Manuel sufre parálisis en el 99% de su cuerpo y sólo puede mover los párpados y algún músculo de la cara. Helena, su ex mujer, solicitó en agosto una orden de protección contra él porque, aunque ella vive en Madrid y él en Santander, 'tenía miedo a sufrir agresiones', justifica su abogado.

El juez desestimó la petición y el letrado de Manuel habla de 'un caso más de denuncia falsa por violencia de género'. Con este tipo de demandas, cuenta, algunas ex mujeres 'se benefician de la llamada ‘discriminación positiva' de la Ley de Violencia de Género e intentan conseguir la custodia de los hijos o alejar a los padres durante algún tiempo, hasta que éstos recurren'. La cifra de denuncias falsas que se han presentado se desconoce porque se pierde entre los casos donde hay falta de pruebas.

Sin embargo, desde junio de 2005 -cuando entró en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- se han abierto cerca de 300.000 procedimientos en los juzgados de violencia contra la mujer. Fruto de ellos, 50.086 hombres han sido condenados por violencia machista.

Desde 2003, todas las condenas van acompañadas de una orden de alejamiento que se dicta de forma automática. Incluidas las condenas de delitos leves, por amenazas o agresiones sin resultado de lesión que antes eran consideradas faltas. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Montserrat Comas, propuso hace dos semanas en el Congreso que los jueces decidan si dictan órdenes de alejamiento, en función del caso concreto.

Detenciones injustas

Una de las magistradas que se ha mostrado más crítica con el trato que están recibiendo los hombres con esta ley es María Sanahuja, la jueza decana de Barcelona. La letrada explica que la Policía a veces pasa a la detención inmediata del sujeto para 'cubrirse las espaldas' y se toman simples empujones o discusiones como 'faltas graves'. Ante esta situación, Sanahuja exige que los magistrados sean más cuidadosos porque 'no resulta agradable para nadie que le detengan en su puesto de trabajo o en su casa, cuando no hay razones para ello'.

Parte de los hombres que se consideran 'afectados' por estas medidas se agrupan desde hace años en colectivos como Projusticia o la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados (CEMPS). Estas asociaciones explican que 'las denuncias falsas y el Síndrome de Alienación Parental (SAP)' son los principales problemas con los que se encuentran tras la aprobación de la ley.

El SAP es el mecanismo mediante el cual uno de los padres empuja al hijo a odiar al otro. Para evitar llegar a esta situación, el portavoz de CEMPS, Domingo González, defiende la custodia compartida. En el 90% de los casos la custodia se otorga a la mujer, según un estudio del Observatorio contra la Violencia de Género, y no suele haber rectificaciones.

Casos extremos

El 4 de julio pasado, una jueza de Manresa dictó una sentencia de divorcio pionera en España: retiró la custodia de una menor a su madre para dársela al padre, alegando que la mujer estaba manipulando a la niña en contra del otro progenitor.

En los casos más desesperados hay padres que han llegado a prenderse fuego o a emprender huelgas de hambre. Richard Monteghepardi lleva 13 días en esta situación frente al Ministerio de Justicia, en Madrid. Ha perdido seis kilos y asegura que aguantará 'pase lo que pase, porque todos los hijos tienen derecho a ver a sus padres'.