El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que con la caída del impuesto extraordinario a las energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, "el problema se ha terminado" y ha dado por reactivado el compromiso con las inversiones que tenía programadas la compañía en su plan estratégico para España y sus centros industriales.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, Imaz señaló que "en este nuevo ambiente de estabilidad regulatoria", después de que el Gobierno acordara este miércoles con Junts y el PNV tumbar la posibilidad de hacer permanente este gravamen, se puede así levantar la situación de stand by en que se encontraban estas inversiones.

De hecho, el primer ejecutivo de Repsol indicó que las primeras decisiones finales de inversión (FID, por sus siglas en inglés), tras las "positivas noticias" de la caída del denominado impuestazo por el sector, se podrían empezar a tomar en 2025 para los proyectos previstos para impulsar el hidrógeno renovable en Cartagena, Bilbao y la Ecoplanta en Tarragona.

"Ahora es el momento para nosotros de enfocarnos en el futuro y las oportunidades que están por venir. Y esta positiva decisión que vimos ayer nos permite avanzar con las inversiones industriales que tenemos planificadas en España", dijo.

De esta manera, Imaz aseguró que ahora Repsol se focalizará en preparar estas inversiones para "asegurarse de que se van a ejecutar con éxito en el futuro".

Repsol ha sido el grupo más damnificado del sector energético en estos dos años por este gravamen especial, con el abono de casi 800 millones de euros (444 millones en 2023 y unos 335 millones de euros este ejercicio).

Inicialmente aprobado para dos ejercicios, 2023 y 2024, debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida.

Este impuesto hizo que Repsol decidiera congelar inversiones cercanas a unos 1.500 millones de euros que podían afectar a proyectos en cartera del grupo en Euskadi, Tarragona (Catalunya) y Cartagena (Murcia), ante la inestabilidad regulatoria que consideraba que existía en el país.

En el caso concreto de Tarragona, Repsol cuenta con un 'megaproyecto' para construir una planta de valorización de residuos por un valor de 750 millones de euros. También en Tarragona, la energética prevé instalar, dentro de la estrategia de conversión de sus polígonos industriales hacia la descarbonización, el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW), con una inversión de unos 300 millones de euros.

En Cartagena, otro de sus grandes centros industriales en España, prevé la instalación de un electrolizador de 100 MW, con una inversión de unos 200 millones de euros.

A estos proyectos se unen los previstos por el grupo en Euskadi para impulsar allí una cadena de valor para el hidrógeno, que pasan por una inversión de en torno a 200 millones de euros para poner en marcha un electrolizador de 100 megavatios (MW) en la refinería de Petronor.

Belarra critica la alianza entre PSOE y PNV por el impuesto

De otro lado, Podemos ha advertido este jueves al PSOE de que no apoyará en el Congreso la reforma del Impuesto de Sociedades si esta implica eliminar el tributo a las compañías energéticas.

Según fuentes del partido, sus cuatro diputados en el Congreso han trasladado su negativa a apoyar la propuesta legislativa, en el caso de que esta incluya suprimir la tasa a las compañías energéticas, tal y como ya han pactado los socialistas con otros grupos parlamentarios.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha criticado la alianza entre PSOE y las "derechas", en alusión a PNV y Junts. A su juicio, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, "manda más que Sánchez", ha asegurado, antes de lamentar que así se "profundiza más la desigualdad y la crisis climática. No será con los votos de Podemos", en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

El Gobierno finalmente ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca.