El informe anual de 2022 del Defensor del Pueblo señala que la Comunidad de Madrid no ha podido recuperar 1.214 antiguas viviendas sociales y reincorporarlas al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social —antes denominado Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)—, a pesar de que la Justicia declaró la nulidad de la venta de estos inmuebles. La institución ha reprochado que no se haya seguido su recomendación de ayudar a los afectados para asignarles otra vivienda.

La razón es que estas propiedades han sido vendidas por una empresa "a terceros de buena fe". Estas casas formaban parte de las 2.935 viviendas sociales que fueron vendidas en 2013 al fondo buitre Encasa Cibeles (de Azora-Goldman Sachs). Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que después fue avalado por el Tribunal Supremo, sentenció que esta operación no tenía validez ya que no se justificó "el hecho de que los inmuebles enajenados hubieran dejado de ser necesarios para fines sociales", según recuerda el departamento de Ángel Gabilondo.

Es cierto que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura sí ha asumido "la gestión ordinaria de 1.721 viviendas". Pero, de estas residencias, "tan solo 472 se encuentran habitadas por los adjudicatarios originarios". Es decir, el daño por la venta de estos inmuebles destinados a personas en una situación desfavorable no ha sido reparado. Por esta razón, el Defensor del Pueblo ha destacado que esta decisión "supuso una importante pérdida de recursos con los que hacer frente a las necesidades sociales de vivienda y una merma en los derechos de las personas, hasta entonces adjudicatarias en régimen de arrendamiento de las viviendas públicas enajenadas".

Además, el informe lamenta que muchas de estas personas "no pudieron asumir las nuevas condiciones de los contratos cuando fueron renovados por la nueva empresa propietaria de las viviendas". El escrito también señala que los inquilinos "no tuvieron la posibilidad de solicitar un pago fraccionado de la deuda o la reducción de rentas, mecanismos que eran posibles cuando las viviendas eran públicas y que desaparecieron con su venta a una sociedad mercantil privada". 

Ante esta situación, el organismo ha indicado que recomendó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que "se regulara un procedimiento destinado a asignar viviendas a las personas adjudicatarias que se hubieran visto afectadas por esta venta de viviendas públicas protegidas". "Pero la recomendación no fue aceptada por la consejería competente", ha puntualizado.

La preocupación por la vivienda en España

La institución ha destacado también que el acceso a una vivienda sigue siendo el principal problema de los jóvenes y las personas con menos recursos debido al elevado precio de adquisición y al sobreesfuerzo que esto les conlleva. Por ello, insta a los poderes públicos a impulsar medidas estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, en línea con el mandato del Artículo 47 de la Constitución española.

Según el informe, el precio medio de la vivienda en España en el tercer trimestre de 2022 fue de 1.740 euros por metro cuadrado, y el 40,9% de quienes residen en una vivienda en alquiler a precio de mercado están sobreexpuestos financieramente a los gastos del alquiler, lo que supone que dedican más del 40% de sus ingresos al pago de la renta.