Tras una pandemia global, que detuvo de repente la economía mundial, la llegada de una crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania, que ha puesto al límite los precios de la energía, las materias primas y los suministros, obliga a las administraciones a realizar ejercicios de ingeniería fiscal para recalcular sus previsiones económicas. En el caso de la Generalitat, éstas se han revisado a la baja, especialmente para el 2023.

Los últimos datos del Departament d'Economia, publicados en octubre, auguran que el Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya de este año crecerá un 4,4%, 0,5 puntos menos que lo previstos en abril. La moderación del consumo de los hogares, el aumento de la incertidumbre general, la pérdida del poder adquisitivo y la aceleración de la inflación están detrás de este análisis. De hecho, el Departament sitúa a partir de la próxima primavera el fin de las tensiones inflacionistas.

Más allá de estas cifras, compartidas por otras entidades como la Cambra de Comerç de Barcelona o el BBVA, expertos y empresarios recomiendan aprovechar la situación de inestabilidad para diseñar una nueva estrategia fiscal, que vaya acompañada de una buena dosis de prudencia en la hora de calcular los ingresos previstos en pleno proceso de negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

Aunque el avance de la economía catalana en los últimos tiempos ha permitido cerrar parcialmente la brecha que dejó la crisis sanitaria, todavía en el segundo trimestre de este año, el volumen del PIB era un 1,2% inferior al del cuarto trimestre de 2019. En este contexto, el Departament detecta "una desaceleración de la actividad, un debilitamiento de los indicadores de consumo en una situación de encarecimiento de los costes intermedios y de aumento generalizado de los precios". La tendencia, según valora la Conselleria, refleja el contexto de incertidumbre y los problemas de aprovisionamiento.

Aunque se produzca ese aumento de la incertidumbre, la Generalitat cree que la inversión crecerá un 6% durante el 2023. Esta subida estaría vinculada al despliegue de los fondos europeos Next Generation. Con estos datos, el Govern sitúa el incremento del PIB en Catalunya en el 2023 en el 1,7%, más de tres puntos por debajo de las previsiones para este año que había realizado hace seis meses. En relación con la tasa de paro, pronostica un descenso suave, quedándose este año y en 2023 en torno al 9,4 o el 9,5%.

Por su parte, esta misma semana, el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicado su indicador avanzado, que constata que la economía catalana creció un 0,1% en el tercer trimestre de 2022. Asimismo, éste detecta una ralentización de la economía, ya que se situó 1,3 puntos por debajo de lo registrado en el segundo trimestre (1,4%). Por lo que respecta a la variación interanual, el PIB catalán en el tercer trimestre creció un 4%, por debajo del 4,9% del segundo trimestre. El Idescat lo atribuye a la desaceleración del sector servicios, que registró una variación del 6%, más de un punto inferior al trimestre anterior.

Previsiones demasiado optimistas

En la misma línea, la Cambra de Comerç de Barcelona también ha rebajado sus expectativas respecto al crecimiento del PIB. Para este año, calcula un aumento del 4,3% y un 1,6% para 2023. La entidad estima un PIB estancado debido al impacto de la crisis energética, de la pérdida de poder adquisitivo de las familias a causa de la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias. Durante la presentación de su Informe de Coyuntura, la presidenta de la Cámara, Mònica Roca, predijo que "2023 será un año complicado para Catalunya".

Para el BBVA, la escalada de precios reciente, sumada a la exigua subida de los salarios, hacen reducir el ahorro de las familias y su capacidad de consumo. Ante este panorama, la entidad financiera ha revisado a la baja sus previsiones macroeconómicas para el 2023 y ha recortado a la mitad el crecimiento estimado de la economía catalana. El PIB prevé que aumentará el 0,9%, la mitad de lo que anticipaba hace cuatro meses.

A pesar de la coincidencia en que la ralentización económica se explica por la incertidumbre geopolítica, la crisis energética, la inflación elevada, el endurecimiento de las políticas monetarias y el bajón de la confianza de los inversores, la economista, profesora de Hacienda Pública y experta en Derecho Tributario de la Universitat de Barcelona (UB), Maria Dolors Torregrosa, cree que "el exceso de optimismo de las previsiones de la Generalitat, basadas en un incremento importante de la actividad por la salida de la pandemia, obliga ahora a replantear el escenario desde el punto de vista económico, tomando decisiones a largo plazo".

Impuestos a los beneficios empresariales

Torregrosa insiste en la euforia de los análisis que precedieron al estallido de la guerra en Ucrania, "donde la previsión desmedida de incrementar las ventas, las exportaciones, al tiempo que caía el gasto sanitario, han provocado este desequilibrio que no se ha podido evitar, pero sí que disponíamos de indicios, como el encarecimiento de los suministros, que nos decían que no todo iba tan bien como querían hacernos creer".

Ahora, con el agravante de la crisis energética, la economista ve un proceso marcado por los precios disparados, la caída del consumo y el cierre de empresas industriales. "Existe un riesgo real de entrar en recesión en 2023, ya que con los cálculos nos pasamos de la raya. Aunque el paro y el turismo se estabilizarán, al mismo tiempo crecerá la economía sumergida".

La proximidad del ciclo electoral, debido a que las anteriores previsiones se realizaron poco más de un año antes de las elecciones municipales, es otra de las razones que cita Torregrosa para explicar estas desviaciones. Aprovechando que la Generalitat está inmersa en el procedimiento de negociación de los Presupuestos, la experta aboga por "un replanteamiento de la política fiscal, introduciendo impuestos que graven los beneficios empresariales e intentando acabar con la asimetría que supone que las rentas del trabajo puedan llegar a tributar más que las del capital inmobiliario".

Desde su posición, la patronal Foment del Treball plantea un reto similar. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, pide "unos presupuestos competitivos y equilibrados fiscalmente". Por eso, propone deflactar el IRPF, un movimiento que permitiría suprimir los efectos de la inflación en los salarios y amortiguar el impacto del encarecimiento del coste de la vida. Sánchez Llibre recuerda que, de no llegar a un acuerdo parlamentario, la prórroga de los presupuestos implicaría la pérdida de cerca de 3.000 millones de euros.

Acercándose a ello desde ópticas y recetas distintas, economistas y empresarios urgen a aprovechar el desajuste en las previsiones sobre la evolución del PIB de Catalunya para replantear una nueva política fiscal que aproveche las fortalezas económicas, como la buena marcha del mercado del trabajo por la Reforma Laboral o del turismo, para rebajar la incertidumbre e incentivar el consumo.