El Gobierno tiene en sus manos la supervivencia de la empresa de ingeniería Duro Felguera (DF), uno de los motores de la economía asturiana, con más de siglo y medio de existencia a sus espaldas, que arrastra desde hace años problemas financieros, agravados en los últimos meses por la crisis del coronavirus.

El consejo de administración de DF pidió a finales de agosto un total de cien millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, creado en julio por el Gobierno para proteger el tejido productivo español de los efectos de la pandemia y que cuenta con una dotación inicial de 10.000 millones.

A esas ayudas se ha acogido también el grupo Globalia, controlado por la familia Hidalgo y propietario de Air Europa, de las agencias de viaje Halcón y Ecuador y de los hoteles que operan bajo la marca Be Live. En su caso el rescate solicitado asciende a 400 millones de euros.

La clave del fondo es que sólo pueden beneficiarse de él las empresas viables antes del estallido de la covid-19, que estén en condiciones de seguir siéndolo cuando la crisis acabe y que, por lo tanto, no tengan problemas en devolver en el futuro el dinero recibido.

DF obtuvo 10,9 millones de euros de beneficios el año pasado y habría cerrado el primer trimestre de 2020 con nuevas ganancias de no ser por las provisiones realizadas para hacer frente con un cierto colchón a las incertidumbres que se ciernen sobre la economía.

La empresa, cuyo primer ejecutivo es José María Orihuela con el cargo de consejero delegado, declaró en 2019 unos ingresos de 392,9 millones de euros, de los que casi el 90% procedieron del exterior. Sus principales mercados son: Europa, de donde llegó el 38% de la facturación, África y Oriente Medio (28%) y América Latina (22%).

DF se dedica básicamente a la ejecución de proyectos llave en mano en el área de la energía, la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Tiene su sede en Gijón y da empleo directo a unas 2.500 personas.

El parón de la actividad derivado de la crisis sanitaria le llevó a aplicar en abril un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de seis meses de duración, que afecta a 672 trabajadores. Simultáneamente, el equipo de dirección decidió rebajarse el sueldo un 20%.

La ayuda solicitada por DF al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas se desglosa en dos tramos: el primero, de 70 millones de euros, consiste en un crédito participativo y el segundo, de 30 millones más, en una ampliación de capital que asumiría la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pero esa no es la única aportación que DF requiere para mejorar sus perspectivas: también dice necesitar la concesión de una línea de liquidez con la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y una línea de avales con la cobertura de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), imprescindible para acceder a nuevos proyectos, que además ahora escasean.

Caso de conseguirlo, la empresa estará en mejores condiciones de negociar su deuda, que a finales de 2019 rozaba los 90 millones de euros y cuya refinanciación no ven ahora con buenos ojos los bancos, sobre todo si incluye una eventual quita, la segunda después de la que ya aceptaron para superar la crisis que DF sufrió en 2018. Sus principales acreedores son: Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y CaixaBank.

Otro reto de la empresa es conseguir un socio de referencia, preferiblemente industrial. El accionista con una participación mayor, la familia Domínguez de Dor, dueña de la firma textil Mayoral, se quitó de en medio en agosto, al vender de golpe su 9,5%, que en el mercado valía 4,3 millones de euros, frente a los doce que pagó en 2018.

La cúpula de DF necesita también estabilizarse, después de los últimos movimientos registrados en un equipo de gestión que ha tenido en poco más de un año cuatro directores financieros. Además, este verano han sido despedidos el adjunto al consejero delegado, Javier Garcia Laza, y el responsable de Recursos Humanos, Alfonso Gordon, en medio de una crisis interna que estalló a raíz del encargo a la consultora KPMG de un informe forensic para detectar posibles fugas de información privilegiada.

El consejo de administración también ha sufrido vaivenes: en lo que va de año se ha nombrado una nueva presidenta, Rosa Isabel Aza, en sustitución de Acacio Rodríguez, y se han incorporado como consejeros independentes dos exministros socialistas, Valeriano Gómez y Jordi Sevilla. La exdiputada del PP Elena Pisonero fue fichada en junio, pero renunció a los pocos días alegando "potenciales conflictos de interés".