La Justicia investigará la trama de espionaje que ha provocado una importante brecha en la cúpula del PP. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ordenó ayer abrir diligencias previas sobre los hechos denunciados por el Gobierno de Esperanza Aguirre ante 'la posible existencia de una infracción penal'. En concreto, estima que pudo haber revelación de secretos.

El corazón de la denuncia interpuesta por la Comunidad son los 'distintos seguimientos parapoliciales' que habría sufrido el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, número dos de Aguirre, 'durante una serie de viajes públicos y privados'. El Gobierno regional alegó –y el juez así lo cita en su auto– que en las persecuciones se utilizaron cámaras ocultas y que en los informes se añadieron fotografías y documentos privados de González.

Ignacio González fue espiado en un desplazamiento a Johannesburgo (Suráfrica) y en otro a Cartagena de Indias (Colombia), en marzo y agosto de 2008. De acuerdo con un dossier divulgado por El País, el empresario Enrique Sánchez González pagó el viaje a Suráfrica al vicepresidente madrileño y a su mujer, en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas.

González aseguró que los 8.000 euros del viaje los había pagado él 'en metálico' y negó cualquier adjudicación a las empresas de Enrique Sánchez. Este último dato es falso. Público desveló que el Canal de Isabel II –que preside González– adjudicó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, sociedad de la que es propietario Enrique Sánchez.

Antes de incoar diligencias previas, el juez da cinco días al secretario general del Gobierno de Aguirre, Salvador Bolívar, para que especifique si interpuso la denuncia 'únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada'.  Quiere saber si también interviene en nombre de González, ya que siendo éste el principal perjudicado, entiende que debería ser él quien la presentara.

Desde el Gobierno regional explican que lo que precisamente no desea González es que este procedimiento 'solape' la denuncia que presentó también ante la Fiscalía a título personal. Al enterarse de que el juez abría diligencias, el vicepresidente se mostró satisfecho por la 'buena noticia'.

González lo considera un paso 'adelante' para que se conozca quien está detrás de esta historia, y que ello sirva para poner fin a la actual situación, en la que el Ejecutivo de Aguirre 'está siendo permanentemente cuestionado política y éticamente'.

'Espero que se esclarezca toda la verdad y que recaiga sobre los promotores de estos seguimientos todo el peso de la ley', indicó González. Por su parte, el otro vicepresidente madrileño y máximo responsable de la Dirección de Seguridad de la Comunidad, Francisco Granados, comparecerá el próximo viernes en la Asamblea de Madrid para informar sobre los seguimientos a políticos del PP que se atribuyen a personal de su departamento. Al final lo hará a petición propia, pero no en el Pleno como había pedido la oposición, sino en Comisión. IU lo calificó como 'una tomadura de pelo'.

A la espera de que llegue ese momento Granados se despachaba el lunes en una entrevista en El Economista, relacionando las denuncias con Caja Madrid. También anunció que no tenía pensado abandonar el Gobierno regional y que lamentaba que hubiera compañeros, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que no contribuyesen 'a superar esta situación'.

Precisamente, Cobo se reunió el lunes con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, instructora de la investigación interna abierta en el partido. Cobo no quiso comentar la conversación que habían mantenido. Como víctima del supuesto espionaje, dijo que lo consideraba 'de carácter mafioso' e insistió en que quiere que se 'llegue hasta el final'.

Sus colaboradores aseguran que está tranquilo, que la reunión con Cospedal se desarrolló 'sin problemas' y que no iba 'a entrar' a 'provocaciones' de la Comunidad.

En el Ayuntamiento estaban indignados porque la Unión de Policía Municipal había acusado a Gallardón de crear una 'unidad parapolicial', cuando a ellos 'jamás' se les había pasado algo semejante por la cabeza. 'Nosotros nunca hemos espiado', decían desde el Consistorio. Lo mismo que dijo el lunes Aguirre, en el País Vasco, sobre su Gobierno.