El Gobierno en funciones deja a su sucesor un ajuste de 5.000 millones de euros pendiente

MADRID.— La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este viernes que si Mariano Rajoy es investido presidente del Gobierno a final de este mes, el nuevo Ejecutivo estaría en disposición de aprobar el techo de gasto para 2017 en noviembre.

De momento, el Gobierno en funciones ha dado el visto bueno este viernes al plan presupuestario para 2017 y al conocido como Informe de acción efectiva, que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y el siguiente, y que remitirá a Bruselas mañana, cuando finaliza el plazo para enviarlo a la Comisión Europea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha estudiado el proyecto presupuestario 2016-2017 que se remitirá a Bruselas, la vicepresidenta ha explicado que junto con el límite de gasto, también se aprobarán los objetivos de déficit público de todas las administraciones para 2017.

Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, donde aseguró que "la parte mollar" de lo que se remitirá a Bruselas es el 'informe de acción efectiva', que resume las medidas aprobadas para reducir el déficit, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.

En este punto, la vicepresidenta confió en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que un Gobierno "a pleno rendimiento" podrá aprobar mediante decreto ley las medidas de naturaleza presupuestaria que considere oportunas —como podría ser la revalorización de las pensiones— para que estén en vigor el 1 de enero.

Según ha confirmado, la prórroga automática de los presupuestos de 2016 será inevitable, porque aunque se pueda presentar el proyecto de ley con las nuevas cuentas para 2017 no dará tiempo a que esté aprobado antes del 1 de enero.

La vicepresidenta no ha ofrecido ningún detalle sobre el plan presupuestario que se mandará a la Comisión Europea y se ha limitado a recordar que incluye las medidas de acción efectiva que se han tomado en 2016 para bajar el déficit al 4,6% del PIB y una proyección de las cuentas de 2017 conforme al último cuadro macroeconómico, pero sin medidas de política económica.

Al respecto, ha dicho que será el nuevo Gobierno el que adoptará los cambios presupuestarios necesarios para cumplir el objetivo del 3,1% del PIB fijado para 2017, si bien ha incidido en que el crecimiento económico será favorable a la consecución de ese objetivo.

De momento, el texto que el Ejecutivo en funciones enviará a Bruselas contemplará un déficit público del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido con Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año. Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.