@vicente_clavero

MADRID.- El procedimiento de resolución extrajudicial de las cláusulas suelo, que tiene previsto aprobar este viernes el Gobierno, tras el acuerdo alcanzado el miércoles por PP, PSOE y Ciudadanos, intenta evitar una avalancha de demandas ante los tribunales. Se trata, por ello, de una mala noticia para los despachos de abogados y para organizaciones, como la de Consumidores y Usuarios (OCU), que se han ofrecido a representar a los afectados a cambio de unos suculentos honorarios.

Es posible que recuperen parte de su clientela potencial, sobre todo si los bancos se muestran cicateros o poco diligentes a la hora de devolver el dinero cobrado indebidamente, conforme a lo dispuesto en la sentencia dictada en diciembre por el Tribunal Europeo de Justicia. Pero, al menos de momento, el negocio se les ha deshinchado, ya que uno de los fines del procedimiento que aprobará el Gobierno es precisamente evitar las costas de la asistencia letrada.

No se trata de una cantidad baladí, pues los despachos de abogados más grandes están cobrando una media del 15% de lo que su cliente recupera, en algunos casos con los gastos aparte. Hay que tener en cuenta que, según cálculos del sector, la devolución de las cláusulas suelo podrían tener un impacto de 4.000 millones de euros sobre las cuentas de resultado de la banca. Y eso significa que las costas rondarían los 600 millones si no existiese el procedimiento extrajudicial.

De todas formas, la sentencia del Supremo de diciembre de 2015 que consideró nula de pleno derecho la imputación exclusiva a los prestatarios de los gastos de constitución de las hipotecas, abre nuevas oportunidades para los profesionales del derecho y para las organizaciones promotoras de demandas por ese motivo. Posibilidades, además, muy sustanciosas, tanto por las consecuencias económicas del fallo como porque el Gobierno aún no ha dicho esta boca es mía.

Los gastos de constitución de las hipotecas (gestoría, notaría, registro e impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) son proporcionales al importe de ellas. En una hipoteca media, que está alrededor de los 150.000 euros, suponen unos 3.000 en números redondos. Como, según la OCU, hay ocho millones de créditos de este tipo con imputación exclusiva de gastos a los prestatarios, el negocio potencial para los abogados supera de largo los 3.000 millones.

Precisamente, la OCU es de las más caras, pues por llevar la representación legal en este caso pide un fijo de 125 euros de abogado y 75 de procurador, más el 20% de la cantidad recuperada.

Algunos bufetes no van tan lejos: Rosales, por ejemplo, cobra el 10% y cien euros fijos, aunque esta última cantidad puede evitarse si se contratan simultáneamente sus servicios para las demandas sobre las cláusulas suelo y sobre los gastos hipotecarios. Pero el negocio sigue siendo soberbio.