El nuevo bono social del suministro eléctrico, que da derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% del recibo mensual, nace con agujeros: se basa en los ingresos de los hogares sin tener en cuenta cuántos miembros adultos los integran, parte de unos consumos medios alejados de la realidad de las familias en situación de pobreza, mantiene las bonificaciones para las familias numerosas (pareja con tres hijos) con independencia de sus rentas y resulta discriminatorio para los habitantes de zonas con climatología extrema.

No obstante, el proyecto del Gobierno, remitido hace unos días por el Ministerio de Energía a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), incluye también algunos avances como eliminar la bonificación por tener contratada una potencia inferior a 3.000 kw, algo que permitió que más de medio millón de segundas residencias se beneficiara de los descuentos durante años.

El Gobierno central decidió modificar el bono social, implantado en 2009, después de que, el pasado mes de octubre, el Supremo tumbara el sistema para financiarlo, en una decisión que va a suponer unos ingresos de entre 540 y 600 millones de euros a las grandes compañías eléctricas, a las que debe indemnizar con el coste soportado desde 2014. Endesa cubría el 41% de la factura, Iberdrola el 38% y Gas Natural el 14% mientras las demás se repartían el 13% restante.

El nuevo sistema  amplía el pago de esta rebaja social a todas las distribuidoras y comercializadoras de electricidad, incluidas las que operan en el mercado libre, que no pueden ofrecer el bono a sus clientes por ese motivo. Las grandes trabajan también en el regulado. El coste se prorrateará en función del número de clientes de cada compañía, sin discriminar sus consumos ni tener en cuenta el volumen de negocio, lo que resultará más gravoso para las cuentas de las compañías de pequeño tamaño, más centradas en el consumidor doméstico que en el industrial.

Parados y pensionistas no llegan a la sexta parte

El formato original del bono social contemplaba descuentos del 25% del recibo (la diferencia entre la Tarifa de Último Recurso y el precio de mercado de la electricidad) a los hogares con todos los miembros en paro, a las casas con menos de 3.000 kw instalados, a las familias numerosas y a los mayores de 60 años cuyo único ingreso fuera una pensión mínima de jubilación, invalidez o viudedad.

Eso hizo que, las viviendas de baja potencia fueran las principales beneficiarias del sistema (2,5 millones de beneficiarios de un total de 2,9 en 2010, y 1,8 de 2,4 el año pasado), con un notorio descenso cuando la Administración comenzó a exigir el empadronamiento. Los pensionistas se consolidaron como el segundo grupo, con 320.254 hogares acogidos en 2016, mientras los hogares sin nadie empleado y las familias numerosas se triplicaban en ese sexenio: de 21.658 a 76.563 los primeros y de 88.257 a 214.563 los segundos. Parados y pensionistas, no obstante, suponían solo el 16,4% de los beneficiarios, menos de la sexta parte.

El nuevo sistema elimina el bono por baja potencia instalada y por estar en el paro todos los miembros de una familia, levanta el requisito de tener 60 años para los pensionistas que perciben prestaciones mínimas y mantiene el acceso por ser familia numerosa.

Criterios del nuevo bono social

Abierto a los mileuristas

La propuesta del Gobierno, que abre la puerta a que familias no numerosas de trabajadores mileuristas puedan solicitar el bono, diferencia entre tres tipos de consumidor vulnerable. El básico lo constituyen las familias que, con hasta dos menores, ingresan entre 1,5 y 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Recursos Múltiples), lo que supone entre 11.182 y 18.637 euros anuales y les da derecho a un descuento del 25%.

La rebaja sube al 40% si su renta oscila entre 0,75 y 1,25 veces el Iprem (de 5.591 a 9.318), cuando pasa a ser considerado vulnerable severo. Y, en ambos casos, los umbrales se elevan en medio Iprem (3.727 euros anuales) si en el hogar hay víctimas de violencia machista o del terrorismo, o personas con un 33% de discapacidad.

La tercera tipología la integran los grupos en riesgo de exclusión, en los que la bonificación puede llegar al 100% con la intervención de los Servicios Sociales. Las compañías no pueden cortarles el suministro mientras están tramitando esa ayuda.

Miembros, rentas y limitaciones

El planteamiento de Energía deja fuera a los hogares con tres menores cuando no todos ellos son hijos de los adultos, ya que no formarían una familia numerosa, “algo no muy coherente con la realidad de los colectivos a los que va dirigido el bono”, en las que las estructuras familiares no siempre son convencionales, señala Carlos Pesqué, responsable del programa Ni Un Hogar Sin Energía de la Fundación Ecodes, que llama la atención sobre otra de las lagunas del plan: “¿Qué ocurre con los hogares en los que hay varios adultos? ¿Por qué no se tienen en cuenta los ingresos per cápita en lugar de por vivienda?”.

“El borrador no recoge la situación de un hogar con más de dos menores que no cumpla los requisitos de familia numerosa”, señala un informe de la fundación sobre el proyecto del nuevo bono social, que destaca cómo la exención de limitaciones por rentas a las familias numerosas hace que una de ellas “con 30.000 euros mensuales de ingresos podrá tener el bono social, y una familia con dos menores y 1.400 euros (poco más de 2,5 veces el Iprem), no”.

El informe es especialmente crítico con la limitación de la rebaja a una tabla de consumos: hasta 170 kw mensuales para hogares con hasta dos menores, hasta 140 kw para pensionistas y hasta 300 para las familias numerosas.

Consumos por debajo la realidad

El seguimiento de los casi 600 hogares vulnerables de 17 ciudades adscritos al programa Ni Un Hogar Sin Energía revela que el consumo medio de estos es de 231 kW, por lo que “el día 22 de cada mes habrán superado esos niveles, y en invierno, el día 7 los que utilizan calefacción eléctrica”, explica Pesqué.

El Ministerio de Energía aprovechó la anulación del sistema de financiación del bono social eléctrico para cambiar toda su reglamentación.

“Esos niveles de consumo son bajos, y las facturas de las familias en situación de vulnerabilidad son más altas por varios motivos como la poca eficiencia de sus casas y de sus electrodomésticos”, señala, antes de reclamar que la parte no consumida de esos tramos sea acumulable en un territorio con las diferencias climáticas de España, donde los consumos se disparan en invierno en el norte y en verano en el sur.

“Hay viviendas de Zaragoza que consumen el doble de electricidad en invierno que en verano, y en Sevilla pasa lo contrario”, explica. “Los límites de consumo no son realistas –añade-, deberían ser acordes a los consumos de los sectores a los que va dirigido el bono social”.

El Idae (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) estima que el consumo eléctrico de la zona cantábrica y de Galicia supera en un 27% la media estatal, mientras en la costa mediterránea y Andalucía es un 15% inferior.

El procedimiento y los comerciales

La propuesta del Gobierno, de la que se desconoce cómo será el procedimiento de tramitación de las solicitudes, que incluirá la comprobación de las rentas, incluye la posibilidad de crear un Registro de Consumidores Vulnerables al que puedan acceder las compañías comercializadoras de electricidad para conocer la situación de los solicitantes.

El borrador, por otro lado, obliga a esas empresas a informar a sus clientes que salir del mercado regulado para pasarse al libre, algo que suelen ofrecer los comerciales en sus campañas de puerta fría, conlleva perder el derecho al bono social.

“El 48% de las familias en situación vulnerable incluidas en nuestro programa tenían tarifas de mercado libre como consecuencia de las prácticas comerciales de las empresas”, explica Pesqué.