A las 9.30 de la mañana de hoy varios agentes del Seprona de la Guardia Civil, entraban en las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y en las Juntas Municipales de los distritos de San Blas, Chamberí y Centro. Arrancaba la Operación Guateque. En ella, 16 personas (6 funcionarios y 10 técnicos municipales) han sido detenidas. Les acusan de cobrar comisiones a cambio de agilizar licencias de reapertura en locales de la capital, entre otros delitos.

Dos horas después de que arrancara la operación, el vicealcalde, Manuel Cobo, salía a la palestra y explicaba que el Ayuntamiento estaba al tanto de las investigaciones, iniciadas en mayo a raíz de una denuncia: 'Se ha facilitado el acceso a ordenadores de los implicados y el registro de mesas, armarios y archivos'. La Guardia Civil confirmaba después la constante colaboración municipal en la investigación.

Desvinculado de la Malaya

Por cinco veces, a preguntas de periodistas, el vicealcalde desvinculó la investigación de la Operación Malaya: 'No tiene que ver con recalificaciones urbanísticas y no hay relación [con la trama de Marbella]'.El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, señaló que no se tratan de 'hechos aislados' sino que se mantienen en el tiempo: entre un año y medio y dos. Según explicaron fuentes del caso, en la trama los empresarios que tenían urgencia por conseguir sus licencias de reapertura o retrasar una sanción, podían resolverlo con dinero. Con pagos que iban de los 3.000 a 18.000 euros los plazos se reducían de dos años a apenas unos meses. En la Asociación de Bares de Copas de Madrid creen que el sistema actual de licencias puede favorecer este tipo de situaciones: 'Pueden pasar años hasta lograr una licencia y no es descartable que algún empresario acceda al pago'.

Entre los detenidos hay abogados y arquitectos, que ejercían de intermediarios con los empresarios. Sus domicilios también han sido registrados, según fuentes de la investigación. Todos ellos están acusados de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según ha confirmado el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: 'Se trata de una trama de corrupción donde hay básicamente cohechos y cobro de comisiones ilegales y hay implicados funcionarios y gente que no lo es'.

La denuncia, de una discoteca

La operación arrancó en mayo a raíz de dos denuncias presentadas en el juzgado. Una de ellas, de una discoteca, aseguraba que le habían exigido dinero por agilizar los trámites para reabrir su local tras una reforma, según fuentes cercanas a la investigación.

Fuentes municipales aseguraron que en el Ayuntamiento, al tanto de las investigaciones, no se había recibido ninguna denuncia y que no se intervino antes para atajar la corrupción 'porque era muy difícil enterarse de lo que ocurría'. Los agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, registraron durante más de tres horas mesas, armarios y archivos y se llevaron ordenadores, maletines y cajas repletas de documentos. El portavoz municipal socialista, David Lucas, reclamó actuaciones: 'El alcalde no puede escudar la responsabilidad en los funcionarios porque detrás de estos hay cargos políticos'. La concejala de Medio Ambiente es Ana Botella y la de Urbanismo, Pilar Martínez.

El responsable de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, recordó a Gallardón que ha tolerado los actos 'porque lleva cuatro años gobernando'. Le culpó de lo ocurrido 'por someter a los ciudadanos a una maraña administrativa que propicia estas actuaciones'. Las detenciones han sido dictadas por el juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que ha decretado el secreto de sumario. Por eso no ha trascendido el nombre de los detenidos. Previsiblemente pasarán a disposición judicial el sábado.

Seis funcionarios del Ayuntamiento han sido detenidos. Además 10 técnicos municipales que trabajaban a tiempo parcial en el Consistorio están implicados. Entre ellos hay abogados, arquitectos o ingenieros, según fuentes del caso.

La trama de cobro de comisiones se localizaba en locales de entretenimiento y restaurantes. Se centraba en los que tenían que hacer obras de reformas. Los implicados supuestamente ofrecían agilizar las licencias de reapertura a cambio de un dinero. Si el empresario se negaba a pagar las visitas de los técnicos municipales que debían dar el visto bueno a las obras se demoraban, tardaban más de lo habitual. También podía pasar que durante la inspección los peritos pusieran pegas por cualquier minucia: si el cuarto de baño ocupaba un centímetro de más de lo estipulado en la normativa ordenaban derribarlo o de lo contrario el empresario no obtendría la licencia.

Los implicados en la trama supuestamente cobraban a los empresarios entre 3.000 y 18.000 euros por cada licencia de reapertura. El dueño de una discoteca que se negó a pagar fue el que presentó la denuncia e hizo saltar la liebre.

Hasta hace cinco meses, técnicos del grupo socialista trabajaban desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. El grupo tenía incluso un despacho propio. Llevaban allí desde hacía más de 15 años. Tras las elecciones, el Consistorio decidió que los técnicos, como eran de la oposición, no tenían por qué estar en la gerencia y los envió a la calle Mayor, con el resto de concejales.

Entonces, el PSOE acusó al Gobierno municipal de querer quitarles de en medio. En la campaña electoral, el candidato socialista a la Alcaldía, Miguel Sebastián, denunció, las “40 visitas” de Monserrat Corulla, implicada en la ‘Operación Malaya’, a la Gerencia de Urbanismo.