El año 2023 se cerró con un incremento del sueldo medio de los trabajadores catalanes del 5,2% respecto al año 2021. El salario medio llegó a los 2.056 euros mensuales brutos el año pasado. Este dato, extraído del último informe Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción de la Ocupación de la consultora Adecco, haría pensar en un buen estado de salud de los sueldos.

Sin embargo, la estadística esconde una realidad más inquietante que recoge el mismo estudio: el poder adquisitivo en Catalunya, la capacidad de compra una vez descontada la inflación y los impuestos, disminuyó un 1,5% el año pasado, lo que supone una rebaja de 387 euros anuales. La situación ya se arrastra desde hace más de una década, puesto que desde 2009 el poder de compra de los empleados ha caído un 9,8%.

En una primera conclusión, las cifras constatan que, más allá del ciclo inflacionista actual, ya hace tiempo que el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) erosiona el poder adquisitivo de los salarios catalanes, ensanchando las desigualdades sociales. Ante este escenario, expertos del mundo económico como el Observatori Desca o la Plataforma per una Fiscalitat Justa instan a proteger los sueldos más bajos de la espiral inflacionista, a la vez que proponen que se apliquen nuevos impuestos a los beneficios empresariales.

El informe de Adecco muestra que los trabajadores catalanes han perdido un 1,5% de capacidad adquisitiva el último año. El dato se obtiene descontando la inflación de la evolución del salario medio, consiguiendo así la variación de su poder de compra. Tomando como base la evolución de los últimos ocho trimestres, el estudio concluye que la diferencia entre el poder de compra actual y el máximo -que se registró en 2009- es de una pérdida de un 9,8%. Catalunya acumula tres trimestres consecutivos de pérdida de poder adquisitivo y todavía está por debajo de los resultados del año 2000.

En una línea similar, la decimoséptima edición del informe Evolución Salarial 2007-2023, elaborado por ICSA y EADA Business School, en este caso en el ámbito estatal, revela fluctuaciones en los salarios de los empleados, con un aumento para los trabajadores de base, un descenso para los cuadros medios y un incremento para los directivos durante el último año.

A pesar de los cambios, una de las tendencias que se dibuja es que la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios a lo largo de la evolución histórica. El trabajo, que recoge datos salariales de más de 80.000 trabajadores, muestra que la transformación de las empresas afecta la estructura organizativa.

David Suárez, socio y director del área de estudios de ICSA, señala que "estamos asistiendo a una transformación progresiva de las organizaciones que allanan sus estructuras, implicando menos mandos intermedios y más lugares tecnificados".

Uno de los aspectos que destaca es el cambio en la jerarquía salarial entre sectores. La industria ha superado el sector financiero, liderando los sueldos de los empleados, mientras que el comercio y el turismo continúan atrasados en términos de retribuciones.

Estructura salarial desigual

Además de recelar de los cálculos estadísticos, puesto que los datos mencionados anteriormente atribuyen mayor peso al 30 o al 40% de los sueldos altos, algunos especialistas reclaman priorizar el análisis de la estructura salarial. Es el caso del técnico de Economía y Derechos Sociales del Observatori Desca, Ernest Gutiérrez, quien recuerda, con cifras de Hacienda, que un 40% de la población percibe menos de 1.500 euros brutos mensuales y un 10% cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado este año en los 1.134 euros mensuales. Además, un 60% recibe una retribución que se sitúa por debajo del salario medio.

Repasando la evolución salarial en la última década, Gutiérrez señala que antes de la última reforma laboral, aprobada hace dos años, prácticas como la congelación salarial o la retroactividad de los convenios han hecho que "la paridad de compra se haya ido a pique". En un contexto de subidas de precios desmesuradas en ámbitos como la vivienda y la alimentación, "el impacto en el poder de compra ha sido brutal".

Además de denunciar el empobrecimiento de las clases medias, el técnico del Observatori Desca lamenta que "no se hayan aplicado medidas para blindar los gastos en vivienda y comida y que se dejan a la provisión del mercado, a diferencia de la sanidad y la educación".

Para afrontar esta derivada, Gutiérrez plantea, como mínimo, equiparar por norma la subida de los sueldos a la del IPC y que las políticas incidan en el mercado. "El encarecimiento de los alimentos y la del precio de los alquileres se podían haber evitado". Desde el punto de vista fiscal, propone incrementos impositivos que graben las rentas del capital, a la vez que se protejan los sectores de primera necesidad y se intervenga en los márgenes de beneficio empresarial.

Por su parte, el presidente de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Xavier Martínez Gil, va un paso más allá y matiza que "más que un debate fiscal, que también, aquí se da un caso flagrante de desigualdad social, en el cual es necesario compensar la inflación, deflactando la tarifa del IRPF". Este movimiento permitiría modificar los valores con los que se fijan los tramos del impuesto para ajustarlos a la progresión del coste de la vida.

Ante la concentración de riqueza, la receta de Martínez Gil es gravar fiscalmente las rentas altas para reducir las desigualdades salariales, que acaban siendo un problema social. Los dos estudios, unidos a las valoraciones de los expertos, avalan que el poder adquisitivo de los trabajadores catalanes no se ha recuperado desde el año 2009, momento desde el cual se han desencadenado varias crisis económicas. Todos los especialistas coinciden que es la voluntad política la que puede ayudar a poner límites a fenómenos como el fraude, la evasión fiscal o apostar por la progresividad tributaria.