PSOE y C´s defienden que han logrado cambios a favor de los consumidores frente al interés de los bancos

MADRID.- El Gobierno aprobará este viernes un real decreto-ley para ejecutar la sentencia del Tribunal de la Unión Europea por la que las entidades financieras deberán devolver el dinero cobrado de más quienes suscribieron una hipoteca con una cláusula suelo, una norma que ha sido declarada no legal. El contenido de la norma del Gobierno ha sido acordado, finalmente con el PSOE y Ciudadanos, según han explicado este mediodía representantes de ambas formaciones.

La “letra pequeña” del decreto-ley que prepara el Gobierno es considerada fundamental para aplicar el espíritu de la sentencia del tribunal europeo. Un primer borrador de esa norma, que inicialmente iba a ser promulgada por el Gobierno el pasado viernes, fue considerado excesivamente favorable a los intereses de las entidades financieras.

Se trata de un asunto importante: afecta a alrededor de un millón y medio de ciudadanos con hipotecas con cláusulas suelo y el importe de las cantidades indebidamente cobradas por los bancos asciende a unos 4.000 millones de euros, según fuentes de los negociadores socialistas.

“Hemos conseguido un procedimiento extrajudicial a favor de los consumidores. Ese es el resumen que deban conocer los ciudadanos afectados por esta clausula abusiva”, ha manifestado a Público el diputado socialista Pedro Saura, uno de los negociadores junto a su compañera de grupo Margarita Robles con el Gobierno para introducir los cambios en el decreto-ley que, ahora sí, se promulgará este viernes en la reunión del Consejo de Ministros.

Los socialistas han lograd que esta norma obligue a los bancos a establecer un procedimiento, “no un código de buenas prácticas”, según Saura, para atender las reclamaciones de los consumidores afectados por este tipo de cláusulas para “facilitar un acuerdo extrajudicial”. Este procedimiento ejecutivo será “rápido”: en tres meses deberá quedar resuelto y los consumidores deberán recibir el dinero cobrado de más por los bancos.

Además, deberán ser las entidades financieras quienes declaren lo cobrado por la aplicación de este tipo de cláusulas y no será responsabilidad de los titulares de las hipotecar realizar ese cálculo. En cualquier caso, el procedimiento extrajudicial estará bajo la supervisión de las organizaciones de consumidores y de representantes del Consejo General de la Abogacía. Será voluntario para el consumidor que siempre podrá acudir a la vía judicial.

Los bancos deberán exponer, además, la cantidad resultante de aplicar los intereses de demora generados. La aceptación de esa propuesta será voluntaria por parte de los consumidores. En el caso de rechazo y acudir a juicio, el el caso de que las cantidades debidas superasen a la oferta extrajudicial inicial las costas serán a cargo de las entidades financieras.

Una característica introducida por Ciudadanos en su negociación consiste, según ha explicado José Manuel Villegas, número dos del partido naranja, consiste en que los consumidores podrán plantear su reclamación en cualquier sucursal, sin tener que recurrir a una instancia especial determinada por la entidad financiera.

En materia fiscal, el PSOE ha logrado “la no sujeción al IRPF de las cantidades objeto de devolución, sea por este procedimiento o por vía judicial”. Respecto a los excesos que se pudieran poner de manifiesto “como consecuencia de la devolución en la deducción por adquisición de vivienda habitual y en relación con gatos que hayan tenido la consideración deducibles”, no habrá devengo de intereses de demora, recargos ni sanción de ningún tipo para los consumidores. Se limitan las posibles devoluciones a los ejercicios no prescritos.

Con la inclusión de estas normas en la “letra pequeña” del decreto-ley que promulgará el Gobierno el grupo parlamentario socialista no se apondrá a su convalidación cuando sea presentado al Congreso de los Diputados. “Nos abstendremos”, ha explicado a Público la diputada Margarita Robles (curiosamente, una de las 15 parlamentarias del grupo que votó “no” a la investidura de Rajoy).

“Creemos que con nuestras aportaciones se ven respetados y garantizados los derechos de los consumidores tras la sentencia del tribunal europeo frente a una posición inicial que favorecía a los bancos”·, ha explicado Robles. Por su parte, José Manuel Villegas también ha insistido tras la negociación de su grupo con en el Gobierno “los consumidores han salido favorecidos”.

Tras su promulgación este viernes la nueva norma entrará en vigor de forma inmediata, aunque el Gobierno dispone de un mes para presentarlo ante la Cámara baja para su debate y convalidación, cosa que ocurrirá ya en pleno mes de febrero, según fuentes parlamentarias.