Baltasar Garzón ha tirado de la manta y la nube de polvo cada vez cubre más capas del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional asegura que la organización dirigida por Francisco Correa, ya en prisión, 'se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova'.

Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación 'Gürtel', al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events 'en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política'.

'Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto (en PDF)- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban'.

Según Garzón, 'para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos'.

No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 'dentro de la dirección' del PP 'provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas' de Correa, aunque éste 'se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'.

Además de inhibirse a favor del TSJ de Valencia, tal como le pidió ayer la Fiscalía anticorrupción, también cede parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (auto en PDF ) al hallar indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

En el primer auto acusa a Francisco Camps de recibir 12.783 euros en trajes a cambio de adjudicaciones por valor de cuatro millones a las empresas de Correa.

No contento con esto, el discutido magistrado amplía las imputaciones (auto en PDF) a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

El juez retendrá temporalmente parte de la causa hasta que los tribunales superiores de justicia decidan si se la quedan.

El PP, en boca de su portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, 'pone en cuarentena' la decisión de un juez 'cuya trayectoria en este caso se ha distinguido por filtraciones a la prensa que han juzgado y condenado a determinadas personas en los medios de comunicación'.

El Gobierno valenciano ha declarado que iniciará 'las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado' hechos en relación a la persona del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que 'en los próximos días' se aclarará la 'no relación' del jefe del Consell en los hechos.

Garzón imputó a 37 personas (ahora hay otras seis) en la presunta trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Ya ha interrogado a todos y ha enviado a la cárcel a tres de ellos: a Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Ayer dejó en libertad sin medidas cautelares al ex alcalde popular de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega; al empresario de la comunicación José Luis Ulibarri, así como a los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández y a un empleado del despacho R. Blanco-Guillamot de nombre Juan Antonio. Todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales

El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, se negó a declarar ante el Garzón porque quería saber que tribunal es el competente para instruir la causa. Garzón decidió imponerle la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

La organización dirigida y creada por Francisco CORREA, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional quetenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la C/Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa SPECIAL EVENTS SL en laque acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política.

Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Francisco CORREA desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personasque o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de lasempresas de Francisco CORREA en la Administración que gobernaban.
>> Lee el auto completo en el que Garzón se inhibe a favor del TSJ de Valencia