Acabamos de conocer una sentencia histórica del Tribunal Constitucional polaco declarando su supremacía sobre la Justicia europea. ¿Qué opina?

Es pronto para poder pronunciarse sobre la cuestión jurídica sin tener los detalles, y habrá que ver también cómo se pronuncian las distintas instancias al respecto. Pero más allá de la cuestión meramente jurídica, el derecho europeo y los propios fundamentos de la UE no contemplan que los Estados miembros empleen una "justicia selectiva", o que puedan decidir qué derechos garantizan y cuáles no, mientras se benefician de otro tipo de cuestiones.

Son bien conocidas las disputas de Polonia con la UE sobre temas como la independencia judicial, los derechos de las personas LGTBIQ o la libertad de los medios de comunicación. Es una ejemplificación más sobre cómo la UE ha aumentado en número de países de acuerdo a las necesidades de un mercado común, a unos criterios meramente económicos y no en base a unos principios de derechos fundamentales, de libertades y de responsabilidades compartidas. Aquí radica el mayor de los problemas.

En Alemania, Die Linke, el partido de la izquierda, ha sufrido un auténtico debacle. Ha estado cerca de quedarse fuera del Bundestag. ¿Qué lecciones sacan? ¿Creen que se puede extrapolar a la situación de la izquierda en Europa o que puede replicarse este resultado en otras elecciones generales?

Tanto el sistema de partidos como la historia en los parlamentos nacionales de Alemania o España tienen muy poco que ver. Es muy difícil encontrar similitudes. En Alemania ha habido un cambio claro: el fin de la era Merkel. La CDU ha perdido un poder que ha tenido durante muchos años y ahora se abre un escenario de negociación entre distintos partidos. Ha habido un claro apoyo a fuerzas de izquierda, a fuerzas que hablan sobre los cambios climáticos. Hemos vivido también el referéndum en Berlín sobre la vivienda. Die Linke era una de las fuerzas que más lo apoyaban.

Pero a pesar de este cambio en los comicios, pensamos que lo que no va a variar mucho es la política alemana. Habrá que ver cómo se conforma finalmente el nuevo Gobierno, pero vemos que si los liberales entran en un Gobierno con los socialistas, esa doble alma de los socialistas será arrastrada por los liberales y terminarán imponiendo las mismas políticas económicas. Al final, el ministro de Finanzas de Merkel es el candidato ahora. No hay mucha previsión de que las políticas troncales de Alemania y, por tanto, su papel en Europa vayan a cambiar mucho.

Otro tema ligado a la actualidad es el Sáhara. Su grupo apoya aquí en el Parlamento Europeo a la activista saharaui Sultana Jaya para el premio Sájarov. ¿Tiene alguna posibilidad de ganar frente a otros candidatos con más apoyo como Navalni o las mujeres afganas? ¿Qué mensaje enviaría su triunfo?

Somos conscientes de que es difícil que termine ganando el Premio Sájarov. Este tipo de reconocimientos se utiliza muchas veces de forma política y partidista. Nosotras defendemos que debería servir para visibilizar aquellas causas, víctimas y defensoras de derechos que están muy silenciadas o no están tan presentes en los medios de comunicación. Por eso pensamos que el caso de Sultana Jaya es un caso importante.

Es una activista por los derechos saharauis, que lleva más de 300 días en arresto domiciliario y que ha sufrido todo tipo de vejaciones. Su caso pone de manifiesto un problema enquistado de la UE, en el que tanto España como la UE tienen una responsabilidad para solucionarlo y defender los derechos humanos. Tenemos una responsabilidad histórica para que el Sáhara, bajo las resoluciones de la ONU, pueda tener esa libre determinación.

Es muy importante mencionar aquí la sentencia del Tribunal General de la UE sobre los acuerdos comerciales Marruecos-UE. Vuelve a decir que ni los Estados miembros ni la UE pueden deshacerse del Derecho Internacional. Ya ocurrió con anterioridad. Es un varapalo a la UE: se dice que no se puede negociar los recursos del Sáhara sin un interlocutor que no sea legítimo, en este caso el Frente Polisario. Es muy importante también para España porque lo que está ocurriendo es que hay mucha inseguridad jurídica para nuestros propios pescadores o agricultores. Es fundamental que de una vez por todas se siga al Derecho Internacional y no se intenten buscar vías paralelas.

¿Qué cree que va a pasar ahora con estos acuerdos? Ya en el pasado, la justicia europea falló en contra de incluir los recursos del Sáhara y la Comisión Europea los readaptó utilizando estos resquicios legales. ¿Continuará el status quo por todos los intereses diplomáticos y económicos en juego con Marruecos?

La experiencia y la historia nos dicen que ese ha sido el camino seguido. Estamos viendo que intentando burlar las sentencias con resquicios legales para mantener los acuerdos comerciales, la justicia europea vuelve a decir claramente que estos no se han llevado a cabo con los representantes legítimos. Es una desfachatez. La UE y los Estados miembros deben cumplir con el Derecho Internacional. No es que no puedan hacerse estos acuerdos, es que deben hacerse con aquellos que las sentencias europeas estiman que deben cerrarse.

España es el país que más defiende los intereses de Marruecos en Europa, independientemente del color de partido que hospede La Moncloa. Ustedes están en el Gobierno. ¿No pueden hacer más por defender los derechos del Sáhara?

Nosotras siempre hemos tenido una postura clara sobre cuál es el conflicto y cuál debería ser el camino de resolución. España y la UE deben construir una muy buena relación con Marruecos y con el pueblo marroquí, pero una relación basada en acuerdos comerciales justos, en cooperación, en educación o en intercambios culturales. Esto no es incompatible con cumplir el Derecho Internacional. Tanto España como la UE tienen una responsabilidad histórica en una de las últimas colonias existentes. Es necesario acompañar al pueblo saharaui para que pueda decidir libremente su futuro.

Pasemos al bloque del Parlamento Europeo. Hemos visto al PP español desmarcarse de la línea principal de partido y abstenerse en resoluciones sobre los derechos LGTBi o de aborto. ¿Está el PP de Casado más a la derecha que otras delegaciones populares?

En un momento tan convulso y de reordenamiento internacional, Europa tiene que decidir quién quiere ser. No podemos permitir que los derechos humanos y fundamentales tengan precio o que sean una opción política, que es precisamente lo que está ocurriendo con el PP. Las derechas españolas en Europa se desvinculan con todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, igualdad, minorías LGTBi o la condena de la violencia machista.

En los últimos meses han rechazado que los matrimonios LGTBi tengan los mismos derechos en Europa o han votado en contra de que la violencia machista sea un eurodelito. En Europa vemos la cara real, fuera de los discursos, de las derechas españolas separándose de los derechos fundamentales y de las minorías, que debería ser un pilar fundamental en el proyecto europeo.

La Izquierda Europea ha votado en contra o se ha abstenido en muchas resoluciones que condenaban los abusos de derechos humanos por parte de Rusia o China. ¿Cuál es la postura de Unidas Podemos con respecto al gigante asiático?

Dentro de la Izquierda Europea existen muchos partidos y países con posturas diferentes. En Unidas Podemos tenemos una visión muy clara: defendemos los derechos humanos en todo el mundo y de forma igualitaria. Pero muchas veces se utiliza al Parlamento Europeo para hacer política interna. A veces las resoluciones no son una condena específica sobre derechos humanos, sino que se meten otros postulados con los que es muy difícil no estar en contra. Estamos en un momento multipolar y de reordenamiento global donde vemos que Estados Unidos se está aliando con Australia y el Reino Unido en torno a una potencia militar y donde China está resurgiendo como otro polo.

No podemos evitar y evadir el debate sobre qué quiere ser Europa. Para nosotros debe ser un espacio de derechos, libertades y responsabilidades con sus acciones en el mundo. Es importante hablar con todos los actores bajo los postulados comunes del desarrollo justo o la defensa de los derechos humanos.

Hace unos meses saltó la noticia de que la Eurocámara la había sancionado por su participación como observadora internacional en las elecciones de Ecuador. ¿Qué nos puede contar?

Es muy sencillo. Es una fake news de las que, lamentablemente, nos estamos acostumbrando. El Parlamento Europeo no me ha sancionado en ningún momento y puedo asistir a cualquier observación electoral que lleve la Eurocámara. Es una mentira que se sigue multiplicando en los medios. El Parlamento Europeo no ha estado como observador internacional en los últimos comicios debido a la pandemia. Yo llevo participando en observaciones electorales los últimos siete años porque soy responsable de Internacional de Podemos. Y en los últimos meses he participado en ellas como miembro de Podemos. La ONU rige y regula el derecho a la participación de observación electoral. Y contamos con su acreditación. El Parlamento Europeo no ha participado, por lo tanto, no he ido como miembro suyo.

El tema de la luz comenzó como un tema exclusivamente nacional y ya está en lo más alto de la agenda europea. ¿Qué le parece la petición de España para que la Comisión Europea haga una compra conjunta de gas como hizo con las vacunas?

El tema de la luz es una preocupación mayoritaria en nuestro país. Es una barbaridad lo que hemos vivido en los últimos meses con un oligopolio energético que se ha dedicado a vaciar embalses de agua dejando sin agua a municipios de nuestro país para vender energía producida a precio muy barato y aumentar sus beneficios. Es imprescindible poner coto ya a este oligopolio energético para que el derecho de toda la población a la energía sea un derecho fundamental reconocido y garantizado. La respuesta del oligopolio es inaceptable y antidemocrática. Está echando un pulso a la Administración y a toda la ciudadanía.

La problemática del precio de la luz no es exclusiva a España, sino que se replica en otros países de la UE. La respuesta europea es, de momento, insuficiente. Es importante que haya medidas que regulen el mercado energético europeo, pero también creemos que se puede hacer más en nuestro país. El debate sobre una empresa pública de energía está abierto. Es fundamental para cubrir los próximos retos globales.

¿Y está de acuerdo en la centralización del gas en Bruselas como pide España?

No es una solución que vaya a cambiar el paradigma. No podemos seguir poniendo parches concretos como este que no transforma el modelo. No puede ser que los derechos básicos de accesos a los suministros estén dominados por oligopolios que se dedican a chantajear a la Administración y a la población.

Varios líderes europeos sugieren que Rusia podría estar jugando de forma intencionada con la oferta de gas a Europa para conseguir algunos incentivos con el Nord Stream II. Algunos eurodiputados han pedido una investigación al respecto. ¿Cree que Putin está utilizando esta crisis para chantajear a Europa?

Europa tiene mucha costumbre de echar balones fuera. Y nos miramos poco dentro. Creemos que las propuestas de la Comisión han sido absolutamente insuficientes. Hay un movimiento geopolítico que tiene que ver con el acceso a las materias primas y a los recursos energéticos. Y en este nuevo tablero global cada actor está jugando sus cartas. En nuestro territorio tenemos posibilidades y capacidades para transformar los sistemas actuales. Y aquí hay que apuntar a esos oligopolios. La privatización continua de los últimos años ha hecho que seamos rehenes de unos derechos que son fundamentales.

Bélgica, Francia, Alemania y ahora Italia. ¿Está la Justicia española quedando dañada en Europa con este revés tras revés en el caso de Puigdemont?

La Justicia española está quedando dañada por muchos casos en su imagen europea. Algunas actuaciones de algunos jueces están proyectando esa imagen en la judicatura en su conjunto. Hay un determinado poder judicial que está poniendo en jaque a todo el sistema judicial español. En el caso de Catalunya y, más concretamente, de Puigdemont creemos que no puede continuar judicializándose un conflicto político. El proceso de diálogo va a necesitar su tiempo y su espacio, pero es fundamental para coser y para poder encontrar una salida democrática.

La UE ha vivido los últimos años en estado de crisis: la financiera, de los refugiados o la del Brexit. Pero hay una interna que amenaza su propia existencia: la deriva de Estados miembros como Polonia o Hungría y sus ataques al Estado de Derecho. ¿Puede sobrevivir a esta crisis el proyecto europeo?

No creo que pueda sobrevivir si no hace una reflexión profunda. No hay salidas cortas. El proyecto europeo ha crecido muy rápidamente en torno a una aritmética de mercado común y económico. Se ve claramente cuando se ponen sanciones a países por pasarse del techo de gasto, pero cuesta mucho poner sanciones o limitaciones a aquellos países que vulneran los derechos humanos. Europa tiene que decidir quién quiere ser en el mundo. No puede evadir este debate.

La deriva ha creado desafección europea. La respuesta a la crisis de 2008 dejó a mucha gente atrás creando reacciones autoritarias y un crecimiento de ultraderecha en muchos países. Hay un debate que nos debemos sobre qué proyecto europeo queremos. Es fundamental apoyar el pilar social y transformar la gobernanza y participación y democracia. Pero sobre todo para acordar esos valores compartidos para entendernos entre nosotros y con el resto del mundo. Estos derechos se han puesto en cuestión con países como Polonia declarando zonas libres de LGTBi o cuando se ignoran los derechos humanos y las muertes de personas que se dejan la vida en nuestras fronteras y orillas. Si no abordamos este debate con valentía, es muy difícil que haya un proyecto europeo con cohesión y con futuro.

Una de las reacciones principales al nuevo orden global y a los desaires de Estados Unidos ha sido la llamada a la creación de un Ejército europeo. Una idea que lleva años planeando sobre la UE. ¿La apoya?

Es un intento de empezar la casa por el tejado. El debate del Ejército europeo llegará, pero es más importante debatir el para qué o controlado por quién. Hay mucho déficit en el control democrático de muchas instituciones europeas. El Parlamento es la única elegida directamente por los ciudadanos y ciudadanas. No podemos seguir creando estructuras europeas sin saber cuál va a ser su objetivo ni quién las va a controlar.