MADRID.-"Acabar con las distorsiones del mercado y las barreras a la competitividad", incluyendo las originadas por "la posición dominante de las compañías nacionales". Cincuenta países, entre ellos EEUU y la UE -en nombre de los 28- negocian con sigilo el acuerdo TiSA, teóricamente diseñado para facilitar el intercambio de servicios, aunque cada nueva filtración deja claro que este pacto secreto va mucho más allá, y que servirá para acotar las capacidades regulatorias de los estados en distintas áreas.

Público ha accedido en exclusiva a uno de los documentos de la mesa de negociaciones que recoge las sugerencias de la UE a la propuesta en materia de energía de Noruega e Islandia, que plantea dotar de nuevos derechos a las multinacionales del sector. Tendrá efecto sobre todas las medidas que afectan al comercio de servicios relacionados con energías renovables y no renovables, desde la "búsqueda" y la "explotación" de recursos hasta la "producción, transmisión o distribución de energía".

El texto, actualizado en abril de 2015, recoge en su Artículo VI -"Competitividad"- que cada uno de los estados firmantes "debe trabajar para acabar con distorsiones del mercado y barreras a la competición", "incluyendo las distorsiones originadas por la posición dominante de las compañías nacionales".

Por si había dudas, la propuesta de Noruega e Islandia en el marco del Trade in Services Agreement (TiSA, en inglés), recoge que cada estado "debe asegurar que tiene vigentes y hace cumplir tantas leyes y regulaciones como sean necesarias y apropiadas para corregir la conducta anticompetitiva en los mercados relacionados con la energía". Siempre, además, con la obligación de "asegurar que sus leyes y política de competitividad se aplican "de forma transparente, oportuna, objetiva y no discriminatoria".

El texto sigue a pies juntillas la línea de otros documentos filtrados por Wikileaks y publicados en exclusiva en España por este diario. Varios de ellos recogen el compromiso de los firmantes a mantener en secreto estos papeles hasta cinco años después de su ratificación -de momento, sin fecha-, y vienen a restar competencias a los estados en favor de las multinacionales.

El texto, que sale a la luz mientras París acoge la celebración de la Cumbre del Clima, recoge que los estados tienen derecho a incluir explícitamente las limitaciones o condiciones que consideren oportunas, pero también que deben hacerlo "de una forma que muestre mejoras a los compromisos catalogados" en la lista que están elaborando. De aprobarse el texto, los estados -"partes", en el lenguaje TiSA- "contraerán obligaciones" para abrir sus mercados en asuntos tan distintos como los servicios arquitectónicos o los relacionados con la minería, y la UE pide incluir además los servicios "derivados de la distribución energética", o el transporte de petróleo y gas natural.

Derecho a legislar, pero en base a "objetivos legítimos de política nacional"

"En su Artículo V -Soberanía sobre los Recursos Energéticos, el texto reza que "las partes reconocen la soberanía de los estados y los derechos soberanos de los recursos energéticos", pero también que los países "reafirman" que estos derechos "deben ejercerse" de acuerdo con la "legalidad internacional".

El mismo apartado reconoce también que cada estado tiene derecho a decidir las áreas geográficas en las que se pueden buscar, desarrollar o explotar recursos energéticos y el ritmo de explotación de los mismos, o los impuestos aplicables a estas actividades. También afirma que las partes son quienes regulan los aspectos medioambientales, y que tienen derecho a participar en su explotación directa o mediante empresas estatales.

Sin embargo, esto es lo que ya recogen las normativas de los estados, forma parte del concepto soberanía, y no es algo que proporcione el TiSA. Lo que sí plantea el documento es que este derecho a "regular, introducir o mantener medidas que afecten al comercio en servicios relacionados con energía" debe quedar acotado a que sirva para el cumplimiento de "objetivos políticos nacionales legítimos".

Así, el Artículo VI -"Derecho a Regular"- del texto establece que las medidas relacionadas con la concesión de licencias, procedimientos o estándares técnicos "deben ser preestablecidas y publicadas". Y de nuevo deben estar basadas "en criterios objetivos y transparentes", además de "relevantes al suministro de servicios en los que se aplican" -sin más detalle-. Esto, siempre teniendo en cuenta que cuando existan estándares internacionales cada parte debe "tenerlos en consideración" para establecer los suyos propios, mientras esos estándares internacionales "no sean inefectivos o inapropiados para lograr los objetivos de las políticas nacionales".

Tratados comerciales en la UE

Las negociaciones sobre estos documentos avanzan, y el número de detractores de este tipo de pactos secretos sigue creciendo. Cientos de organizaciones europeas y varios partidos políticos del Viejo Continente llevan meses y años pidiendo luz y taquígrafos a la UE, pero alertan de que la opacidad no desaparece. Estos detractores advierten de que el TiSA es sólo una de las cartas de la baraja en manos de los poderes económicos, y que se complementa con los tratados de comercio e inversión TTIP (UE-EEUU) y CETA (UE-Canadá) para blindar los derechos de las transnacionales y despejar el camino de las políticas neoliberales que siguen aplicando los gobiernos de la UE.

Y, mientras el TTIP comienza a estar tímidamente presente en la agenda mediática española, el CETA queda en un segundo plano -aunque está listo para su ratificación-, y el TiSA pasa a estar en la sombra. De hecho, y a pesar de lo que demuestran las filtraciones sobre la naturaleza de este acuerdo, la Comisión Europea ni siquiera ha aclarado si será sometido a la aprobación de los 28, o si simplemente será sometido a votación en la Eurocámara.

Hace escasos meses, la europarlamentaria y portavoz de IU en el Europarlamento, Marina Albiol, presentó una pregunta escrita a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en la que pedía a Bruselas que aclarase si tenía previsto que el TTIP y el TISA pasaran por los
parlamentos de los estados miembros. “En la medida en que los acuerdos comerciales entran dentro de la competencia de la UE, la Comisión considera que no hay ningún requisito que obligue a los estados miembros a ratificarlos individualmente”, sentenciaba Malmström en su respuesta.