Ganarse la vida trabajando por cuenta propia volverá a resultar más costoso que el año anterior, una tradición laboral que en 2018 se mantendrá como consecuencia del recorte de desgravaciones en el IRPF derivado de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, al que, salvo que haya Presupuestos del Estado y estos dispongan otra cosa, el Gobierno pretende sumar una subida de las cotizaciones del 4% que afectará a uno de cada tres.

El 1 de enero entra en vigor la parte fiscal de la nueva norma, que elimina la actual bonificación de hasta el 30% del coste de los recibos domésticos de internet, teléfono, electricidad, gas y agua para los trabajadores por cuenta propia que operan desde su casa y la reduce a un máximo del 9%, algo que, como media, encarecerá en 620 euros anuales los costes fijos de los autónomos.

La Comisión de Empleo del Senado debatirá el próximo 17 de enero una proposición no de ley del PSOE para retornar a la situación anterior a la reforma, que no afectó a deducciones como las del IBI, la amortización de la hipoteca o las cuotas y derramas de la comunidad de vecinos, que siguen siendo proporcionales a la parte de la casa que se dedica a tareas productivas. Sin embargo, cualquier modificación de esa norma requiere tramitar otra con rango de ley, un proceso que dura varios meses y que está, en cualquier caso, lejos de comenzar.

Una subida del 4% tras otra del 8%

De otra ley, en este caso la de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que cada año establece las bases de cotización, depende que los costes de los autónomos aumenten de nuevo este año.

Los Presupuestos no tienen fecha prevista de aprobación ni contenido previsible, aunque el Gobierno va dando pistas de su preferencia por una subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia: el borrador de la orden ministerial que ha transmitido a las organizaciones del sector prevé equiparar la del millón de autónomos que trabajan mediante sociedades o han tenido diez o más empleados en 2017 a la del Grupo I de los trabajadores por cuenta ajena.

Esta suele tener la misma evolución porcentual que el Salario Mínimo Interprofesional, lo que, salvo que los PGE indiquen otra cosa, supondría una subida de casi el 4% tras el 8% de enero de 2017. En esos dos años, el recibo habrá pasado de 319,17 euros a 358,50 (ahora es de 344,71), lo que supone un encarecimiento de 471,90 al cabo del año.

La perversa vinculación de la base teórica al SMI

Para el resto de los autónomos, mantener la vinculación de la base y la cuota mínimas con la evolución porcentual del SMI conllevaría elevar la primera a 956,20 y la segunda a 286,02, lo que supondría once euros mensuales y 132 anuales más que ahora.

La congelación inicial para las bases y las cuotas de los trabajadores por cuenta propia sin empleados ni sociedad, que encadena subidas anuales del 1% al 3% en lo que va de década, es relativa, ya que la última subida, del 2,92%, comenzó a aplicarse en julio de 2017, nada más entrar en vigor los presupuestos. La base mínima subió a 919,25 euros y la cuota derivada de ella, que es la que paga el 86% del sector, a 275,02.

UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) teme que “s se repite el procedimiento, que es lo más probable, tendremos un incremento en las mismas condiciones en los próximos meses” que resultaría “excesivamente elevado”. “Teniendo en cuenta que esta subida se aplica a las rentas más bajas, incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”, sostiene esta organización, “debería haberse congelado para ayudar a los nuevos autónomos que no pueden aplicarse la tarifa plana”.

Deducciones por el menú y la furgoneta

El año, no obstante, comienza también con algunas ventajas fiscales. La principal de ellas es la posibilidad de deducirse en el IRPF hasta 26 euros diarios en concepto de manutención, siempre que ese desembolso esté justificado por un tíquet de un local de restauración y se haya pagado por un medio electrónico, además de otros 2.000 anuales por gastos de difícil justificación y el 20% de los de desplazamiento siempre que se realicen con un vehículo afecto a la actividad (rotulado con la razón social y con el cristal trasero tintado).

Esa medida, incluida en la ley por la presión de ERC y con el apoyo de todo el arco parlamentario, equipara a los autónomos con las empresas, que llevan décadas deduciéndose en el Impuesto de Sociedades ese tipo de gastos, y también con los trabajadores por cuenta ajena, que no tributan en el IRPF por las dietas de manutención ni por los primeros 19 céntimos por kilómetro que reciben de su empleador por desplazamiento.

El 1 de enero de 2018 entran en vigor otros siete apartados de la nueva ley: el que limita al 20% el recargo por impago de cuotas con hasta dos meses de retraso o antes de que recaiga sanción, y que tras ella será del 35%; la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año y las rebajas del 50% y el 30% en cada semestre del siguiente, aunque algunas fuentes apuntan que esta medida requiere una habilitación presupuestaria que no existe hoy por hoy; las ventajas para discapacitados y víctimas de violencia machista y de terrorismo, que se encontrarían en la misma situación que las anteriores, y, por último las nuevas regulaciones de las altas y bajas y de los cambios de base dentro de un mismo ejercicio, así como de las sanciones derivadas de su incumplimiento.

Fuera: presión fiscal y ‘burbuja del emprendimiento’

El colectivo de los trabajadores por cuenta propia, que se está revelando como la principal vía de salida de la crisis al crear más empleo que la empresa privada y también al generar más contratos que las administraciones, tiene este 2018 dos asuntos clave en el ámbito político: el debate sobre la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) para buscar una salida a su insostenible sistema de protección social, en el que la inexistencia de un sistema progresivo deriva en jubilaciones por debajo del umbral de la pobreza pese a los esfuerzos económicos y las prolongaciones ficticias de la vida laboral que no logran remediarlas, y la modificación de la ley de ‘segunda oportunidad’ que el Gobierno debería presentar a mediados de mayo si sigue el mandato del Congreso.

Por el contrario, ni la revisión de un cuadro tributario que somete a los autónomos a mayor presión fiscal que la empresa ni el análisis de la llamada ‘burbuja del emprendimiento’ están sobre la mesa.

Solo el 55% de los 3,2 millones de autónomos lleva más de cinco años en la Seguridad Social, y las bajas superan a las altas muchos meses, hasta el punto de que entre enero y noviembre entraron en el sistema 634.222 personas y salieron de él 619.624, lo que deja un escaso avance de 14.598. La combinación de esos dos datos apunta a que el país flojea en lo que se refiere a la consolidación de los negocios y pone en entredicho la eficacia que por sí sola pueden tener medidas como la tarifa plana, cuyo impacto presupuestario supera los 1.400 millones anuales.