El Gobierno cifra en más de 2.000 millones el coste del rescate de las autopistas

El Gobierno estima en "más de" 2.000 millones de euros la factura del rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas, que se hará efectivo el próximo mes de enero con el fin último de volver a sacarlas a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

Se trata del importe que el Ejecutivo reservará en el Presupuesto prorrogado del ejercicio 2018 para atender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que el Estado tiene ante los actuales concesionarios de estas vías, esto es, el importe que tiene que pagarles por las inversiones que realizaron en construirlas.

La cifra de la RPA está muy por debajo de la que maneja el sector, lo que, según avanzó ya el propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, supondrá abrir un nuevo frente judicial.

Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros (inversión pendiente de amortizar), a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

En su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.

Plan presuestario

El Gobierno incluye esta cifra en el Plan Presupuestario que acaba de enviar a Bruselas, en el que dice que "la evolución del gasto en inversiones en el 2018 está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentra en concurso de acreedores".

En el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo añade que la Responsabilidad Patrimonial del Estado ante estas autopistas se "activará" a principios de año, esto es, cuando todas las vías estén en liquidación, se rescindan los actuales contratos de concesión y el Gobierno las asuma, un proceso previsto para el próximo mes de enero.

No obstante, la activación de la RPA, esto es, el hecho de que el Gobierno se vea obligado a atender este pago, no quiere decir que lo abone de forma efectiva.

Nuevo proceso judicial

Fomento ya ha asumido que el importe que finalmente tenga que pagar será determinado por un juez tras un proceso judicial, al dar por hecho que los concesionarios recurrirán los importes que fije la Administración.

El Ministerio ya tiene listo el plan de rescate, que sustituyó al inicialmente diseñado por su antecesora Ana Pastor, toda vez que las autopistas comenzaron a recuperar parte de los tráficos perdidos durante la crisis y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los fondos buitres que se quedaron con el grueso de su deuda, que asciende a unos 3.200 millones de euros.

De hecho, recientemente, uno de estos fondos internacionales trató de arrebatar la autopista radial R-2 Madrid-Guadalajara a Fomento, al intentar evitar que cayera en liquidación planteando un plan de viabilidad para quedarse con su explotación, dado que se trata de la única de las nueve en quiebra que no tiene RPA.

Relicitaciones

El Plan Presupuestario señala, además,  que "se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros" que servirán para cubrir parte de esta factura que las autopistas fallidas supondrán en las arcas públicas.

A comienzos de octubre, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) licitó dos contratos de servicios para la elaboración de algunos de los estudios previos necesarios para dicha relicitación. Esos contratos incluyen estudios de demanda, de tarifas y de viabilidad económico-financiera de las nueve autopistas en quiebra y gestionadas por 8 concesionarias y que pasará a gestionar Seittsa entre enero y abril del próximo año.

Se trata de las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5 (la R-3 y la R-5 son gestionadas por la misma concesionaria), la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.

En julio, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa para que la empresa pública pudiera hacerse con esas autopistas de peaje hasta su nueva adjudicación.

Según la cuenta de pérdidas y ganancias incluida en un anexo del convenio, el Gobierno prevé que estas vías generen el año que viene un beneficio neto de 34,3 millones y logren unos ingresos por peajes de 93,4 millones.