Desde que en 2003 tomó el mando de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha aplicado a las políticas autonómicas su ideario neoliberal. La sanidad y la educación públicas han sufrido los mayores envites privatizadores por parte de la presidenta, pero no son los únicos ámbitos de la Admistración que alcanza.

Quizá el sector que más claramente representa el afán privatizador de Aguirre sea la sanidad. La presidenta ha instalado un modelo de gestión que prioriza la iniciativa privada en los nuevos hospitales madrileños. Es el caso de los centros de Valdemoro, San Sebastián de los Reyes o Vallecas, entre otros. No sólo ofrece a las empresas las instalaciones apropiadas para desarrollar el negocio, sino una demanda segura, la de todos los pacientes asignados a cada una de las áreas sanitarias.

También los tres hospitales que ahora mismo están en construcción seguirán el mismo camino. Pese a las iniciativas en contra de toda la oposición, Aguirre concedió al sector privado la gestión de los futuros hospitales de Móstoles, Collado-Villalba y Torrejón. Una empresa construirá y explotará los nuevos centros, tanto en cuanto a los servicios no sanitarios como la asistencia médica.

La política de Aguirre alcanza también a los ambulatorios. Además de la Fundación Jiménez Díaz, la empresa privada Capio gestiona dos ambulatorios madrileños: Pontones y Quintana.

También la educación ha sido víctima de la política del PP madrileño. Probablemente el caso más flagrante sea el de un colegio en el municipio de El Álamo. El Ayuntamiento alegó razones económicas para ceder el colegio, recién construido, al capital privado para que pasara a ser concertado. Según su alcalde, el consistorio no podía afrontar el coste de su gestión. Al mismo tiempo alegó que dotaría a los padres de mayor elección entre educación pública y concertada. El Gobierno Aguirre lo respaldó con el mismo argumento.

Aunque la ley no lo permite, el Gobierno Aguirre no dudó en extender a la cadena pública su intención liberalizadora. Hace sólo dos semanas anunció su intención de privatizar 'en cuanto la ley lo permita' la televisión autonómica. La razón que esgrimieron: 'El PP está en contra de los medios de titularidad pública' porque la información debe estar 'en manos de la iniciativa privada'.

Para el desarrollo de las nuevas líneas de metro ligero Aguirre contó con el capital privado, el mismo método que utilizó Gallardón en la línea 9 de Metro.