La moratoria nuclear, que finaliza este año, es la gran desconocida de nuestro recibo de la luz. Continúa en la letra ilegible de la factura, como un lastre invisible, y el cálculo real de lo que se ha pagado es tan difícil de escrutar como el sexo de los ángeles. Ni los expertos en nuclear de ONG como Greenpeace o Ecologistas en Acción pueden aventurar una cifra más o menos exacta. La Comisión Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, quizá posea las llaves del arcano. Pero, consultada por Público primero telefónicamente y después vía mail, ha permanecido muda al requerimiento durante semanas.

Un rastreo detallado por esporádicos informes de la CNE, en ocasiones bastante confusos, permite aproximar que los españoles hemos pagado al menos 9.000 millones de euros para compensar una inversión de las eléctricas de 2.300 millones. Son 6.600 millones de sobrecoste que dan ganas de apagar la luz.

Treinta años después de que Felipe González paralizase la inversión en energía nuclear, seguimos pagando un canon a las compañías eléctricas

Treinta años después de que el primer Gobierno de Felipe González paralizara la inversión en nuclear, los españoles seguimos pagando en el recibo de la luz un canon a las compañías eléctricas por haber cerrado sus proyectos de centrales en Lemóniz (Vizcaya), Valdecaballeros (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). Felipe González llevaba en su programa electoral de 1981 el cese de las obras, y cumplió su promesa. Tuvo que indemnizar a las eléctricas Fenosa, Sevillana, ENE e Iberduero por incumplimiento de contrato. Y negoció aplazar el pago. Este año abonaremos 67,7 millones de euros. Los correspondientes a 2014. La cantidad significa el 25% de todo el presupuesto que dedicó España, en ese mismo ejercicio, al Plan Nacional de Investigación. O sea, a nuestros científicos.

Y, ahora que está de moda solicitar la auditoría de ciertas deudas, las cuentas no encajan. No encajan desde hace muchos años. Paco Castejón es portavoz de Ecologistas en Acción en temas nucleares: “Entre 1984 (año en que se cierran) y 1994, España había ya abonado 700.000 millones de las antiguas pesetas [4.200 millones de euros]. Los activos de las eléctricas afectados por los cierres, sin embargo, se tasaron en 400.000 millones [2.400 M€]. Sin embargo, seguimos pagando aun hoy. Realmente, esto ha sido siempre una subvención encubierta a los grandes operadores eléctricos”.

Este es el informe de 1995 que certifica esas cuentas:

Eguiagaray: "Hubo que rescatar financieramente a las eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónica"

No es la primera vez que alguien califica de “subvención encubierta” este sobreprecio que abonamos en el recibo de la luz. En 2008 lo reconocía, en un artículo del número 21 de la revista Cuadernos de Energía, el ex ministro socialista de Industria (1993-96) Juan Manuel Eguiagaray. “[Durante el primer Gobierno socialista] hubo que rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónica. [Se construyeron] más grupos nucleares que los razonablemente necesarios”.

“Es una forma de decirlo que hay que matizar. Las eléctricas tenían que parar la construcción”, asegura Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. “No habían previsto la crisis del petróleo ni otras variables. Ya no eran proyectos rentables. Era evidente que el plan nuclear no se iba a llevar a cabo. Y el Gobierno salió al rescate”.

“Es imposible hacer un cálculo preciso de lo que hemos pagado por la moratoria desde 1984 hasta ahora. No tenemos un dato total”, señala Francisco Castejón. Pero remite a un ya bastante antiguo informe de la Comisión Nacional de Energía que, en 2007, evaluó y detalló las variables del pago entre 1995 y 2006.

En la evaluación del 95, se estimaba el importe pendiente de compensación en 4.359 millones de euros. Con el 3,54% de sobreprecio en el recibo de la luz, ese año se pagaron 496 millones. Durante una década, los españoles continuaron abonando una media de 500 millones anuales. El año 2006 arrancó con una compensación aún pendiente de 283 millones. En la actualidad son 154, que abonaremos de aquí a 2016.

El ministro de Industria tiene ya la décima denuncia de una empresa extranjera contra el Gobierno español

Ahora queda por saber si los recortes en renovables acometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy no van a abocar a España a una nueva moratoria, tras haber salido la nuclear tan inmensa e inexplicablemente costosa. De momento, el ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene ya sobre la mesa la décima denuncia de una empresa extranjera contra el Gobierno español. La inversora Steag la ha elevado ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Steag es alemana. Malos enemigos, los alemanes, en estos tiempos.

Explica Castejón que en la actualidad las centrales de Lemóniz y Valdecaballeros (las dos que realmente se empezaron a construir) continúan en pie. "Pero funcionan muy poco. Es que no pueden estar paradas", apostilla. "Valdecaballeros está sin actividad. Ninguna de ellas contiene ningún tipo de material peligroso. Permanecen ahí por si alguien quiere lanzarse a la aventura", concluye.

Pero no es el único misterio el sobrecoste de aquel ruinoso negocio, también matizado rescate. En 1996 se crea el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear. A través de él, inversores se hacen cargo de esa deuda con las eléctricas. Este fondo ha sido el gran beneficiario del enorme sobrecoste de aquella moratoria que ha terminado compensando con 9.000 euros una inversión de 2.400.

¿A quiénes pertenece? Pregunte el lector a la Comisión Nacional de Energía. A este periódico no ha querido desvelárselo.