Parecía que el congreso del PP había conseguido orillar las tesis más españolistas. Pero el espejismo ha durado tres días. Ayer, el PP unió fuerzas con 18 intelectuales españolistas, próximos a UPyD y liderados por el filósofo Fernando Savater, que presentaron el lunes en Madrid un manifiesto reivindicando la preeminencia del castellano sobre el resto de lenguas y que ha tenido eco en la derecha mediática.

El texto, que denuncia políticas que el PP ha apoyado o promovido donde gobierna o lo ha hecho, pretende que el castellano sea vehicular en la enseñanza y exige adaptar la Constitución y los estatutos a dicha supremacía.

Después de saberse la adhesión de Rajoy (pero también de ex diputados del PSOE como Joaquín Leguina o José Acosta) Savater cargó contra el Gobierno afirmando que “la lengua común es un bien” que se niega “para tapar miserias”.

Las administraciones catalanas están habituadas a manifiestos así (hace tres años uno simular alumbró a Ciudadanos). Desde la convicción de que en Catalunya no hay conflicto lingüístico se lo toman con flema. Joaquim Nadal, del PSC, en función de conseller portavoz del Govern, afirmó que preservarán su modelo “para que se pueda vivir en catalán y en castellano”.

En Catalunya sólo una minoría percibe la lengua como problema y el PP catalán huye del debate, sabedor que les complica alianzas con CiU. Se asume que el apoyo a la lengua es, a menudo, proporcional a su buena o mala salud.

El caso del catalán es paradigmático. Se habla en cuatro países. En el Estado español en Catalunya, País Valenciano, Baleares y Aragón. Los datos de uso y conocimiento tienen mucho o todo que ver con su estatus. Hace un siglo su área lingüística era monolingüe. Donde mejor salud tiene es en Andorra –única lengua oficial– y en Catalunya, donde ha alternado prohibición y protección.

El catalán agoniza en cambio en Pirineos Orientales (Francia), donde lleva cuatro siglos proscrito. Situación similar atraviesa en l’Alger, en Cerdeña. En Baleares y el País Valenciano, donde el PP ha gobernado gran parte del periodo democrático, ha perdido vitalidad y pagado la bronca en torno a su unidad lingüística.

La lengua ocupa parte del debate en Galicia. Hace semanas, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, del PSdG, oteó la ofensiva “política, cultural y social” contra su política lingüística. Meses antes, el decreto que regula los usos lingüísticos en la enseñanza provocaba un arduo debate entre el bipartito y el PP. El decreto establece el uso de las dos lenguas al 50%.

Lo que sucede en Madrid en este tema no resulta inadvertido. La web del PPdeG, que se elaboró en gallego cuando Fraga hacía y deshacía, es ahora bilingüe.

Euskadi tampoco esquiva la polémica. La consejería de Educación (EA) prevé eliminar los actuales modelos lingüísticos A (en castellano con el euskara como asignatura), B (bilingüe) y D (en euskara con el castellano como asignatura). Establecerá el euskara como lengua principal con críticas de PSOE y PP.