La era Antonio Barrientos se resiste al ocaso. El pleno de Estepona aceptó el viernes la renuncia de su ex alcalde, encarcelado cautelarmente por cohecho, blanqueo, malversación y tráfico de influencias. Culminaba así su desvinculación formal del poder, que empezó el 18 de junio, cuando el PSOE lo expulsó al estallar la operación Astapa, que desveló, llevándose por delante a 26 arrestados entre ediles y ex ediles, técnicos municipales y empresarios, una trama de corrupción urbanística y blanqueo con evocaciones marbellíes. Barrientos ya no está. Pero sí su sombra y su herencia, que dificultan toda renovación.

La era Barrientos permanece en la continuidad de los cuatro socialistas imputados (ya expulsados del PSOE), que mantienen sus actas aunque hayan perdido sus concejalías en el Gobierno. Son Asunción López, Mariví López, Marisa Rodríguez y Francisco Zamorano. Su aferramiento al poder veta aritméticamente la Alcaldía a la corriente del PSOE crítica con Barrientos, que pretende llegar al poder e iniciar “la renovación de arriba a abajo”, según uno de sus ediles, que admite que “borrar el barrientismo es casi imposible”.

Pero ocurre que, incluso si dejaran sus actas y la lista corriese, la herencia de Barrientos seguiría intacta, aunque ya sin imputados. Ya al salir el ex alcalde el viernes, entró Sergio López, miembro del gabinete de Alcaldía de José Flores, actualmente en prisión como mano derecha de Barrientos. Si entrasen otros cuatro nuevos, los tres primeros serían también cargos de confianza en diversas áreas del Ayuntamiento colocados por Barrientos, que durante cinco años, y junto a Zamorano, capitaneó una alocada política de personal donde la comprobación de méritos era un requisito menor.

Duarte doblega a Zamorano

El caso de Zamorano es elocuente de la ruptura en dos del poder municipal y del PSOE local. Él llevaba, hasta ser destituido la pasada semana, la concejalía de Hacienda, comprometedora cuando la investigación apunta a enriquecimientos ilícitos y financiaciones ilegales.

Zamorano mantiene un enfrentamiento con Rafael Duarte, concejal de Urbanismo (PSOE), llegado a Estepona en 2007. De momento, en esa batalla, gana Duarte. No en vano, ya se ha quedado, tras la remodelación del Gobierno por la expulsión de los imputados, con Hacienda.

La pérdida de poder de Zamorano fue precipitada también por el propio Duarte, que dio la alarma para que a los imputados les fuera prohibido el acceso a las dependencias municipales fuera del horario laboral. Luego llegó la destitución. Todo ello en un clima de sospecha permanente.

Mientras sigue sin conocerse cuándo empezará la siguiente oleada de declaraciones ante la juez, muchos se preguntan: ¿Por dónde seguirá la investigación? “Esto no ha hecho más que empezar”, afirma un funcionario, sorprendido porque nadie haya interrogado, por ejemplo, a María Miralles, responsable de Disciplina Urbanística de 2003 a 2007 (PSOE).

Candidatos e incógnitas

El PSOE regional, que por voz de Manuel Chaves ha negado haber tenido conocimiento de que dos concejales suyos habían denunciado los manejos de Barrientos antes de las últimas municipales, asiste a los acontecimientos con un escaso margen de actuación, incapaz de decantarse abiertamente por un candidato a la alcaldía hasta que se sepa si su hombre fuerte, Duarte, sale imputado de su declaración ante la juez y puede, al menos, gobernar en minoría gracias a los votos de los imputados.
El día 15 se celebra el pleno para elegir alcalde. “Debemos elegirlo entre todos”, afirma el andalucista Rafael Montesinos, regidor accidental. No será fácil. Tanto él como el propio Duarte, que en la situación actual encarnan el mayor apego por la legalidad dentro del Gobierno, han declarado ante la Policía Nacional como imputados. “Yo estoy tan imputado como Duarte”, se encarga de recordar Zamorano. Si esta condición se refrendase tras pasar ante la juez, Duarte no podría ser la carta del PSOE.

¿Quién, entonces? La lista electoral del PSOE habla: el siguiente no imputado judicialmente es el número 6, David Valadez, que lleva años denunciando a Barrientos. Varias fuentes coinciden en que “jamás” contará con el apoyo de los socialistas imputados. La número 7, Cristina Rodríguez, muy cercana a Valadez, también sería vetada. Si Duarte sale mal parado de su declaración judicial, los expulsados del PSOE se decantarían por Antonio Sánchez, concejal de Seguridad desde 2007, nombre que ya ha estado sobre la mesa en diversas reuniones entre imputados y ediles del PSOE limpios, informan a Público fuentes municipales.