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Expertos de Naciones Unidas han reclamado este jueves a los estados que actúen contra la "abusiva" conducta a nivel fiscal de las empresas, tras la publicación de los 'Papeles del Paraíso', recalcando que aquellas responsables de abusos sistemáticos deben ver sus 'ratings' rebajados por las agencias y fondos de inversión.
"Los estados deben poner fin a su dañina competición a nivel de impuestos y trabajar juntos para detener los esquemas antiéticos para evitar el pago de impuestos por parte de ricos y corporaciones internacionales", ha dicho el experto de la ONU sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky.
Asimismo, Surya Deva, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ha reclamado a las empresas "que asuman su responsabilidad corporativa", agregando que "todas tienen la responsabilidad de evitar un impacto adverso para los Derechos Humanos causado o contribuido por sus prácticas de evasión fiscal".
Bohoslavsky y Deva han recalcado que las empresas deben cumplir con la letra y el espíritu de las leyes financieras y contribuir a las finanzas públicas en los países en los que operan.
En este sentido, han afirmado que las filtraciones de Luxemburgo y Bahamas, los documentos del HSBC, los 'Papeles de Panamá' y ahora los 'Papeles del Paraíso' muestran que son prácticas generalizadas a las que hay que hacer frente.
"Personas ricas y corporaciones internacionales siguen cometiendo prácticas contrarias a la ética, reduciendo su carga impositiva a niveles mínimos usando paraísos fiscales, lo que mina los Derechos Humanos", ha sostenido Bohoslavsky.
Los expertos han subrayado que muchos estados están sufriendo un creciente nivel de deuda debido a que el ingreso de impuestos no se ajusta a sus fastos públicos.
"En lugar de reducir el gasto en seguridad social, sanidad pública, vivienda o educación, los gobiernos deben hacer más esfuerzos para garantizar la justicia fiscal", han argumentado.
Así, han recordado que las empresas utilizan infraestructuras públicas para transportar y vender sus productos, contratan a trabajadores generalmente educados en el sistema público y esperan que sus directivos y empleados reciban atención sanitaria pública cuando están enfermos.
"No es suficiente que las empresas garanticen el respeto de los Derechos Humanos y los estándares laborales internacionales en sus prácticas empresariales. Este compromiso debe extenderse a los impuestos, si las empresas quieren ser consideradas éticas", han remachado.
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