Francisco Granados, número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, intentó ayer sin éxito desactivar el escándalo de la mansión que una promotora inmobiliaria construye en Valdemoro (Madrid) siguiendo un proyecto encargado por el consejero y su mujer, pese a lo cual el inmueble no figura a su nombre, como informó Público el lunes.

Horas después de que el PSOE exigiera en la Asamblea de Madrid que el titular de Presidencia, Justicia e Interior remita en 48 horas su declaración oficial de bienes, Granados reaccionó enviando a la oposición dos folios en los que refleja su patrimonio inmobiliario y obvia que su mujer es consejera en una filial de Caja Madrid. El documento no alude a la casa de lujo de 1.000 metros cuadrados, ya casi acabada, y que su esposa visita asiduamente para supervisar las obras. Su maniobra en absoluto convenció al PSOE, que sigue reclamando los documentos oficiales del registro de bienes.

Los dos folios llegaron en mano a las portavoces de PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, a primera hora de la tarde. Por la mañana, el socialista Adolfo Navarro había pedido cuentas al consejero por construirse “una fortaleza medieval, como si fuera el señor de un castillo feudal”. “Dice mucho de la ética y de la estética de Granados”, apuntaló el portavoz adjunto.

El PSOE no se cree que haya una promotora que opte por construir en Valdemoro –Granados fue su alcalde de 1999 a 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento permitía levantar otros tantos chalés estándar. “Debería tener más vergüenza y explicarse. Si no tiene nada que ocultar y es rico de familia, que lo diga públicamente”, concluyó Navarro.

David Pérez, portavoz del PP en la Cámara, descartó todo vínculo de Granados con la mansión y acusó al PSOE de propalar “ignominias”.

En el escrito a PSOE e IU, Granados cita a su mujer, Nieves Alarcón Castellanos. El consejero lo hace para informar que es “profesora de universidad”. Pero obvia un dato de máxima relevancia: desde el 17 de julio de 2008, Alarcón pertenece al consejo de administración de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones.

Fuentes de la caja madrileña confirmaron ayer a Público que Alarcón representa en esa empresa a la Comunidad, es decir, a la institución donde su marido ocupa el tercer puesto en rango. Otras fuentes de la entidad aseguraron que Alarcón percibe al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. Este diario no logró que el Ejecutivo desvele qué criterios ha seguido para asignar uno de los 15 asientos del consejo de Caja Madrid de Pensiones a la esposa de Granados, profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense.

Alarcón –cuya pertenencia al consejo de la citada sociedad desconocía la oposición– se suma así a la lista de miembros de confianza del PP a los que Aguirre ha acomodado en la órbita de Cibeles, la corporación que aglutina las participaciones financieras de la caja madrileña y a la que pertenece la gestora de pensiones. En esa nómina ya figuran el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente, Ignacio González.

En los dos folios remitidos a la oposición –a los que se une un tercero con su currículum–, Granados confiesa un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. Además, declara que en 2007 compró una vivienda adosada de 143 metros por  450.760 euros, de los que todavía debe 330.000 euros. “El resto de bienes corresponde a la herencia de mi padre”, apunta.

“Siempre hemos disfrutado de una buena situación económica”, sostiene el consejero. El jueves pasado, dijo a Público que antes de llegar a la política trabajaba en Bolsa y ganaba “bastante dinero”, más que ahora. “Todas mis adquisiciones, aunque modestas, se han realizado sin ningún trato de favor”, explicita en los folios.

Menéndez perseverará en su reclamación: “Le agradezco al consejero el documento, pero no nos vale. Pedimos declaración de bienes, que incluya sus cuentas corrientes. Y que explique por qué su mujer tutela las obras de una casa que no es suya”. En IU tampoco convencen esos dos folios, pero reiteran que ya han pedido el cese de Granados. El PSOE lo volvió a exigir ayer.

Hijo, primo, cuñado, tío, hermano, sobrino, esposa o madre. Esa es la relación de parentesco que hay entre ediles y ex ediles del PP en de Valdemoro (58.623 habitantes) y 19 trabajadores municipales a los que, según la Inspección de Trabajo, se otorgó contratos temporales incumpliendo las normas laborales. En algunos casos, los contratos se encadenaron hasta convertirse en indefinidos.

De los 20 contratos de familiares que denunció el PSOE ante la Inspección, nueve corresponden a la etapa de Granados como alcalde. Los restantes se suscribieron cuando José Miguel Moreno, hombre fuerte del hoy consejero, ya había accedido a la alcaldía, a finales de 2003.

En la lista figuran dos primos de la mujer de Granados, según el PSOE, cuya relación de contratos indica que se lleva la palma el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Bravo-Burguillos: cinco parientes en el Ayuntamiento, entre ellos, su esposa. La cuñada del actual regidor, casada con un alto cargo de la Comunidad, también aparece. Los socialistas ya han planteado una moción en la que exigen responsabilidades políticas. La Inspección subraya que en la mayoría de los casos el Ayuntamiento “violó” el precepto del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la contratación temporal para tareas ordinarias. Una portavoz del Consistorio dijo ayer que no poseía datos suficientes sobre el asunto.