A las virtudes que Esperanza Aguirre se arrogue, debe añadir ya esta otra: la clarividencia. El 3 de febrero, tres días antes de que se creara en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre una hipotética red de espionaje en la Comunidad, adelantó la sentencia. Y acertó: 'La Cámara estudiará si hay responsabilidades políticas. Y creo que no las habrá', afirmó.

Los hechos la respaldan. Mañana, la comisión aprobará el dictamen y dirá lo que el PP ha reiterado: que 'no hubo espionaje' y que la Comunidad está limpia. Ningún cargo político caerá por ahora. No, desde luego, el titular de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el consejero sobre el que se cernieron las sospechas desde el primer día.

Gracias a su mayoría absoluta, Aguirre ha disfrutado de la comisión que quería : corta (cuatro sesiones en siete días y 11 comparecientes), segura (ni ha citado a los espiados) y categórica (con el resultado deseado). Pese a todo, la presidenta no podrá librarse de la investigación judicial aún abierta. Ni de las dudas, alimentadas por IU y PSOE y por sus adversarios internos, los que se alojan en el Ayuntamiento de Madrid (el edil Manuel Cobo) o en la sede nacional del PP (el ex consejero Alfredo Prada). Tampoco podrá olvidar la tortura de saberse durante más de dos meses en el centro de la diana.

El 19 de enero, El País destapa el escándalo: bajo el mando de Granados funciona un 'servicio de espionaje' dirigido por el policía en excedencia Marcos Peña, fichado por el consejero en junio de 2008. Su misión, elaborar informes sobre políticos o tramas de corrupción.

En los días siguientes, se conocen los seguimientos a Cobo, vicealcalde de Madrid; a Prada, consejero de Aguirre hasta junio de 2008; al que era número dos de este, Juan Carlos Fernández; al ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta, y a la diputada regional Carmen Rodríguez Flores. Todos los presuntos espionajes se hicieron entre marzo y mayo del año pasado, en plena guerra por el poder en el PP.

En paralelo, se descubre que el vicepresidente, Ignacio González, fue espiado en sus viajes a Suráfrica y Colombia, en 2008: hay grabaciones y fotocopias de billetes de avión. Público, el 28 de enero, revela el contenido de dos dossiers que circulaban en la sede nacional del PP contra González. Detallaban el patrimonio y las concesiones sospechosas del número dos de Aguirre.

Aguirre, Granados y González negaron los hechos desde un principio. Cobo y Prada sostuvieron lo contrario, que sus agendas públicas y privadas coincidían con lo que recogían los partes de espionaje. Lo denunciaron ante la Fiscalía. Alberto Ruiz-Gallardón defendió a su vicealcalde: 'La Comunidad no tiene competencias en seguridad, y no puede tener un cuerpo parapolicial'. Así que si los seguimientos existen, señaló, 'es un delito'. La presidenta amagó con querellarse contra el regidor por avalar lo publicado. No lo hizo.

Mariano Rajoy creyó primero a Aguirre. Pero el 22 de enero, en cuanto trascendió el espionaje a Prada hoy en su círculo, ordenó a su número dos, Dolores de Cospedal, abrir una investigación interna para aclarar unos 'hechos gravísimos' que 'repugnan' al PP. Volvió la zozobra. El Gobierno regional se sintió agredido por Génova. La secretaria general comenzó con las entrevistas y, mientras, Aguirre dejaba caer que Rajoy sabía desde 2006 que corríaninformes contra González y Granados. La tirantez, palpable, amenazaba la precampaña electoral en Galicia y Euskadi.

Al final, la presidenta ganó. El 2 de febrero, accedió a crear una comisión de investigación en la Asamblea. Suficiente para que De Cospedal 'suspendiera' las pesquisas internas.

Rajoy se dio por satisfecho. El 3 de febrero, tras guardar silencio 16 días, clamó por la 'transparencia'. Y agregó, con respecto a los partes: 'Esos documentos existen'. Aguirre prometió 'luz y taquígrafos', llegar hasta el fondo, también con el espionaje a González, que el vicepresidente llevó al juez. Pero puso sus reglas. Sentó de presidente de la comisión a Benjamín Martín Vasco, que a los 15 días tuvo que dimitir al relacionársele con el caso Gürtel. Fijó el plazo para investigar primero, 28 de febrero; luego, 31 de marzo y atrasó al máximo el registro de sus peticiones de comparecencia. Así, se aseguró que los trabajos arrancasen después del 1-M.

Otra traba: la documentación. El PP, siempre defendiendo la 'transparencia', vetó más de la mitad de los informes clave que exigieron PSOE e IU. Entre ellos, las adjudicaciones sospechosas de González o datos de sus viajes al extranjero, expedientes de empleados de seguridad o facturas de compras de material. Al tiempo, redujo la lista de comparecientes a 29 personas.

El cerco sobre Granados se achicó: el 10 de febrero, El País aseveró, gracias a dos informes caligráficos, que los espías procedían de su Consejería. Cobo lo denunció al juzgado.

El miércoles 4 de marzo arrancó la comisión. Aguirre tropezó. Los antecesores de Granados en Interior negaron que la Comunidad tuviese competencias para vigilar a personas. Uno de ellos, Pedro Calvo, hoy edil de Gallardón, tildó de 'ridículo' y de 'despropósito' que el PP le hubiera citado. La presidenta decidió entonces cortar por lo sano . El viernes situó en el día 11 el fin de los trabajos con la intervención de Granados. El domingo, El Mundo relató que algunos partes de seguimiento eran 'falsos o erróneos'. El lunes 9, el PP dio por 'acreditado' que 'todas' las notas eran 'falsas'.Conclusión: la Comunidad ha sido 'víctima de un montaje ', y 'no ha habido espionaje'.

El 11 desfila Granados, que acusa de 'mentir' a Prada y al círculo de Gallardón. Ese día, Aguirre mata la comisión. Ya no oirá a los supuestos espiados. Ni aclarará el seguimiento a González, con la excusa de que el caso es 'de naturaleza distinta' y 'está en los tribunales'. Como si los espionajes a Cobo y Prada no lo estuvieran. Rajoy no ha osado chistar a la presidenta. Su expediente interno quedará congelado.

1. Última sesión // Mañana lunes 16, a las 10 horas, PP, PSOE e IU registrarán sus dictámenes de conclusiones. A las 12, los tres se discutirán en la última sesión de la comisión, presidida por la conservadora Rosa Posada. Como el texto del PP saldrá sin rasguños, la oposición tiene que transformar sus textos en votos particulares antes de las 16 horas.

2. Pleno de ratificación // El día 18, el pleno de la Asamblea debatirá (y aprobará) el dictamen del PP. Será, previsiblemente, a última hora, tras la sesión de control y en vísperas de un puente, como ha advertido la oposición. La frase maestra está escrita: “La Comunidad nunca espió a nadie”.