La licitación de obra pública cae en Catalunya mientras se frena la ejecución de las obras ya aprobadas
La Cambra de Contractistes denuncia una "dejadez histórica" del Gobierno central. El Consejo Asesor de Infraestructuras solicita que se priorice el criterio técnico y no adjudicar los proyectos únicamente por el precio.
Barcelona--Actualizado a
Los tipos de interés altos, la inflación elevada, el contexto geopolítico y la necesidad de controlar los déficits después de una etapa expansiva de la economía son algunos de los elementos que están frenando el crecimiento del sector de la construcción. Así lo avala la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que en su último informe constata un descenso importante de los procesos de licitación de obra pública. Su presidente, Lluís Moreno, explica que "venimos de donde venimos y no son datos para estar contentos". Un ejemplo de ello, indica, "lo encontramos en que todavía no hemos recuperado los ritmos de producción de antes de la pandemia".
La entidad cree que el peso de la construcción en el Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya tendría que elevarse del 4,7% actual hasta el 6%, la mitad que en el momento del boom inmobiliario. Además de la bajada de la licitación, Moreno se muestra preocupado por el bajo nivel de ejecución presupuestaria de los proyectos ya aprobados, especialmente por parte del Gobierno central. La Cámara prevé un incremento en el sector de la construcción de entre un 1 y un 1,5% para este año y hasta un 2% el 2025. El año 2023, fue del 1,8%.
A la caída de las licitaciones de las obras públicas, que ha sido de un 16,1%, se suma el hecho que las viviendas iniciadas y la compraventa de pisos lo hicieron en un 11,5% y un 10,1%, respectivamente. Incluso, la subida del 1,8% del sector durante el año pasado se sitúa por debajo del crecimiento del PIB catalán (2,6%). Moreno ha comparado la situación de la construcción con la del turismo, un sector que ya ha superado los ritmos de crecimiento que tenía en el periodo prepandémico.
Moreno también destaca los bajos índices de ejecución presupuestaria estatales, que son del 25% en 2021, del 42,9%, el 2022, y del 16,3% el primer semestre del 2023, según las estadísticas de la misma Cambra de Contractistes. Esta situación contrasta con el 87,2% del grado de ejecución por parte de la Generalitat y del mundo local.
Recientemente, la misma Cambra, junto con la patronal Foment del Treball, alertó que desde 2009 Catalunya sufre un problema de infradotación pública en infraestructuras por parte del conjunto de las administraciones. Durante la última década, ha faltado una apuesta decidida por la inversión y las cifras de licitación en relación con el PIB se sitúan muy por debajo de los estándares europeos.
En este sentido, un informe de las dos entidades mostraba que el déficit de inversión acumulado se sitúa en los 42.500 millones en 2023 para el conjunto de las administraciones públicas. La Cambra y Foment apelaban a "la responsabilidad de las diferentes administraciones para que resuelvan de una vez por todas este problema".
Cambios en el sistema de adjudicación
El presidente del Consejo Asesor de Infraestructuras de Catalunya (CAdIC), Joaquim Llansó, subraya que las infraestructuras son un tema central en el debate político en Catalunya. Por eso, se suma a la crítica a la baja ejecución del presupuesto en infraestructuras, que apenas llega al 40%, a diferencia de la Comunidad de Madrid, donde se ejecuta casi completamente. El CAdIC ha elaborado documentos sobre varias áreas, como la modernización de la contratación pública.
Llansó también cuestiona el sistema de adjudicación de obra pública basado solo en el precio, cosa que lleva a sobrecostes y paralizaciones de obras. Para revertir la situación, recomienda adoptar sistemas colaborativos. Además, marca la necesidad de analizar el coste-beneficio para decidir las infraestructuras, priorizando las que generen más retorno económico, social y ambiental.
El presidente del CAdIC destaca la importancia de la gestión próxima de infraestructuras, defendiendo la transferencia de la gestión de Rodalies a la Generalitat con el presupuesto adecuado. Además, enfatiza la planificación a largo plazo y el consenso político para evitar que las decisiones dependan de cambios electorales.
Otro de los datos que sirve como termómetro del sector de la construcción es la del consumo de cemento. Pese a que en mayo se incrementó un 0,4%, en los últimos 12 meses, se ha reducido un 8,5%. La cifra confirma la atonía del mercado doméstico y las dificultades de las empresas catalanas para competir a otros países. Este contexto es susceptible de empeorar en la coyuntura actual que se vive. Ciment Català, la patronal del sector, advierte sobre la parálisis en la gestión de la administración catalana dado que el Govern se encuentra en funciones y con los presupuestos prorrogados.
Su presidente, Salvador Fernández Capo, alerta que con esta situación "se atrasará todavía más la ejecución de inversiones en infraestructuras", imprescindibles para la sociedad y para los sectores económicos. La demora en la construcción y mantenimiento de los equipamientos públicos se suma al retraso y la falta de resolución en la respuesta a los proyectos técnicos de la industria, con el perjuicio que esto comporta en las fábricas, por ejemplo, en sus planes de descarbonización y de lucha contra el cambio climático.
A pesar de que los fondos europeos eran unas de las esperanzas para reactivar el sector de la construcción, no han servido del todo para reimpulsar la actividad. La falta de personal especializado, el retorno a las reglas más estrictas desde el punto de vista fiscal y de la deuda pública y la incertidumbre política juegan en contra de esta recuperación total en relación con la crisis de la covid-19, que ya han experimentado ámbitos como el turismo y la automoción.
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