El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de Ley que endurece las condiciones y obliga a una mayor transparencia a las entidades financieras españolas a la hora de conceder hipotecas. La nueva norma suprimirá comisiones y amplía los importes impagados necesarios para que el banco pueda ejecutar la hipoteca del préstamo y por tanto quedarse con la vivienda.

El hundimiento del sector inmobiliario y la crisis económica que expulsó del mercado de trabajo a millones de españoles hicieron que decenas de miles de ciudadanos perdieran su vivienda al no poder pagar la hipoteca y, en algunos casos, todavía debían fondos a la entidad. Esto puso a la banca en el punto de mira del descontento social, sobre todo tras el rescate bancario con dinero público.

​​Así, amplía el plazo para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario, ya que deben haberse producido nueve impagos mensuales frente a los tres actuales, o equivalentes al 2 % del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo. Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4 % o de 12 cuotas mensuales impagadas.

Sin embargo, esto no beneficiará a los deudores que ya se encuentren inmersos en un procedimiento judicial cuando la nueva ley entre en vigor, con lo que la retroactividad de este aspecto concreto será "mínima", dicen las fuentes.

El nuevo proyecto de Ley también busca incentivar el traspaso de préstamos de tipo variable a tipo fijo, eliminando las comisiones a partir del tercer año y rebajando los gastos de notaría y registro, al tiempo que se prohíbe a la entidad la venta de productos vinculados a las hipotecas, como los seguros de vida.. En España más del 80% de los contratos hipotecarios son a tipo variable.

La legislación velará por una mayor transparencia, obligando a las entidades a entregar al cliente la documentación detallada con la oferta vinculante al menos siete días ante, sobre todo con la existencia de cláusulas "potencialmente sensibles", como las cláusulas suelo que han generado gran controversia y han obligado a la banca a pagar a sus clientes centenares de millones de euros.

"Durante esos siete días previos a la firma del contrato, el notario asesorará de forma gratuita y verificará mediante acta que el consumidor ha recibido y comprende las consecuencias jurídicas y económicas del contrato que va a firmar", indicó el Ministerio de Economía.​

El ministro Luis de Guindos ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la norma eleva la transparencia de las hipotecas, con el objetivo de evitar situaciones como las que se han producido en los últimos años, como las relacionadas con las cláusulas suelo.

La norma, ha añadido el ministro, se remite ahora al Congreso y cuenta con un amplio consenso con los grupos canario, vasco y Ciudadanos, pero no con el PSOE, aunque el Gobierno está abierto a las aportaciones que pueda hacer en el trámite parlamentario.

El Gobierno quiere que la nueva Ley Hipotecaria entre en vigor "antes del final del primer semestre de 2018", una vez finalizado el trámite parlamentario del proyecto normativo, según fuentes del ministerio de Economía, que han añadido que esperan que España se libre finalmente de tener que pagar una multa por pasarse del plazo para la trasposición de la directiva europea en la que se basa este proyecto, que terminaba en marzo de 2016, "cuando el Gobierno estaba en funciones".

Novedades de la ley

La nueva ley reduce los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios, por ejemplo los de notaría o registro, aunque no establece claramente el reparto de estas cargas, es decir "quién paga qué", ya que depende de cómo lo pacten las partes.

La norma abarata, entre otras cosas, las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato.

Asimismo, la conversión de tipo variable a fijo no pagará comisión a partir del tercer año y esto sirve para todo el stock, y no solo para los préstamos que se pidan a partir de la entrada en vigor de la ley.

La directiva contempla también la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la divisa en la que percibe la mayoría de los ingresos-, del crédito en moneda extranjera, con lo que se eliminan los problemas planteados por las hipotecas llamadas multidivisas.

Además, la Directiva circunscribe el ámbito de aplicación a los consumidores, mientras que la norma aprobada hoy lo amplía a los autónomos, explica Economía.

También obliga al deudor a acudir dos veces al notario, una para recibir toda la información necesaria antes de firmar la hipoteca y plantear todas las dudas que le surjan, que será gratuita, y otra para firmar. El banco deberá ofrecer más información al cliente que quiera pedir una hipoteca y darle una ficha con todas las advertencias estandarizadas y con simulaciones según distintos escenarios, además de advertir sobre cláusulas sensibles como las cláusulas suelo.