Guindos prevé que el próximo gobierno deberá asumir un ajuste de al menos 26.000 millones en dos años

LUXEMBURGO.— El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, insistió este martes en Luxemburgo en algo que se viene diciendo desde hace tiempo, pero a lo que casi nadie otorga mucha importancia: el próximo Gobierno tendrá que hacer recortes, "ajustes" en palabras de Guindos.

La senda fiscal marcada por Bruselas exige a España reducir su déficit este año al 4,6% del PIB, en 2017 al 3,1%, y en 2018, al 2,2%. Es decir, un ajuste de 2,4 puntos del PIB en dos años, hasta el final de 2018. En cifras redondas, 26.000 millones de euros, y eso contando con que España cumpla con el objetivo de déficit en 2016, algo que muchos organismos —el Banco de España, por ejemplo— no ven tan claro, aunque Guindos da por seguro que España cumplirá con un déficit del 4,4% del PIB este año, al que se añadirían dos décimas por las ayudas al sector financiero español.

Ese ajuste se puede hacer aumentando los ingresos, pero los recortes son inevitables: sólo falta determinar su cuantía.

El lenguaje empleado por el ministro de Economía en funciones es, en realidad, más suave: afirmó en Luxemburgo que el próximo Gobierno de España deberá tomar medidas para ajustar un déficit público de 2017 que incumplirá inicialmente el objetivo marcado por Bruselas.

El ministro en funciones dijo que el próximo Gobierno tendrá, por tanto, que tomar "medidas discrecionales" para cumplir con el objetivo del 3,1% del PIB, para lo que deberá decidir cómo reparte en las diferentes partidas estos esfuerzos y qué "elementos fundamentales" lo compondrán, como por ejemplo si habrá que hacer modificaciones tributarias o no.

De Guindos mostró su optimismo al afirmar que los nuevos objetivos de reducción del déficit marcados a España son "razonables" y que pueden llevarse a cabo sin afectar al crecimiento ni la generación de empleo a un ritmo adecuado, pero advirtió de que España tiene que encauzar su desvío, dado que el país aún es "vulnerable" a un repunte de los tipos de interés debido a que acumula una deuda pública que prácticamente equivale al 100% de su PIB.

Tras la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea en Luxemburgo, Guindos dijo que "una de las cuestiones más importantes" que tendrá que hacer el nuevo Ejecutivo será elaborar "un presupuesto real" y que no sea meramente inercial" para cumplir los compromisos de déficit público con Bruselas. El ministro mostró su esperanza de que ese nuevo Presupuesto esté antes de final de año.  

El ministro dice que España deberá decidir cómo reparte en las diferentes partidas los esfuerzos y qué "elementos fundamentales" lo compondrán, como por ejemplo si habrá que hacer modificaciones tributarias o no

En esta línea, De Guindos afirmó que tanto el PSOE como Ciudadanos y el PNV "comprenden" y conocen "perfectamente" los compromisos que ha adquirido España con la Unión Europea en materia presupuestaria: "Es muy importante desde el punto de vista de la credibilidad y nuestro compromiso con el futuro de la zona del euro, que el año que viene tengamos un presupuesto con un objetivo del déficit del 3,1 % del PIB".

El Ejecutivo español, en funciones desde hace nueve meses, debe remitir a Bruselas antes del próximo sábado un borrador del presupuesto para 2017, aunque en la práctica sólo puede prorrogar el presupuesto de 2016 actualizado por las proyecciones macroeconómicas, lo que implica no incluir más medidas de política económica.

La falta de un nuevo gobierno tras dos elecciones en menos de un año ha impedido la elaboración de los presupuestos de 2017 y la adopción de medidas de ahorro más allá de una modificación del impuesto de sociedades para adelantar pagos.

La víspera, el jefe de los ministros de finanzas de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, advirtió a España de que debería tener cuidado con los números que pone en el borrador de su presupuesto para 2017, ya que la calidad de sus estimaciones en el pasado ha sido "pobre".

España se salvó en verano de ser multada por superar el límite de déficit durante varios años y no llevar a cabo acciones para reducirlo, como establece la legislación europea.