Esperanza Aguirre, su Gobierno y el partido que preside en Madrid se han cansado de indagar el presunto espionaje a políticos en la Comunidad.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, propuso hoy martes en la Junta de Portavoces que el dictamen de conclusiones de la presunta trama de espionaje sea sometido a votación del pleno el próximo 18 de marzo, lo que en la práctica supone decretar el cerrojazo de la comisión de los espías, según entendieron los portavoces de PSOE e IU en la Cámara, y que el PP no pudo desmentir, pese a que la prensa preguntó una y otra vez al hombre de Aguirre en el Parlamento madrileño, David Pérez.

La comisión de investigación de la Asamblea regional comenzó sus trabajos el 4 de marzo. Antes incluso de que ayer terminara su intervención el décimo compareciente el viceconsejero Alejandro Halffter, los conservadores habían emitido su sentencia de muerte: 'Ni yo ni mi grupo participaremos en esa tomadura de pelo'. Es el entrecomillado, bien elocuente, de David Pérez, el portavoz del PP en la Cámara autonómica. Si finalmente oficializa hoy la condena a la comisión, el PP habrá liquidado con cuatro sesiones, once comparecientes (mañana desfilará el consejero de Interior, Francisco Granados) y sin haber escuchado a las víctimas de los seguimientos, el caso que más ha horadado la solidez del Ejecutivo de Aguirre, al que ya se ha solapado la trama de corrupción del caso Gürtel.

Ya desde finales de la semana pasada había asomado la intención del PP. El arranque de la comisión, el miércoles 4, había deparado a Aguirre fuertes críticas de ex consejeros de la Comunidad, especialmente de Pedro Calvo, hoy concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón. El viernes, el Grupo Popular programó sólo una nueva comparecencia para mañana, la de Granados.

El domingo, El Mundo publicó que los partes de seguimiento a Alfredo Prada (un ex consejero de Aguirre y hoy del lado de Mariano Rajoy), divulgados por El País, eran 'falsos, erróneos o irrelevantes'. La información se apoyaba en pruebas muy endebles, pero sirvió ayer de asidero para armar la argumentación del PP, repetida por Pérez y los otros dos comisionados de su partido, Juan Soler y Pablo Casado. Según esgrimió el portavoz, gracias a las 'pruebas incontestables' aireadas por El Mundo se ha 'comprobado' que los partes son 'falsos' y que constituyen la 'demostración más rotunda' de que se han arrojado 'calumnias' contra el Gobierno. Sólo restaba ya pasar a la ofensiva: en las últimas semanas, aseguró, se había construido un 'gravísimo montaje' del que ha sido 'víctima' el Ejecutivo. 'Alguien tendrá que responder por estas acusaciones falsas. Todas las imputaciones se han desmontado'. Pérez se dolió de que la Asamblea se hubiese visto 'obligada' a montar una comisión que hoy 'se halla en una situación rayana en el absurdo'.

El diputado hiló sus declaraciones en pasado, evidenciando que el tiempo de la investigación agonizaba. 'Todo se ha esclarecido', afirmó, así que 'es la hora de pedir disculpas'. Halffter, cerca de las 21 horas, ya avanzó la versión oficial del Gobierno: 'Esta comisión ha perdido su objeto'. Él, y el resto de cargos del Ejecutivo que acudieron ayer a la Asamblea, negaron cualquier relación con los seguimientos.

En la comisión, ni los supuestos espiados han podido explicar su versión: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; la diputada regional Carmen Rodríguez Flores, o el propio Prada. Éste ha marcado distancias con Aguirre desde que fue cesado como consejero de Justicia en junio de 2008. El PP no ha hecho amago de querer llamarle, pero ayer sí aprovechó para culparle de haberse llevado dos ordenadores portátiles tras su destitución. Quien lanzó la sospecha fue la secretaria general técnica, encargada de comandar las pesquisas dentro de la Consejería de Granados. El Gobierno regional mostró la prueba de cargo: enseñó un burofax que Prada envió a Granados, donde le exige que le diga 'de una vez por todas' cuánto debe pagar para quedarse con los dos equipos, que contienen 'información personal y profesional'.

Inés Sabanés (IU) denunció la 'estrategia brutal de cierre de la comisión'. Maru Menéndez (PSOE) mentó el 'relato' tejido por Aguirre 'para justificar el cerrojazo' de la investigación. Los socialistas verán si ir a los tribunales por 'las mentiras y contradicciones' de algunos comparecientes.

Gamón: 'Las notas de los espías son panfletos'
Sergio Gamón, hoy director del Área de Seguridad de la Comunidad, resumió cómo concebía él los partes de seguimiento a políticos difundidos por la prensa: “Panfletos que no tienen veracidad alguna”. Después, se desmarcó de toda sospecha. Era obligado, pues en algunas notas los supuestos espías aludían a “nuestro director, Sergio”. “Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún seguimiento a políticos”, subrayó. Lamentó haber sido objeto de un “linchamiento público” por parte de PSOE e IU. Añadió que su cese como director general de Seguridad se debió a “problemas personales”, y no por haber dirigido el “asalto” al despacho del que era número dos de Prada, Juan Carlos Fernández.

Pérez Merino: 'Faltan cinco ordenadores'
A finales de enero, Granados encargó a la secretaria general técnica de la Consejería, Mar Pérez Merino, una investigación interna, de la que ésta dio cuenta ayer. Dijo que no se halló “ningún gasto extraordinario”, lo que impediría probar, deslizó, los trabajos de los espías. Luego, entrevistó a trece miembros de la Consejería, a los que formuló las mismas dos preguntas: “¿Ha realizado alguna actividad que confirme los hechos que se le han imputado?” y “¿Tiene algo que decir?”. Las respuestas de todos los afectados fue “no”. Pérez Merino sí comentó que desaparecieron cinco ordenadores de la Consejería. Dos se los llevó Alfredo Prada, según le informó Alicio de las Heras, director financiero del Campus de la Justicia.

Barón: 'Anotaciones de Mortadelo y Filemón'
La comparecencia de Enrique Barón, director general de Seguridad, evidenció cómo en la Consejería funcionan estructuras paralelas. Barón recalcó que de él “no dependen” ni Gamón (su antecesor en el cargo) ni tampoco Marcos Peña, asesor de seguridad fichado por Granados. Afirmó rotundo que “pone la mano en el fuego” por todo lo que él “supervisa, ordena y dirige”. Desacreditó los partes, que él no ha “visto”, y que son anotaciones “de Mortadelo y Filemón”. Sí aclaró sus competencias: “No dispongo ni de competencias, ni de amparo judicial o fiscal, ni de medios tecnológicos adecuados, ni de personal capacitado ni arbitrado para realizar funciones de vigilancia, espionaje o inteligencia”.

Alejandro Halffter: Que se cierre la comisión
Alejandro Halffter, viceconsejero de Interior, expresó el deseo del Gobierno regional: que se cierre la comisión. Negó que hubiera una triple estructura en la Consejería: sólo hay una, la dirigida por Barón, porque Peña es un asesor y Gamón “está elaborando un informe sobre seguridad, y puede que se le cree una estructura para él”. Halffter se contradijo con el director general, al asumir que sí realizan labores de vigilancia avanzada. La oposición le recriminó que saque “conclusiones” de la comisión. “No tenemos la culpa de que ustedes se espíen unos a otros”, le atizó el PSOE. El diputado del PP, Juan Soler, le contestó: “No diga que nos llevamos mal en el PP”.