Los mitos de la eficiencia gestora y la austeridad redentora que el PP logró convertir en mantra en vísperas de desplazar del poder al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y a los herederos de barones como Marcelino Iglesias, José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra han resultado no ser más que eso: un mito (“persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene”) que ponen en evidencia las estadísticas oficiales del propio Gobierno y de organismos como el Banco de España cuando revelan que tres cuartas partes del colosal volumen de endeudamiento que soportan las administraciones españolas procede de sus gestores.

La deuda pública de las instituciones españolas supera el billón de euros (1.137.859 millones en junio) después de haberse triplicado prácticamente en una década iniciada con un lastre de 384.662, y sigue particularmente desbocado en algunas de ellas, como el Gobierno central o la comunidad de Madrid, ambas controladas por los conservadores.

En este sentido, llama la atención que el equipo económico de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro en Economía y en Hacienda como principales responsables, acumule marcas como situar por primera vez la deuda de la Administración central por encima del millón de euros o incrementar en un tercio la de la Seguridad Social, que computa aparte y que cerró septiembre con 23.187 millones tras una década por debajo de 17.200.

Por encima del billón desde junio

De contabilizarlas juntas, el billón habría quedado superado en junio, con un total de 1.013.322, ya que, según los datos del Banco de España, la Administración central del Estado, que es, con diferencia, el sector más endeudado del Estado, acumulaba débitos por 996.149.

Ese elevado nivel de endeudamiento, de fácil acceso mientras el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido las políticas expansivas que ha comenzado a recortar, tiene como principales beneficiarios a los bancos que contratan la deuda, y que llegan a ganar 70 millones diarios en intereses, un negocio que en la última década les ha supuesto mayores ingresos que el rescate iniciado en 2012.

De hecho, uno de los principales misterios por desentrañar en el próximo curso es el contenido de las recetas del equipo económico de Rajoy para hacer frente al cierre del grifo por parte del BCE, principal acreedor y financiador del Estado español tras haber comprado 201.103 millones en deuda entre marzo de 2015 y agosto de 2017.

El misterio del próximo año

Casi la mitad de los 753 millones de euros que ha aumentado la deuda de las administraciones españolas desde 2007 es consecuencia de decisiones tomadas por los gestores estatales del PP: los 306.000 millones de aumento de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, que cerró el 2011 con 624.238, casi el doble de los 318.869 de 2007, se vieron rebasados por los 316.212 de la primera de Rajoy, que sumaría otros 55.669 entre enero de2016 y junio de 2017 para alcanzar los 996.149.

A esos 372 millones se le suma buena parte del avance de 224.000 que, según los datos del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, registraron las comunidades autónomas tras cuadruplicar con creces su endeudamiento en una década al pasar de 61.690 a 285.911.

En este capítulo del endeudamiento autonómico destacan varios gestores de los conservadores, tal y como ha recordado esta misma semana el Tribunal de Cuentas al analizar las cuentas del ejecutivo de María Dolores de Cospedal, cuya gestión aportó en cuatro años 6.540 millones de deuda, más de la mitad de los 12.431 que ha aumentado la deuda manchega en una década.

Ocurrió algo similar en Aragón, donde los equipos económicos de Luisa Fernanda Rudi, que generaron en un cuatrienio 3.527 de los 6.642 de avance de todo el decenio 2007-2017; en Baleares, donde José Ramón Bauzá emitió en cuatro años 4.056 de los 6.805 millones del decenio; en Cantabria, donde el aumento con Ignacio de Diego alcanzó los 1.384 frente a los 2.611 de toda la década, y también, aunque en menor medida, en la Extremadura de José Antonio Monago, con 1.555 de 3.548.

Dolores de Cospedal y Cristina Cifuentes destacan por el elevado nivel de endeudamiento de sus gestiones al frente de las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid. EFE

Las joyas de la corona

A esas cifras hay que añadirles las que aportan las joyas de la corona autonómica de los conservadores. Galicia ha pasado con Alberto Núñez Feijóo de 4.859 millones de deuda que dejó contratado el bipartito PSdG-BNG a 11.363 en siete años y medio, mientras la madrileña Cristina Cifuentes lleva, con 3.869 millones en año y medio, camino de mejorar la imagen como gestora de de Esperanza Aguirre, que sumó casi 18.000 en ocho años. Y, en Valencia, el aumento de 30.097 en ocho años no se vio frenado hasta la llegada de la coalición PSOE-Compromís, que ha bajado el ritmo de emisión a 2.972 en año y medio.

Las tres comunidades que mantienen gobiernos presididos por el PP desde 2007, Castilla y León, La Rioja y Murcia suman otros 18.838 millones en ese decenio, mientras la alianza de partidos de izquierda que lidera Uxué Barkos ha intensificado en Navarra el ritmo de endeudamiento de los conservadores Miguel Sanz y Yolanda Barcina, con 445 millones en año y medio frente a 2.677 en ocho.

Territorios ajenos al PP

Entre 20007 y 2017 la deuda aumentó también en las cinco comunidades por cuyos consejos de Gobierno no pasó el PP. Lo hizo con cierta contención en Asturias, con un avance de 3.626 bajo los gobiernos de Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez Cascos y Javier Fernández, mientras en Canarias, siempre con ejecutivos de CC, subió de 1.592 a 7.291, y en Euskadi, con ejecutivos del PNV y del PSE, se incrementó en 10.149.

El incremento fue notable en Catalunya, donde el segundo tripartito y los ejecutivos de CiU y de PDCat con ERC prácticamente quintuplicaron los 15.000 millones de deuda que dejó el equipo de Pasqual Maragall (pasó de 15.776 a 76.727) para copar una cuarta parte de la deuda autonómica, y en Andalucía, donde el relevo de Manuel Chaves por José Griñán y Susana Díaz corrió paralelo a la multiplicación por más de cuatro del endeudamiento, que pasó de 7.177 a 33.961.

Las cifras de estas dos últimas comunidades elevan a 125.000 millones la deuda autonómica derivada de equipos gestores ajenos al PP y sitúan la de estos en 99.000, los cuales, sumados a los 372.000 estatales (sin los 9.983 del tercer trimestre), suponen el 62% del total de la última década.

Doble vara con los ayuntamientos

A esos números, en cuya evolución destaca la reducción del ritmo de endeudamiento de las comunidades recuperadas por la izquierda en mayo de 2015, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, hay que añadirles, por último, lo de las corporaciones locales, en los que también se dan como constantes los elevados niveles de deuda de los equipos de gobierno conservadores de las principales ciudades y su reducción tras ser relevados por los alcaldes del cambio.

En este sentido, destacan las cifras de Madrid, que alcanzó un récord de 6.683 millones en 2008 con Alberto Ruiz Gallardón que al cierre de junio de 2017 había bajado a 3.567, y de Valencia, donde la marca de 886 de Rita Barberá en 2011 se ha visto reducida un 30% para caer a 614 (97 de ellos en año y medio).

Los ayuntamientos han sido las administraciones que más han sufrido las exigencias de rigor presupuestario del Gobierno central, con Madrid como caso emblemático de presión  mientras, al mismo tiempo, Jaén ejerce de prueba del nueve de la permisividad al incumplir la regla de gasto y mantener un volumen de endeudamiento de 550 millones, superior al de ciudades como Córdoba (209), Sevilla (342) e incluso Málaga (522).