El tesorero del PP, Luis Bárcenas, senador por Cantabria, amplió las denuncias que el pasado 26 de febrero interpuso contra el juez Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se queja de que el juez y la Policía le sigan investigando en el caso Gürtel, pese a que los senadores son aforados cuya investigación y enjuiciamiento sólo corresponde al Tribunal Supremo.

En realidad, la jurisprudencia del Supremo establece que no basta con que un nombre surja en una investigación para elevar una exposición razonada al Alto Tribunal. Es decir, que cuando aparece un aforado en un proceso hay que apuntalar, siquiera mínimamente, los indicios contra él antes de remitir las actuaciones al tribunal competente. Muchas veces este tipo de iniciativas son devueltas por el tribunal superior al juzgado remitente para que siga investigando.

Es decir, que cuando aparece un aforado en un proceso hay que apuntalar, siquiera mínimamente, los indicios contra él antes de remitir las actuaciones al tribunal competente. Muchas veces este tipo de iniciativas son devueltas al juzgado remitente para que amplíe la investigación.

Pero en vez de esperar a saber si el juez acaba reuniendo indicios suficientes para dirigirse al Supremo como era su intención cuando pidió tres copias del sumario, Bárcenas ha optado por sumarse, a título personal, a una práctica que su partido ha institucionalizado para enfrentarse a su vinculación con la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa.

Las dos denuncias del tesorero del PP, y sus respectivas ampliaciones, se suman a las tres quejas que el partido ha presentado contra el magistrado en el CGPJ; tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado; y una querella ante el Supremo por prevaricación y delito contra los derechos individuales. El fiscal ya ha informado al Alto Tribunal en contra, pero eso no ha impedido que el PP amplíe su escrito en dos ocasiones, la última el martes.

De la cacería al viaje

Desde la cacería en la que Garzón coincidió con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hasta su reciente viaje a Guatemala serán revisados por el CGPJ. De momento sólo se archivado la queja por el encuentro cinegético.

Los intentos del PP para personarse como acusación en las diligencias 275/2008, con el objetivo de poder recusar al magistrado, fueron rápidamente atajadas por éste, por no existir perjuicio para el partido. En el auto anunció la futura imputación de algunos de sus dirigentes.

En cualquier caso, prácticamente todas las iniciativas del PP tienen en común dos argumentos: que Garzón no es el juez competente para investigar el caso Gürtel, al haber aforados, y las informaciones que se han dado del proceso, calificadas como 'filtraciones'.

El ejemplo de Panero

De hecho, los últimos imputados que han comparecido de momento en el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre ellos, los dimitidos alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente, se negaron a declarar ante Garzón.

Su argumento fue el que utilizó uno de los primeros imputados en la causa, el ex regidor de Boadilla del Monte. Arturo González Panero se negó a declarar hasta que se aclare qué tribunal es el competente para enjuiciar los hechos investigados y se levante el secreto del sumario.

Sólo uno de los cuatro imputados que comparecieron ante Garzón accedió a declarar: el ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, defendido por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

El abogado consideró 'un error' la acusación de su cliente, porque 'documentalmente se ha intentado demostrar que no ha percibido nada ajeno a su función de concejal'. Por eso, a la vista de que renunció a su acta de concejal, lo que considera de por sí 'una medida cautelar', pidió a Garzón que le levantara la imputación, algo improbable en este momento del proceso.