La máxima reparación que el Gobierno ofrece a las víctimas de la violencia franquista será una declaración oficial que les reconozca su limpieza moral y su memoria. Desde ayer, los afectados podrán solicitarlo a través de la página web del Ministerio de Justicia. El documento hace una especial mención a la 'carencia de vigencia de las condenas' de los tribunales franquistas.
Sin embargo, los familiares de algunos de los condenados a muerte tras juicios plagados de irregularidades quieren que el reconocimiento vaya más allá y, directamente, se anulen esas causas.
'Cuando se anulen los juicios sumarísimos como el que condenó a mi padre, se habrán cerrado las heridas', reclama Coral Pellicer, hija y sobrina de fusilados. Pellicer (Valencia, 1937) se quedó huérfana en 1940, apenas un año después del fin de la guerra en la que su padre luchó en la Columna de Hierro del frente en Teruel. Un tribunal militar de los vencedores buscó todo tipo de tretas para condenar a muerte a su padre, José Pellicer, militante anarquista, por rebelión. 'Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación', declara hoy su hija.
'Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación'
Pellicer solicitó en marzo del año pasado la revisión de la condena de su padre ante el Tribunal Supremo. El recurso fue rechazado por tres argumentos: la Constitución -citada en el recurso- no tiene carácter retroactivo, no existen datos nuevos que justifiquen una revisión y la justicia que le condenó era la vigente.
El Ministerio ofrece ahora la alternativa a las anulaciones que tanto el Supremo como el Constitucional se niegan a conceder. Los beneficiarios son aquellos que acrediten documentación que demuestre que 'sufrieron persecuciones o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura'. Los reconocimientos pueden ser solicitados por las víctimas vivas o los familiares y la compensación, en ningún caso, tiene un carácter retributivo.
El departamento de Mariano Fernández Bermejo puso en funcionamiento también ayer una herramienta para facilitar la investigación del franquismo a los historiadores. Los científicos podrán solicitar a través de la web las defunciones de los registros civiles para consultar los fallecidos relacionados con la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transición.
Las declaraciones de la reparación y la apertura de la información de los registros son dos compromisos de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007. Además, Justicia ha puesto a disposición de las víctimas los reconocimientos a los voluntarios de las Brigadas Internacionales y las solicitudes de nacionalidad para los nietos de exiliados.
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