Nunca hubo en España tantas empresas sin empleados como ahora: 1,82 millones que suponen más del 55% del total de 3,28 millones de sociedades activas en el país, según los datos a cierre de 2016 del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística.

El estudio también revela cómo la cifra actual supera en 69.000 a la que se registraba en 2008, cuando estalló la crisis, y en 406.000 a la del cambio de siglo, cuando el volumen de 1,38 millones de firmas sin plantilla (55% del total) inició un crecimiento sostenido que solo se vio interrumpido entre 2011 y 2014, cuando desaparecieron más de 120.000 antes de repuntar de nuevo y con mayor ímpetu.

Esa monitorización de los movimientos societarios en los registros mercantiles revela otro dato llamativo: más del 90% de las nuevas empresas constituidas en España a la sombra de los presuntos ‘brotes verdes’, una mejora de los indicadores macroeconómicos sin reflejo en las economías domésticas, carecen de empleados: entre 2014 y 2017 la cifra global de sociedades ha aumentado en 163.036, mientras la de entidades sin trabajadores lo ha hecho en 150.767, lo que representa el 92,47% del total.

Una tendencia inquietante

En realidad, las empresas sin trabajadores suponen algo más de tres cuartas partes de las que se constituyen en España cada año: 932.572 de 1.197.577 (el 77,87%) entre 2014 y 2016. Sin embargo, su peso en el conjunto del tejido empresarial es creciente ya que suponen un porcentaje mucho menor de las que se disuelven: 731.159 de 1.046.281, el 68.8%, en ese mismo periodo.

El cruce de esos dos datos revela una tendencia inquietante para la economía española, como es el hecho de que en los tres años de la supuesta recuperación económica el número de sociedades sin asalariados haya aumentado en más de 200.000 mientras que las que sí dan empleo se hayan reducido en algo más de 50.000, tras la creación de 265.005 y la disolución de 315.122.

Es decir, que España lleva tres años perdiendo una media semanal de 321 sociedades que generan empleo mientras aumentan en 1.291 las que no lo ofrecen. La tendencia se frenó ligeramente el año pasado, cuando el retroceso de las primeras cayó a 235 y el avance de las segundas se redujo hasta 896, semanales en ambos casos.

Quizá propensiones como estas de tipo societario tengan algo que ver con el deterioro del mercado laboral del país, cuyos ciudadanos tienen menos trabajo que antes de la crisis pese a que crece el número de ocupados y desciende el de desempleados. Aunque cinco de cada seis empresas que se declaran insolventes sí tienen trabajadores (13.192 de 15.741 en los últimos tres años), esa cifra apenas abarca una vigésima parte de los ceses entre las que generan empleo, lo que aparenta ser un indicio de que el grueso de las liquidaciones se produce más por decisiones empresariales que por causas económicas.

La burbuja del emprendimiento

En ese bloque de compañías sin asalariados, en el que llama la atención la existencia de más de 460.000 sociedades limitadas y anónimas ‘de papel’ (han crecido más de un 20% desde 2008, cuando había 100.332 menos), tienen un peso importante otras de tipo productivo como las empresas personales de los autónomos, que suponen dos tercios del total (1,19 millones) y llevan camino de superar su marca de 1,24 de hace nueve años. De estas últimas, las consideradas estables, las que siguen activas de un año para otro, suponían al cierre de 2016 la mitad del total con 961.330.

Este registro lleva creciendo dos años, en los que han sumado 79.414 de manera paralela al fomento del autoempleo. Sin embargo, su evolución refleja lo que organizaciones como UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) denominan “la burbuja del emprendimiento”, ya que el avance es paralelo a un acelerado sistema de entradas y salidas que contabiliza 687.187 constituciones en tres años y 497.221 bajas en el mismo periodo. Es decir, que prácticamente medio millón de autónomos han dado de baja las sociedades con las que operaban en pleno auge del autoempleo.

El Gobierno celebra los 1,3 millones de tarifas planas de los últimos cuatro años pero obvia las 50.000 bajas mensuales de autónomos.. EFE/Chema Moya

“Los nuevos autónomos no se están asentando. El Ministerio de Empleo explica que 1,3 millones de autónomos se han acogido en cuatro años a la tarifa plana para poner en marcha sus negocios, que es cierto, pero las entradas en el RETA (Régimen de Autónomos) apenas superan a las bajas, 360.812 por 321.039 en el primer trimestre de este año”, explica el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, que insiste en que “entran y salen a toda velocidad y no se consolidan”.
Auge de la intermediación

La explotación de los datos del Directorio Central de Empresas da algunas pistas sobre las tendencias que se están dando en la economía real y en los sectores productivos del país.

En este sentido, llama la atención que en tres años, y mientras desaparecían casi 10.000 empresas de promoción inmobiliaria y otras tantas de la construcción, las sociedades que se dedican a actividades inmobiliarias hayan pasado de 137.245 a 168.540, que el 70% de ellas se dedique a la rentable (y todo apunta que burbujeante) actividad del alquiler de viviendas y que dos terceras partes del total carezcan de empleados.

En ese mismo periodo también han proliferado, con un aumento de más de 7.000 (de 66.370 a 73.410), las empresas dedicadas a actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, susceptibles, a tenor de los datos, de desarrollarse sin trabajadores, que es lo que ocurre en casi tres de cada cuatro casos, especialmente en el ramo de los seguros.

A estos datos, que sugieren un auge de actividades de intermediación desarrolladas a través de ‘empresas de papel’, más que una mejora del sistema productivo dirigida a la creación de empleo, se les unen otros como la desaparición de más de 11.000 pequeños comercios (cerca de 3.000 tiendas, casi 3.500 bares y restaurantes y 1.400 librerías y papelerías).

La privatización del bienestar

Por último, los datos del Dirce revelan un notable aumento de la actividad societaria en sectores como la sanidad y la enseñanza, dos de los pilares del Estado del Bienestar más mermados por las políticas austericidas de los últimos años.

En España operan 16.040 empresas sanitarias más que hace tres años (de 131.740 a 147.780). Dos tercios de ellas (97.587) carecen de empleados, si bien el grueso de la rama privada de esa actividad (117.562) está en manos de autónomos y de médicos que compatibilizan su trabajo en el sistema público con consultas particulares.

El avance ha sido mayor en el ámbito educativo, en el que en solo tres años han comenzado a operar 18.911 empresas; la mayoría de ellas (15.840) anotadas en el apartado de “otros”, en el que priman los autónomos (48.330 de 75.503) que dan clase en academias. No obstante, también se ha dado un avance notable entre las sociedades que trabajan en los niveles de enseñanza obligatoria (Primaria y Secundaria), que han aumentado un 13% al pasar de 14.366 a 16.248.

El deterioro de los servicios públicos y el avance de las actividades privadas en estos ámbitos son algunos de los motivos por los que, según refleja la Encuesta de Presupuestos Familiares, está aumentando el gasto de las familias en enseñanza y en salud, que ya alcanza una media de 380 y de 971 euros anuales, respectivamente.