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El fiscal general del Estado descarta que se filtraran datos de la actuación judicial

Cándido Conde-Pumpido, ha remitido una segunda carta al Partido Popular para darle cuenta del resultado de las investigaciones relacionadas a las supuestas filtraciones denunciadas por los conservadores

PÚBLICO.ES / AGENCIAS

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha remitido una segunda carta al Partido Popular para darle cuenta del resultado de las investigaciones relacionadas con la difusión pública de informaciones relativas a la instrucción en la Audiencia Nacional de la Operación Gürtel. Concluye que no se han filtrado datos desde la Fiscalía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón, y que lo que obra en prensa es el contenido de la denuncia que provocó las actuaciones.

La carta señala que las informaciones publicadas hasta ahora han sido contrastadas 'con la denuncia y documentación adjunta que fue interpuesta ante la Unidad Central de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, y que originó la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción'.

De la referida comprobación resulta -según señala la Fiscalía al PP-, que parte del 'contenido de las conversaciones transcritas y los datos difundidos a través de la publicación aludida formaban parte de la información aportada por el denunciante, bien en su denuncia inicial o en ulteriores ampliaciones a la misma, de lo que se colige que la referida información ha estado en todo momento a la plena disposición del denunciante, que ha podido hacer de ella el uso que haya estimado oportuno'.

La comunicación de la Fiscalía al representante legal del Partido Popular termina diciendo que, 'en consecuencia, no se ha constatado, por el momento, que haya trascendido públicamente información alguna procedente de actuaciones realizadas por la propia Fiscalía Anticorrupción o en sede judicial durante la tramitación de las diligencias', sobre las que aún pesa parcialmente el secreto sumarial.

'Por tanto, no hay razones que justifiquen sospecha alguna acerca de un posible incumplimiento de los deberes legales de sigilo y reserva por parte de los funcionarios que tienen acceso a dicho procedimiento por razón de sus funciones', concluye la Fiscalía General del Estado.

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