Este miércoles fue silenciosa. Cambiaron las formas para denunciar el mismo fondo. Manifestantes con cinta aislante en las muñecas, a modo de esposas, levantaron la misma pancarta que izan desde hace años contra la política sanitaria de Esperanza Aguirre: Por una sanidad pública, no a la privatización. Fue la enésima protesta de colectivos ciudadanos y sindicales contra la deriva privatizadora de la Comunidad madrileña. Solo varió el escenario -ayer fue el Hospital Clínico San Carlos-.

La guerra abierta entre los sindicatos y el Gobierno de Aguirre conoció el lunes su declaración firmada en forma de vídeo. Una cinta distribuida por el ejecutivo autonómico ha colmado la paciencia de los colectivos sociales, que denuncian que el ultraliberalismo que abandera la presidenta madrileña amenaza con liquidar el sistema sanitario público en Madrid. Aguirre y Güemes son 'el primer peligro de la sanidad madrileña', según denuncia el PSOE regional. 'Hay una campaña de acoso y manipulación que recuerda a otras sufridas por el PP en el pasado', argumentaba ayer un portavoz popular.

La refriega puede acabar en los tribunales. El Ejecutivo de Aguirre defiende que las concentraciones contra su política sanitaria son cualquier cosa menos espontáneas. Para defender esta idea, han puesto en circulación un vídeo, grabado por sus servicios de prensa, en el que aparecen, entre los manifestantes, algunos representantes de los trabajadores identificados en un rótulo con su filiación sindical. UGT, CC.OO. y CGT se plantean ahora emprender acciones legales contra esta insólita iniciativa.

Los sindicatos consideran que la ofensiva de la Comunidad de Madrid es 'un ataque a la libertad sindical, que está amparada constitucionalmente', según CC.OO. Además, los representantes de los trabajadores denuncian que revelar la condición de liberado sindical de algunas personas que aparecen en la cinta sin su consentimiento es un hecho 'muy grave', según lo califica UGT, y susceptible de ser denunciado ante la Agencia de Protección de Datos.

Los datos laborales de los funcionarios de la Comunidad de Madrid se encuentran 'en ficheros protegidos', según CC.OO. Su utilización sin la previa autorización de los afectados está prohibida, según destacan en el sindicato. ¿Quién señaló a los sindicalistas identificados por Aguirre? Los sindicatos piden al Gobierno regional que lo aclare. Mientras tanto, lanzan sus sospechas sobre los responsables de personal del Hospital madrileño Puerta de Hierro -donde se grabó el vídeo-, y apuntan al gerente del centro. Desde la Consejería de Sanidad, una portavoz responsabilizó ayer 'a los propios trabajadores'. Sanidad rechazó hacer más comentarios.

Lo que el portavoz regional del PP, David Pérez, llamó 'insultos, mentiras y agresiones', es el legítimo derecho a expresar sus críticas que defienden los sindicatos. 'Las iras izquierdistas' de las que habló Pérez son una 'criminalización' de los sindicalistas, según la CGT -dos de los trabajadores señalados en el vídeo pertenecen a esta central-.

Es una 'absoluta barbaridad' tratar a los representantes de los trabajadores 'como delincuentes', asegura CGT, sindicato que denunciaba ayer la ofensiva del Gobierno Aguirre con una expresión como resumen: 'Es una cacería'.

Por el fondo y por las formas. Pero también porque la autosuficiencia con la que Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, están cediendo a la empresa la gestión de sus hospitales nuevos les afecta en su día a día. Los sindicatos de la sanidad protestan: a través de correos electrónicos y por teléfono. Sus acciones son contínuas y no se limitan a sujetar una pancarta.

Haya o no visita institucional con lluvia de flashes, los sindicatos protestan porque sus condiciones de trabajo empeoran. Porque cada vez son menos profesionales, mientras aumenta el número de pacientes. Y si empeoran sus condiciones de trabajo, empeora la calidad asistencial.

El pasado 31 de julio, la Dirección General de Recursos Humanos de Sanidad dictó una resolución en que prohíbe a todos los gerentes de los hospitales 'la contratación de personal laboral temporal, y/o suscripción de nombramientos de personal estatutario de carácter eventual, salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables'. Como denuncian CCOO y UGT, esto afecta incluso a las bajas por incapacidad temporal. El Hospital Ramón y Cajal, el 12 de Octubre y el de Getafe ya se han visto afectados por la medida. Este último tiene previsto cerrar 117 camas, según denuncia CSIT.

Otro ejemplo de que la lucha sindical va más allá de la oposición al modelo privatizador de Aguirre es el hecho de que los laboratorios y la radiología ahora dependen de empresas privadas externas a los hospitales. Los sindicatos y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) recuerdan que la red pública tiene profesionales y medios para seguir ofreciendo dichos servicios. Además, los profesionales consideran que la externalización supone correr riesgos innecesarios, al tener que transportar las muestras.

Según la FADSP, el modelo de iniciativa de financiación privada, presente en todos los hospitales nuevos excepto en el de Valdemoro y los tres pendientes de construir, ha derivado en una disminución de la ratio de camas por habitante. Por otra parte, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública destapa que el anuncio de que los madrileños podrán elegir hospital oculta la intención de derivarlos a los centros de gestión privada, según critican, para que el negocio les salga más rentable.