Como si de un mercado de carne se tratara, una red organizada captaba mujeres en Rusia para explotarlas sexualmente en España y otros países de Europa. Las chicas dejaban su país creyendo que trabajarían como modelos o bailarinas, pero después se encontraban con la cruda realidad: bajo amenazas permanecían hacinadas en pisos, de donde sólo salían para prostituirse y poder así saldar la deuda de 3.000 euros que habían contraído con el viaje.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han finalizado la tercera fase para desarticular la mayor red de tráfico de mujeres para su explotación sexual. En esta última fase han sido detenidas 24 personas (19 españolas), acusadas de delitos de trata de personas, explotación y agresiones sexuales, así como de blanqueo de dinero.

Otras 60 mujeres, que eran obligadas a prostituirse en distintos clubs de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), están detenidas por carecer de permiso de residencia.

Las investigaciones de las distintas Unidades contra Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) pudieron comprobar que la red en España estaba formada por matrimonios de nacionales y rusas, propietarios de los locales de alterne. Casi siempre se repetía el mismo patrón: el hombre gestionaba el local mientras que la mujer contactaba con los traficantes en Rusia.

Pago de la deuda

En este país (donde han sido imputadas 53 personas) una red perfectamente organizada se encargaba de contactar con las chicas. Les prometían un trabajo de bailarina o modelo y les conseguían visados y billetes para poder viajar fuera de Rusia, señalaron ayer fuentes policiales.

Ya en España, debían pagar su propia compra y enviar los 3.000 euros de deuda a su país de origen. Para evitar sospechas, la red creó numerosas entidades societarias para el envío de dinero: se calcula que desde 2006 el dinero remitido a Rusia supera los dos millones de euros.

Gracias a los testimonios de las víctimas (desde que se inició la operación hace un año se han localizado 400 mujeres), los agentes supieron que vivían hacinadas en pisos que pertenecían a los dueños de los clubs.

Si no cumplían las normas, como llegar a tiempo al local, o no dar aviso si estaban con algún cliente, eran multadas. Las sanciones podían oscilar entre los 200 y los 2.000 euros. Las víctimas tenían entre 18 y 25 años.