Parecía una sentencia (ver texto) más y, sin embargo, ha sacudido los cimientos de la lucha policial y judicial contra el terrorismo islamista. La absolución el pasado viernes de los siete presuntos integrantes de una célula desarticulada en 2004 por financiar y dotar de documentación falsa a mujahidines que viajaban a Irak ha provocado un enorme malestar tanto en la Policía como en la propia Audiencia Nacional.

Y no tanto por la absolución –”no es la primera ni será la última”, reconocía ayer un veterano agente–, sino por los argumentos utilizados por los tres magistrados que la firman para sustentarla. En concreto, la sentencia consideraba nulas todas las intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación, ya que consideran que ni la Policía ni el juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, había fundamentado las mismas en datos objetivos, sino simplemente en “meras suposiciones y conjeturas”. Con ellas, los tres jueces también niegan validez al resto de las pruebas obtenidas, al considerar que se habían conseguido a partir de aquéllas.

“Esta sentencia pone contra las cuerdas otros sumarios contra células islamistas e, incluso, las investigaciones en marcha”, reconoce con preocupación un alto responsable de la lucha antiterrorista. Éste recalca que contra “este tipo de terrorismo es fundamental prevenir, actuar antes de que ellos estén en disposición de cometer el atentado” y recuerda que tras el 11-M se acusó a la Policía de no haber detenido a aquéllos sobre los que tenía información. “Ahora que lo hacemos, vienen tres jueces y nos dicen que eso es ilegal”.

La fiscalía recurrirá

Una opinión que es compartida por los jueces de la Audiencia Nacional consultados ayer por este diario. “Todos actuamos del mismo modo en este tipo de delitos, porque es la única forma de hacerle frente a este tipo de terrorismo”, señala un magistrado que insiste en que las intervenciones telefónicas que se autorizan “cumplen escrupulosamente todos los controles legales” tanto por parte de la Policía como del Juzgado.

Por su parte, la Fiscalía que solicitaba 20 años de cárcel para la mayoría de los ahora absueltos– recurrirá “muy probablemente” la sentencia, ya que considera “muy discutible” el argumento de la Sala de lo Penal para anular todas las pruebas obtenidas en la causa.