Todavía no ha decidido si abrirá la primera causa penal sobre la Guerra Civil, pero continúa recabando datos. Y no acepta negativas. Por eso, la providencia del juez Baltasar Garzón sobre las diligencias para recabar datos sobre las víctimas de la Guerra Civil y represión franquista empieza insistiendo en su petición de información sobre desaparecidos y asesinados a la Conferencia Episcopal Española.

El juez recuerda que su requerimiento anterior fue respondido con un 'esta institución no tiene competencia para contestar'. Ahora, apela al 'organismo que corresponda de la Junta Episcopal o de la Conferencia Episcopal' para que, 'en aras a la colaboración con la Administración de la Justicia', se pidan los datos solicitados a cada diócesis y estas, a su vez, a cada parroquia y registro. El magistrado precisa que procedan 'guardando la máxima confidencialidad'.

Los denunciantes han presentado en el Juzgado copias de libros parroquiales en los que constan los fusilados en ciertas localidades. Por eso, están tan dolidos con la respuesta dada al juez por la Conferencia Episcopal. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hizo público ayer un comunicado en el que exigía a la Conferencia Episcopal información sobre los cementerios que han gestionado durante años. 'La Iglesia debe aceptar todo su pasado y no cubrirse con un manto de víctima y no esconder su intensa labor como verdugo'.

El magistrado también se dirige a la Abadía del Valle de los Caídos para que 'en un plazo razonable pero urgente' le entregue el libro en el que se registraron las inhumaciones y los traslados de cuerpos a Cuelgamuros. Le pide que precise qué dificulta su labor, para poder dirigirse al organismo oportuno.

Precisamente, en función de la contestación que ya le ha dado el Archivo General de la Administración, Garzón ha ampliado la lista de organismos a los que solicita datos. En concreto, se ha dirigido a los fondos judiciales de los tribunales de Madrid desde 1936. En ellos están incluidos los creados durante la defensa de la capital después del golpe de Estado de Franco, en los que espera encontrar datos de personas desaparecidas o fallecidas bajo el Gobierno de la República.

Una vez obtenidos, el juez, cuya única condición para la búsqueda de información es que los hechos sean posteriores al 17 de julio de 1936, determinará si pueden englobarse con los cometidos por el bando nacional o si obedecían a otras circunstancias, algo fundamental para pronunciarse sobre la competencia.

La resolución del magistrado, que podría estar lista en una semana, declarará previsiblemente que la Audiencia puede investigar lo sucedido hace 70 años. Para ello, Garzón debe considerar que esos crímenes son constitutivos de ser delitos contra la humanidad y que respondían a un plan sistemático, algo que puede no encajar con los asesinatos cometidos en la República, según fuentes jurídicas.

En cualquier caso, el juez necesita más datos antes de decidir. De ahí que también solicite el fondo documental Inscripción en el Registro Civil de Desaparecidos en la Guerra, que reúne expedientes desde 1939 hasta 1948, así como las causas abiertas en relación con desaparecidos y asesinados durante la guerra y la posguerra.

Además de ambas peticiones, dirigidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, el magistrado también solicita a la Dirección General de Prisiones 'la vida penal de los detenidos como consecuencia de la guerra, juzgados y condenados y fallecidos por causas comunes'. Al Archivo de Salamanca, le demanda los fondos documentales relativos al Auxilio Social (principal institución del régimen franquista dedicada a la beneficencia) para obtener un listado de los padres de los niños que atendieron.

La solicitud de información también se dirige al Ministerio de Exteriores para tener acceso a los documentos del Gobierno republicano en el exilio, que están en poder de la Embajada española en México.