“Es muy impactante. La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos”. La declaración, de hace una semana, es de Baltasar Garzón después de asistir a una exhumación de cadáveres en Apartadó (Colombia). El titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha tenido, a sólo 200 kilómetros de su despacho, 110 fosas comunes que han sido exhumadas en los últimos siete años. Él no había asistido hasta ahora a ninguna de ellas.

Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.

Para ello, ha solicitado toda la información que pueda estar archivada en algún cuarto oscuro de los ministerios de Defensa, Interior y Cultura. También los datos sobre muertos en los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid. Y, sobre todo, ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas. Uno de los libros relacionados con una de las fosas más grandes de presos republicanos se encuentra a pocos metros de la tumba de su verdugo. Los documentos de la basílica del Valle de los Caídos están entre los que Garzón exige investigar.

La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.

Uno de los denunciantes es el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este letrado presentó una denuncia en la Audiencia el 14 de diciembre de 2006. Es el tribunal competente para investigar atentados contra los derechos humanos, según sentencia del Constitucional.

Ese mismo 14 de diciembre se debatió por primera vez en el Congreso de los Diputados la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre del año pasado. En opinión de Magán, Baltasar Garzón trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”.

Pese a las diligencias previas abiertas ayer por el juez, la Audiencia no ha dilucidado aún si existe un caso de genocidio que investigar. Primero debe dictaminar que las desapariciones registradas en España fueron forzosas y que obedecieron a un objetivo común político.

Se trata de unir a todas las víctimas de los fusilamientos en un mismo proceso. En otras ocasiones, las víctimas han acudido sin éxito a los juzgados correspondientes al lugar del suceso. Hasta ahora, los jueces han considerado que una desaparición individual de la que han pasado tres décadas está archivada.

Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. “Los que pudieran aparecer ahora en una sentencia ya no tienen edad de cumplir pena”, añade el abogado.

Las diligencias abiertas afectarán a archivos históricos como el de Salamanca. Ahí espera encontrar fichas que certifiquen los miles de fusilamientos que sólo se conocen por testimonios orales y el paradero de los cuerpos. La mayoría de estos paseos fueron registrados en los 40, pero otros muchos se conocieron a raíz de las indemnizaciones a represaliados impulsadas por el gobierno de Felipe González. 

El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, aseguró que a la asociación a la que pertenece le parece 'muy bien' la orden del juez Baltasar Garzón de elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo.

'Llevamos 8 años realizando un trabajo que le corresponde a un Estado democrático', afirmó Macías, quien resaltó que, a diferencia de España, 'hay países subdesarrollados que buscan a sus muertos y los devuelven a su familiares y en España, lógicamente, tiene que ser así'.

Macías recordó que durante estos años de trabajo, la ARMH consiguió recuperar 1.200 cuerpos y devolverlos a sus familias. 'A partir de ahora -concretó- no estaría mal que sea desde arriba desde donde se elabore tanto el censo de desaparecidos y represaliados como la ubicación de los lugares donde reposan'.

El vicepresidente de la ARMH afirmó que, a partir de ahora, se abre 'un frente diferente' e insistió en que la garantía de los Derechos Humanos 'es una labor que no le corresponde a una asociación'.