“Se podrían construir siete escuelas con el dinero que cuesta limpiar grafitis”. Esta afirmación pronunciada por Ana Botella –responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid– falla en el análisis pero pone en valor un hecho innegable: el inmenso gasto que sufren los municipios españoles para asear las paredes cubiertas de pintadas ilegales.

Madrid gasta anualmente seis millones de euros. Barcelona, en cuatro años, ha pasado de emplear 680.000 euros en esta tarea a los 3,7 millones de 2007. Zaragoza gastó 1,3 millones de euros; Valencia, 850.000; Bilbao 556.000; Málaga, 400.000; Alicante, 360.000.

Se trata de un goteo incesante de facturas que ensucian las cuentas anuales de las administraciones locales a las que habría que sumar otros gastos mucho más difíciles de cuantificar. Las empresas concesionarias de los transportes urbanos se ven obligadas a sustituir ventanas o marquesinas por culpa de otras variantes del grafiti, más agresivas que los tags –firmas simples–, realizadas con ácidos y objetos punzantes. Y, lógicamente, el coste que le supone a los particulares que prefieren no esperar a que actúen las brigadas públicas de limpieza.

La secuencia se repite en casi todos los casos: cuando la situación comienza a soliviantar a los vecinos, los responsables políticos deciden ponerse serios. En apenas unos meses, tres importantes capitales españolas han optado por cambiar sus ordenanzas para multiplicar hasta por 20 el importe de las multas que se impondrán a los grafiteros por pintadas ilegales. Zaragoza y Málaga, a finales de 2008, y Madrid el próximo febrero, apuestan por la mano dura contra esta lacra urbana.

El caso zaragozano es paradigmático: las reiteradas pintadas que ensuciaban el puente del Tercer Milenio, una de las obras que enorgullecían a la ciudad durante la Expo 2008, empujaron al Ayuntamiento a endurecer las sanciones con la aquiescencia de la mayoría de los ciudadanos.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón aprobará en breve una nueva ordenanza de limpiezas, que prevé multas de hasta 6.000 euros para los infractores reincidentes. Se trata de un brindis al sol con guante de hierro: entre 2006 y 2007 únicamente se incoaron 27 expedientes por pintadas vandálicas. 27 expedientes en una ciudad que sufre alrededor de 45.000 pintadas al año. 27 expedientes frente a decenas de miles de infracciones que manchan millón y medio de metros cuadrados de las fachadas y vías públicas de la ciudad.

El problema de las pintadas afecta a las ciudades de los países industrializados. Y Botella, que asegura que todo grafiti es vandalismo, cuenta en esta guerra global con importantes aliados. Tony Blair lideró al final su mandato como primer ministro la campaña Keep Britain Tidy (Mantén limpio Reino Unido) que tenía uno de sus pilares en la tolerancia cero frente a los grafitis. Junto con otros 123 parlamentarios británicos firmó en 2006 una declaración que aseguraba: “El grafiti no es arte, es un delito”. Varias redadas en el Reino Unido han llevado a famosos escritores de grafitis a la cárcel.

Australia fue aún más lejos y vetó en 2006 la comercialización del videojuego de grafitis Marc Ecko’s Getting Up, por promover la delincuencia: consistía en pintar contra una tiranía ficticia.

Para la exitosa cruzada contra el crimen de Nueva York en los años 90, su entonces alcalde, Rudolf Giuliani, también combatió las pintadas como un asunto fundamental de seguridad pública. Se justificaba en la teoría de las ventanas rotas, que defiende que para ponerle freno al crimen hay que pelear con la misma dureza contra los pequeños delitos, aquellos que rompen ventanas y pintan grafitis. La permisividad con las faltas menores anima a cometer delitos mayores.

Puede que no le falte razón: el pasado noviembre, la revista Science publicó un estudio que mostraba a la gente mucho más inclinada a desobedecer señales, tirar basura e incluso robar cuando se hallaban en un entorno sucio o con presencia de grafitis. En concreto, en un escenario en el que reinaran los tags, la posibilidad de que los sujetos estudiados robaran se multiplicó por dos. Eso sí, a los científicos holandeses responsables del estudio sólo les valían pintadas vandálicas y firmas sucias; nada de grafitis trabajados o con cierto criterio estético. La sensación de abandono es la clave.

Contra eso pelean los comerciantes de las calles más concurridas de las ciudades españolas. Contratan a grafiteros de calidad para que adornen los cierres de sus tiendas: en teoría, el código ético de los escritores impedirá que otro ensucie encima. En la práctica, es un remedio inútil: el vándalo vuelve a portarse como tal.

Pero es un mal endémico en el que no todos pierden. Cada año circulan en España más de siete millones de botes de spray, muchos comercializados por una empresa española, Montana Colors, de las más importantes del sector. El 90% se usarán en las paredes de las ciudades, en su mayoría sin permiso.

Un problema que según expertos y grafiteros no tiene solución, una batalla sin fin. A mayor multa, más rápido se pinta y más se ensucia. En ciudades como Barcelona, los servicios de limpieza ya no actúan en grupos numerosos contra grafitis trabajados y se adaptan con pequeños equipos que se mueven con rapidez frente a pequeñas agresiones en fachadas y monumentos de especial importancia.

“Giuliani limpió las calles, es verdad, pero ¿a qué coste? Millones de dólares en brigadas especiales de limpieza, en policía, y muchas familias ahogadas por multas que nunca podrán pagar”. Antoni Gabarre, muralista y educador social, ha conseguido en Jerez lo que muy pocos: reducir el gasto en limpieza año a año, reduciendo los tags de las calles al reconducir a los jóvenes hacia el grafiti de mural. Ellos tienen paredes en las que expresarse libremente, Gabarre les enseña a pintar bien y algunos de los chicos llegan a escuelas de arte. Hay más localidades en España que apuestan por este tipo de políticas, pero pocas son grandes capitales.

La cuestión no parece estar en decidir si la pintada es arte o delito sino en combatir a los delincuentes y prestar espacio a los artistas. Es una cuestión estética cuya decisión final no debería dejarse al arbitrio de cualquiera. En 1992, un grupo de los Éclaireurs de France –los boy scouts franceses–, mientras limpiaban las paredes de la gruta de Mayrières, borraron algunas de las pinturas rupestres de bisontes que algún vándalo pintarrajeó allí hace 15.000 años. No supieron distinguirlas.

Madrid
Animado por la nueva Ley de Medidas Urgentes aprobada  por Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid, la capital multiplicará la cuantía de las multas. Cuando se apruebe la reforma -probablemente en febrero- los grafiteros se expondrán a multas que oscilarán entre los 300 y los 6.000 euros, en función de la gravedad de la pintada y de la reincidencia. Con el régimen sancionador actual, las multas oscilaban entre los 60 y los 150 euros. El redactado actual del proyecto ofrece la posibilidad de sustituir la multa por la tareas de limpieza de pintadas, pero de un modo discrecional y arbitrario.

Zaragoza
El pasado mes de octubre, el consistorio presidido por Juan Alberto Belloch aumentó el importe de las multas para los grafiteros desde los 120 euros hasta los 1.500 euros actuales.

Málaga
Tras innumerables quejas por parte de las asociaciones de comerciantes de Málaga, el Ayuntamiento optó por endurecer las multas el pasado mes de noviembre. Desde entonces, los grafiteros se exponen a sanciones de hasta 3.000 euros; antes, eran de 150 euros como máximo.

Barcelona
Aunque el gasto en limpieza no deja de crecer, el Ayuntamiento mantendrá las multas entre los 750 y los 3.000 euros que recoge el régimen sancionatorio actual.