El Gobierno ha puesto precio a la solidaridad. Cualquier ciudadano que proteja a un sin papeles podrá ser sancionado con multas de entre 501 y 10.000 euros, lo que se producirá 'cuando el extranjero dependa económicamente' del infractor. Así lo recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, ya aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un nuevo tipo de infracción para perseguir a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular.

El Gobierno considera que acoger a un extranjero sin papeles y sin medios económicos constituye una sanción grave porque promueve 'la permanencia irregular en España de un extranjero'. El texto, aprobado en diciembre, ha provocado ahora la indignación entre numerosas ONG, que consideran que las sanciones intimidan a los ciudadanos con el fin de que los inmigrantes irregulares queden en situación de desamparo y forzar que regresen a su país de origen.

En principio, el anteproyecto aspira a proteger a los sin papeles de los abusos de las mafias, que son quienes les suelen mantener tras traerlos a España. Pero al no explicitar la norma que deba existir ánimo de lucro por parte del infractor, permite que se persiga la solidaridad desinteresada.

Prohibición de hospedar

Esta política sancionadora pondrá, por ejemplo según el artículo 53.2 c) de la reforma, de forma automática en situación de ilegalidad a todos aquellos que hospeden en sus casas y apoyen a personas extranjeras en situación irregular, ya se trate de ONG o particulares.

Desde un punto de vista técnico, la federación de ONG Red Acoge hace también un severo reproche al Gobierno. Según esta organización, especializada en la acogida e integración de inmigrantes, de existir una dependencia económica entre el extranjero y el infractor, 'no sería exigible otra conducta por parte del infractor'. Es decir, a su juicio, no se puede sancionar a un ciudadano por mantener a un tercero, aunque este hecho provoque que el inmigrante irregular permanezca en España más allá de lo permitido.

Para el Gobierno, el problema es precisamente que gracias a la manutención proporcionada, el extranjero podrá seguir incumpliendo la ley. Pero desde un punto de vista jurídico, no se podría sancionar a quien no tiene culpa el ciudadano que acoge por una infracción que comete un tercero el inmigrante en situación irregular, según reclama esta federación de ONG.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, responsable del polémico texto, hace una salvedad al advertir en el articulado que 'se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares'. De esta manera, se dejaría libre de sanción a quienes den cobijo a extranjeros con los que les unan lazos de sangre, o bien a quien proteja a su pareja.

El Gobierno equipara el simple hecho de dar cobijo a un extranjero en situación irregular con otras situaciones más comprometidas. Por ejemplo, proporcionar un techo tendrá la misma sanción que contratar a un extranjero sin permiso, emplear a un trabajador legal sin darle de alta en la Seguridad Social o empadronar a un sin papeles en un domicilio en el que no resida realmente.

La reforma, que actualiza la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2000, propone además un aumento general de las sanciones económicas en todos los supuestos ya fijados. Así, las infracciones leves pasan de un máximo de 300 euros a 500; las graves, de un límite de 6.000 a 10.000; al tiempo que las muy graves podrán llegar hasta los 100.000, cuando ahora nunca sobrepasan los 60.000.

Otros asuntos polémicos

Este aspecto sancionador de la reforma legislativa no es el único que ha levantado ampollas entre ONG y conocedores de la situación de los irregulares en España, que ven numerosas pegas en el actual anteproyecto. Entre ellos, la limitación del derecho de reagrupación a los ascendientes mayores de 65 años (y siempre que el inmigrante que los reclame lleve más de cinco años en España), así como que se amplíe de 40 a 60 días el tiempo máximo de estancia en los centros de internamiento.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería tiene que pasar todavía por Consejo de Estado para su estudio, antes de que llegue al Parlamento y se someta a votación.