y el CNP como en la Audiencia Nacional ya hay cámaras, igual que en dependencias situadas en Euskadi.

Estas grabaciones se limitan a los casos en que los detenidos son incomunicados, normalmente por cargos de terrorismo. Además, Interior apuntaba a que el presupuesto para las investigaciones internas se ha duplicado y que se está ultimando la creación de una base de datos para recopilar las denuncias.

Las peticiones de las ONG como la suscrita el pasado año por 68 entidades reclaman que se grabe a todos los tipos de detenidos. Eva Suárez, presidenta de Amnistía Internacional, recuerda que 'el avance' de la aprobación del Plan de Derechos Humanos del Gobierno 'existe sólo sobre el papel'. Suárez cree que si Interior se resiste a aplicar una medida que ha demostrado ser eficaz, es por 'opacidad'.

Los principales sindicatos y asociaciones policiales tienen su propia opinión sobre esta resistencia. Delgado Ramos, de la AUGC, opina que el Gobierno no aborda el asunto por un problema presupuestario. Sánchez Fornet, del SUP, insiste en que falta voluntad política: 'A Interior le interesa nuestra eficacia, todo lo demás está en segundo término'.