La Ley no admite parches, aunque se trate de dejar de fumar. El ministerio de Sanidad anunció el pasado 25 de octubre que retirará a cinco comunidades autónomas las ayudas que concede para poner en marcha la ley de Prevención del Tabaquismo.

Es un ejemplo reciente. La capacidad sancionadora del Estado es limitada, cuando se trata de poner coto a la tentación normativa de las comunidades autónomas. La adaptación del traje legislativo para que se ajuste a todos los territorios deja, en ocasiones, el original irreconocible y la Ley convertida en jirones legales, cuando no en papel mojado.

La inminencia de las elecciones generales, y la proyección social de iniciativas como la Ley de Dependencia o la de Igualdad, ha hecho que algunas comunidades se hayan atrincherado en su negativa a aplicar la letra de la Ley aunque comparten su espíritu.

El ministro de Trabajo ha advertido sobre los perjuicios que ocasionan las reservas de dos comunidades, Murcia y Madrid, para aplicar la Ley de Dependencia. Otros territorios han retrasado en la medida de sus posibilidades la introducción de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Son comunidades rebeldes , y con causa, según sus responsables. La mayoría están regidas por el PP, aunque hay excepciones.

Fumando espero

Es el caso de Baleares, gobernada por el socialista Francesc Antich. Es uno de los cinco territorios se han quedado sin otros tantos millones de euros por dar la espalda a la Ley de Prevención del Tabaquismo.

Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-León y La Rioja completan la nómina de territorios que han relajado tanto el espíritu de la Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, que han acabado casi por no aplicarla. Estas cinco comunidades han visto recortados sus presupuestos para prevención del tabaquismo como única sanción. Desde Sanidad precisan que la decisión está 'totalmente alejada de visiones partidistas'.

Consideran que es 'contradictorio que reciban ayudas para aplicar una ley que no desarrollan'. Castilla-León no obliga a separar los espacios de fumadores. En Madrid la relajación en este punto es absoluta, y en Baleares, el Gobierno denunció recientemente el articulado autonómico que permite instalar máquinas de tabaco en establecimientos turísticos.

La batalla legal sigue. El 13 de noviembre, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anuló seis artículos del decreto del gobierno riojano sobre la ley anti tabaco. El Ejecutivo regional anuncia que recurrirá el fallo.

Madrid independiente

Según dónde se aplique la nueva Ley de Dependencia sus efectos llegan antes o con retraso a sus destinatarios. El secretario general de los socialistas madrileños anunció a comienzos de noviembre que su partido presentará 'alrededor de 35 demandas judiciales' contra el Gobierno de Madrid, del PP, para pedir 'el cumplimiento inmediato de la Ley de Dependencia'.

Se trata de 35 demandas individuales presentadas por grandes dependientes que han constituido una plataforma de afectados. En Madrid hay 23.000 familias con derecho a percibir una prestación que no llega por la negativa del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre.

El ministro de Trabajo denunció en el Senado que Murcia y Madrid, 'no están haciendo nada por aplicar la norma'. No evalúan a los dependientes, no comunican los datos al sistema central, que registra las solicitudes y, por tanto, no reciben dinero alguno. 'Es como el que le toca la lotería y se niega a cobrar el billete', explican en el ministerio de Trabajo.

Madrid argumenta que quiere que computen los dependientes que ya son atendidos con alguna prestación. Trabajo lo hará, pero exige que se evalúe a esos dependientes con los parámetros que establece la Ley que se aplica a los demás en el resto de España. Mientras tanto, el boicot del PP de Esperanza Aguirre a la Dependencia, mantiene a 23.000 familias sin acceder al derecho que les corresponde por ley.

Un informe elaborado por CC OO para evaluar el arranque de la Ley de Dependencia denuncia que Castilla-León, Madrid y Murcia 'parecen estar ejerciendo un papel de oposición puramente política, quizá con vistas a las próximas elecciones generales, que está dificultando muy seriamente la puesta en marcha del sistema en estos territorios'.

Boicot a la Ciudadanía

La puesta en marcha de la asignatura de Educación para la Ciudadanía también ofrece un mapa de España desigual. El Ministerio de Educación ha dado la opción a las comunidades autónomas de implantarla este curso o el próximo. Y las comunidades del PP, totalmente contrarias a una asignatura que consideran adoctrinamiento socialista se han decantado por ponerla en marcha el próximo curso o apoyar la objeción de conciencia. Algo, esto último, a lo que el Ministerio, cierra todas las puertas. 'A una asignatura obligatoria no cabe ningún tipo de objeción. Sería como si alguien objetara contra matemáticas', señalan.

En este campo, la actitud más rebelde vuelve a ser la de la Comunidad de Madrid. En más de una ocasión, la presidenta, Esperanza Aguirre, ha manifestado su voluntad de que se imparta 'la mínima Educación para la Ciudadanía posible'. Otras veces, su oposición a la asignatura ha sido todavía más radical y se ha atrevido a declarar que los escolares madrileños jamás van a tener que estudiar Educación para la Ciudadanía.

¿La razón?: confía en que el PP gane las próximas elecciones generales y la Ley Orgánica de Educación sea reformada para eliminar esta materia obligatoria. Una piedra más en un sistema educativo que siempre ha recibido la crítica de que cuando las leyes empiezan aplicarse vuelven a ser sustituidas.