La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha culpado al Gobierno central y a la normativa de contratación que permite bajas temerarias de la situación del Aeropuerto de El Prat por la huelga de los trabadores de Eulen, y ha dicho que "quien paga el pato son los trabajadores, que ven precarizadas sus condiciones", y en este caso también los viajeros y la imagen internacional de la ciudad.

"Es inadmisible y hacemos directamente responsables al Estado, al Gobierno, y exigimos que arreglen esta situación que han generado ellos", ha declarado este viernes en una entrevista de la Ser, en la que ha tachado de pésima la gestión de Aena de sus servicios externalizados, y ha confiado en que el caso sea un toque de atención al adjudicar servicios con bajas temerarias en las licitaciones.

Colau, que tiene prevista este viernes una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recordado la "histórica demanda" de que el Ayuntamiento y la Generalitat participen en la gestión del aeropuerto y ve de sentido común que tenga una gestión próxima. La regidora barcelonesa alega que, si el Ayuntamiento formara parte de esta gestión, hubiera batallado para que las licitaciones se realizaran mejor.

Sobre si ve necesario que la Guardia Civil desarrolle las funciones de los trabajadores en huelga en los paros, ha respondido que la seguridad se debe garantizar en todo momento pero a priori le parece una "barbaridad que atenta al sentido común" suplir a trabajadores en huelga, por lo que ha optado por ser prudente ante esta posibilidad.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha indicado, que, en el conflicto de El Prat, el Gobierno "se centra en el cumplimiento de la legalidad, en garantizar el orden, pero se olvida del problema de raíz" que a su juicio es la "precarización laboral de los trabajadores del aeropuerto", que urge a "atajar".

Según Puente, el problema surge por "la precarización de las condiciones laborales de determinados trabajadores como consecuencia de unas privatizaciones que se han apoyado en el mejor postor, en la oferta más baja, en la oferta más temeraria". Esta situación ha desembocado, en su opinión, en una situación donde "quien paga" esas medidas son los trabajadores.

Puente admite que, además, "hay un problema en este momento de orden público en los aeropuertos" del que debe encargarse el Gobierno para "garantizar el orden público" y "decidir" las medidas a adoptar.