El calvario que están viviendo los docentes de Religión que hace ocho años secundaron una huelga en Canarias parece no tener fin. Desde que la Iglesia se tomó la revancha y decidió no renovar sus contratos, los maestros y la jerarquía católica no han dejado de pleitear. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido tres sentencias en las que condena al Obispado a indemnizar a dos profesores con 24.000 euros por vulnerar sus derechos sindicales y de libertad de expresión y en las que ordena al Gobierno autonómico a readmitirlos en sus puestos de trabajo.

Son los casos de Araceli del Carmen Gómez Jaén, despedida siete veces, y de Rafael Ramírez, que además de enseñar esta asignatura es presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión de Comunidades autónomas (FEPER) y miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), uno de los sindicatos más implicados en la defensa de estos docentes.

En la última sentencia que obliga al Obispado a readmitir a Araceli del Carmen Gómez, el tribunal autonómico recrimina la conducta de la Prelatura, que 'no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental', lo que para los jueces merece un 'reproche jurídico absoluto'.

Las críticas al Obispado y al Gobierno canario no quedan ahí. El TSJC denuncia que la administración justifique la no renovación de los contratos 'aunque se vulneren derechos fundamentales'. 'Pocas consideraciones', afirma la sentencia, 'merece tamaña barbaridad de argumento, que sorprende que lo emplee una administración pública'.

Una cuarta sentencia, en este caso del Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas, declara nulo el séptimo despido de la profesora Gómez Jaen y condena al Gobierno canario a readmitirla y a indemnizarla con 6.000 euros por daños morales.

La situación de estos maestros está regulada por los acuerdos con la Santa Sede: los contrata y los paga el Estado, pero los obispos son los que eligen a los profesores cada curso.

Requisitos morales

Desde 2007, la Conferencia Episcopal impone requisitos morales y de fe que atañen a su vida privada para certificar su idoneidad. Tanto FEPER como CCT piden la revisión de esos acuerdos porque, según denuncia Ramírez, 'la jerarquía eclesiástica los usa como patente de corso para vulnerar los derechos de estos trabajadores'.

Exigen 'corregir' una situación que se repite: despido 'encubierto', pleito, sentencia favorable al maestro, readmisión, despido, otro pleito, sentencia favorable, readmisión y otra vez vuelta a empezar con un nuevo despido.

Derecho a la intimidad

María del Carmen Galayo perdió su trabajo de profesora de Religión hace siete años cuando el vicario de la diócesis canaria supo que convivía con un hombre que no era su marido. Lo mismo les ocurrió a Paqui Urbano y a Resurrección Galera. La primera, por irse de copas con los amigos y ser concejal de IU y la segunda por casarse con un divorciado.

Derecho a la libertad sindical y de asociación

Rafael Ramírez denuncia que si los profesores se afilian a determinados sindicatos quedan marcados por los obispos.

Derecho a la libertad de expresión

Tanto Ramírez como la también profesora Margarita Pérez Eguiagaray fueron despedidos. El primero por sus denuncias como miembro del comité de empresa de la Confederación Canaria de Trabajadores. A Margarita, en cambio, la echaron por redactar una carta en la que cuestionó las actuaciones del Obispado de Canarias.