Este artículo se publicó hace 9 años.
El 'negociador' Rajoy pone como líneas rojas al diálogo social los dictados de Bruselas
La reunión tripartita entre empresarios, sindicatos y Gobierno no deja ninguna propuesta concreta. Báñez asegura que no se tocará la reforma laboral y abre la puerta a un aumento del salario Mínimo. Los sindicatos adviertes de que "la voluntad del Gobierno se engrasa con la movilización social"
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MADRID.- Tras su investidura, Mariano Rajoy bautizó esta legislatura como la del diálogo, la negociación y el pacto. Fuera del Congreso, hoy ha tenido una de las mejores oportunidades para ganarse el sobrenombre de negociador que sus portavoces repiten cada día. Tocaba la reunión tripartita en Moncloa entre Gobierno, sindicatos y empresarios para retomar el diálogo social. Sin embargo, pocos avances pueden destacarse. Los portavoces sindicales, empresarios y la ministra de empleo han dejado claro que Rajoy está dispuesto a negociar, pero sin salirse de las líneas rojas del objetivo de déficit, la estabilidad presupuestaria y, en general, de todos los dictados de Bruselas.
Los sindicatos han salido de la reunión como han entrado, según las palabras textuales del líder de UGT, Pepe Álvarez. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha salido lleno de "incógnitas" ante la "falta de respuesta a propuestas concretas". Ni Rajoy ni la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han concretado nada en materia de salarios, pensiones, calidad de empleo y reformas. Lo que sí han anunciado es la creación de tantas "mesas de trabajo" como propuestas han llevado los sindicatos. Propuestas que, por otra parte, llevan más de cuatro años poniendo sobre la mesa de Rajoy sin que éste se haya dignado a leerlas.
Los sindicatos han expuesto la necesidad de derogar al reforma laboral del 2012, pero Rajoy, según ha asegurado Báñez y han confirmado los sindicatos, se ha mostrado tajante en que no se van a tocar las reformas del Gobierno que "están funcionando". Y la reforma laboral es uno de los éxitos más cacareados por todos los portavoces del Gobierno y del PP. Báñez se ha mostrado dispuesta a "mejorar" algunos aspectos, nada sustancial, y siempre lo pacten antes la patronal y los sindicatos. El Gobierno, ha dicho Báñez, plantea abrir una mesa de "diálogo constructivo" en ese sentido.
Ante la actitud del Gobierno, de negociar pero lo justo, Álvarez ha recordado que el "binomio negociación-movilización será una constante" este curso político, mientras que Toxo, haciendo hincapié en que "ni mucho menos" está anunciando una huelga general, ha afirmado que "la voluntad del Gobierno e engrase con la movilización social".
La única esperanza de los sindicatos se resume en la nueva mayoría progresista del Congreso, que puede obligar a Rajoy a acatar algunas de las iniciativas que salgan adelante en la Cámara, como la proposición de Unidos Podemos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros en 2017 y seguir un senda alcista durante los siguientes años.
La propuesta fue aprobada por mayoría y tiene que tramitarse. El Ejecutivo ya de por hecho que está obligado a acatarla y, quizás por eso, Báñez no ha concretado nada sobre la subida anual del SMI, pero se ha mostrado dispuesta a un aumento que no sirva sólo para un año, sino que ha hablado de un pacto con patronal y sindicatos para subir el SMI a cuatro u ocho años vista. Nada que ver con las exiguas subidas de la pasada legislatura.
Báñez quiere estudiar las propuestas de los agentes sociales en este asunto, cambiando así la tradición de que el Ejecutivo propone y luego se negocia. La propuesta sindical ya la tiene desde hace tiempo, de hecho es la misma que propuso Unidos Podemos y que aprobó el Congreso. Falta la de la patronal, ha dicho Bánez, que la espera para la semana próxima. La ministra cree que antes de fin de año habrá una propuesta firme.
Respecto a las pensiones, tampoco hay nada en firme más allá de la reunión de los expertos siguiendo las directrices del Pacto de Toledo. Para los sindicatos, las palabras de Rajoy significan que no tiene pensado subirlas más de 0,25% que el Gobierno estableció por ley hace dos años, algo insuficiente para las centrales sindicales y que a la patronal no ha comentado.
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