El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.

El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.

Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.

El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.

Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.

En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.

Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.

Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.

Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda 'aclarar' la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.

La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España 'no es suficientemente consciente' del carácter multilingüe de su sociedad y de las 'virtudes' que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el 'poco interés' de los medios.