La ecuación es sencilla. Hay un millón de musulmanes en España. Más de 200.000 son musulmanes de segunda generación. Hay una treintena de profesores de religión musulmana en España. Toca a un profesor por cada 6.700 alumnos. Ahí es nada.

Para el presidente de la Junta Islámica, Mansur Escudero, esta situación es una más de las pruebas de que aunque “teóricamente estamos es un estado aconfesional, eso no se  cumple en la práctica”. Me lo dice en la oficina de la Junta Islámica en Almódovar del Río, Córdoba. Mansur Escudero es un tipo agradable, locuaz y preocupado por la situación de los musulmanes en España. Igual que  Isabel Romero, que está ahí, sentada a su lado. Isabel es la directora del Instituto Halal, la entidad que certifica que los productos y alimentos dirigidos a la población musulmana cumplen con lo establecido en la ley islámica.

Tanto Mansur como Isabel nacieron en la España católica y en su día se convirtieron al Islam. Una de cálculos: dicen que “se habla de unos 50.000 conversos en España”. Les pregunto por qué se convirtieron. Y dicen que el proceso siempre es parecido, que la conversión fue el resultado final de una larga  búsqueda para “responder a las preguntas que todos nos hacemos”.

Desigualdad de derechos 

Marginación, entonces. Mansur Escudero e Isabel Romero desgranan la madeja de los ejemplos y tienen para hablar media mañana. El resumen es que los hijos de los católicos tienen unos derechos que se les restringen a los hijos de los musulmanes. Y entonces llega una reflexión: “Coincide que esto está sucediendo con un colectivo que es inmigrante -afirma Isabel-, y ahí se produce el riesgo de marginación, porque se le abre puerta a quienes quieren provocar la radicalización. Están sembrando intolerancia”.

La Junta Islámica, al que ambos están vinculados, es una de las organizaciones que velan por los derechos de los musulmanes en España. Nació en 1989 y promovió una iniciativa que concluyó con la aprobación por unanimidad en el Congreso, en 1992, de los Acuerdos de Cooperación con los representantes de las religiones declaradas de notorio arraigo. “Los acuerdos no se están cumpliendo”, insiste Mansur Escudero.

La Junta Islámica es también la organización que solicitó que la mezquita de Córdoba pudiese ser utilizada también por los musulmanes. “Era una propuesta que, en último término, tenía un mayor peso -explica Isabel-. Pretendíamos que fuese un centro ecuménico. Dada la situación de las religiones en el mundo, pensábamos en la mezquita como ejemplo de espacio de convivencia”.

Con aquello rugió media España. La convivencia entre religiones es un asunto complejo. La creación de las condiciones sociales para la aceptación de lo diferente, también. “El Gobierno sabe que, por cualquier pasito que da, tiene a los obispos encima”, dice Isabel. Y por ahora, aseguran, no van a hacer más gestos relacionados con una reivindicación que mantienen: la de poder rezar en la Mezquita de Córdoba.

¿Violentos? 

El 57% de la población originariamente española cree que los musulmanes son violentos. La Junta Islámica dictó una fatwa contra Osama Bin Laden que dio la vuelta a medio mundo. Y el presidente de esa misma agrupación que dictó la fatwa contra Bin Laden -que ya hay que echarle valor, por cierto- asegura que ha recibido y denunciado amenazas de muerte del otro lado, de los que creen que Islam es igual a terrorismo, de la “extrema derecha”. “Hay un gran desconocimiento”, insiste. El Islam es la segunda religión con más fieles del mundo.

La Junta Islámica no es la única orgzanización que defiende los derechos de los musulmanes en España. Sí que es una de las más importantes por su arraigo y su veteranía. Y una de las reconocidas como más progresistas. Y tiene para el próximo presidente del Gobierno una petición: “Que se cumpla la ley de libertad religiosa, para que no se discrimine a nadie por su religión”.