El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación sobre la ampliación de capital que realizó el Banco Popular de 2012 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la misma "se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes".

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 sobresee la causa al "no resultar debidamente justificada la perpetración" de los delitos de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en los que indagaba desde junio del pasado año.

Aquella operación fue la primera de las tres ampliaciones de capital que tuvo que realizar el banco entre 2012 y 2016 (por un total de 5.450 millones) para reforzar su delicada situación. La entidad no logró remontar el vuelo y acabó siendo absorbida por el Banco Santander, que la compró por un euro.

En su auto, fechado el jueves pero conocido este viernes, el magistrado destaca que los informes de los peritos designados por el Banco de España calificaron la operación de "éxito", pues "resultó beneficiosa para los que participaron”, y supuso "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas".

En la causa figuraban como investigados, el entonces presidente del Popular, Ángel Ron, su vicepresidente, Roberto Higuera, y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco José María Sanz Oliva, a quienes se les atribuía los delitos de estafa a los inversores, administración desleal del patrimonio societario y otros.

Además, el juez también interrogó al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue "un rotundo éxito".

El sobreseimiento llega algo más de un mes después de que Ron pidiera al juez el archivo, también con el aval del informe pericial. También la fiscal del caso Belén Dorremochea remitió la pasada semana un escrito al Juzgado en el que pedía el archivo de la causa haciendo alusión igualmente a la pericial del Banco de España.

En su auto, Pedraz explica que la ampliación de capital de 2012 se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación.

En el marco de esta investigación, el magistrado tomó declaración al propio Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era "claro y transparente y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta.

En su auto, Pedraz hace suyos los argumentos de la Fiscalía y explica que la ampliación de capital de 2012 se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación.

Para España, añade, dichas medidas consistieron en "implementar estrictas medidas en el sector bancario, introducidas a través de diferentes formas, como la de someter a las entidades a una serie de pruebas para determinar cómo podrían reaccionar en escenarios adversos o mediante los reales decretos-ley".

Todo ello, con el objetivo de incrementar los requerimientos de solvencia de las entidades bancarias, calculándose las provisiones que debían alcanzar las diferentes entidades a través de las pruebas de estrés de Oliver Wyman.

El Banco Popular calculó que se tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales, algo que la entidad abordó "a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas", optando por realizar una ampliación de capital en 2012, decisión que fue respaldada por la junta de accionistas.

Todo el proceso se llevó a cabo, prosigue el auto, "conforme a la normativa pendiente y presentado la información legalmente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma".

El hecho de haber omitido una parte de las reclasificaciones de créditos dudosos de 2012 en los números de 2013 "no se hizo con intención de engañar a los posibles compradores, teniendo en cuenta que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas".

Asimismo, existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España, concluye Pedraz.

Además de la investigación ahora archivada por el titular del juzgado central de instrucción nº 5, el titular del juzgado central de Instrucción nº 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

Calama abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización